La ‘famiglia’ más corrupta del PP (y diez claves del juicio de Gürtel)

MADRID.- Casi ocho años después de la detención de sus principales cabecillas, la Audiencia Nacional arranca este martes, 4 de octubre, el macrojuicio oral a ‘la famiglia’ de Gürtel. En concreto, juzga la pieza principal centrada en los negocios de la primera época de esta trama (1999-2005), con Francisco Correa, el líder que se autodenominaba ‘Don Vito’, a la cabeza. Junto a él son juzgadas 36 personas más, entre ellas una decena de exaltos cargos populares, como su número dos, Pablo Crespo, o los extesoreros del partido Luis Bárcenas y Ángel Sanchís. También se sentarán en el banquillo el propio PP y la exministra Ana Mato, estos últimos como responsables civiles de haberse lucrado de la trama.

Correa afronta penas de hasta 125 años de cárcel sólo en esta pieza, porque en todas las causas de Gürtel las peticiones contra él superan los 300 años de prisión. La Fiscalía pide además que pague multas por valor de 60,3 millones de euros.

Francisco Correa intenta a última hora la negociación a cambio de colaborar con la Justicia para reducir las penas en todas las causas abiertas. Su estrategia colisiona con la de numerosos acusados –con Crespo a la cabeza- que buscan la nulidad de la causa.

Otros procesados esperan el resultado de estas negociaciones de Correa, porque planean sumarse en caso de que su líder alcance un pacto con la Fiscalía y las acusaciones populares para confesar, pagar los daños causados y colaborar con la Justicia.

Ahora bien, el tiempo transcurrido corre en contra del líder de Gürtel. Los 2,2 millones de euros que ofrece a pagar como fianza, forman parte de una cuenta millonaria que tiene embargada en Suiza en otra pieza del caso Gürtel. 

Correa ya intentó en 2015 llegar a un acuerdo con la Fiscalía, pero las presiones recibidas le hicieron recular, como reveló Público. Alrededor de los procesados se han producido maniobras para crear en estos años transcurridos una barrera de fuego, con la intención de evitar que salpiquen a más políticos y empresarios. Y en el PP consideran amortizado este escándalo de corrupción.

A diferencia de los narcos, que son los primeros en colaborar con el ministerio público, Correa siempre ha pensado que al callar conseguiría apoyos para librarse del banquillo. Pero no lo consiguió en el primer juicio celebrado esta primavera en Valencia (la pieza de los contratos en Fitur). 

Una clave de estas negociaciones estará en la postura que adopte Luis Bárcenas, el poderoso tesorero del PP quien podría decantar esta sentencia de conformidad en el caso de que se prestara a colaborar con la Justicia.

Pero la Fiscalía exige a todos que tiren para arriba en las diez piezas de Gürtel y no sólo en esta pieza, con el fin de procesar a todos los que se beneficiaron de esta red corrupta.

Luis Bárcenas afronta una petición fiscal de 42 años y medio de cárcel, acusado de esconder en Suiza 48,2 millones de euros y de apoderarse “como mínimo” de 299.650,61 euros de la caja b del PP que desvió a sus cuentas abiertas en España y el país helvético.

La contabilidad paralela del PP se nutría de “donativos” provenientes de “personas relacionadas con entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones”, según la Fiscalía.

La caja B popular la gestionaban Bárcenas y Álvaro Lapuerta, quien ha sido exonerado de este proceso por “demencia sobrevenida”. Si no fuera porque Lapuerta ha sido apartado, este juicio hubiera sentado en el banquillo a todos los tesoreros vivos que ha tenido el PP. Porque también está procesado el antecesor de Lapuerta, Ángel Sanchís, quien habría ayudado a Bárcenas a esconder dinero en Suiza.

Una de las incógnitas del proceso será si Lapuerta se convierte en una suerte de “refugio” de los acusados, un chivo expiatorio a quien atribuir los distintos delitos relacionados con la contabilidad paralela del PP, dada su incapacidad declarada por el Tribunal.

Las negociaciones con Fiscalía y acusaciones para alcanzar una sentencia de conformidad se concretará en el trámite de las cuestiones previas del 4 y 5 de octubre. Después arrancará el juicio, que se extenderá hasta 2017.

Francisco Correa creó una red de empresas de cabecera del PP que organizaba sus campañas electorales, viajes y actos varios al tiempo que alimentaba a los políticos de su red con comisiones de las subvenciones y contratos irregulares –inmobiliarios y de servicio- logrados de las administraciones autonómicas donde el PP tenía poder.

‘Don Vito’ tejió así su ‘famiglia’, término con el que definía a la red de empresarios y políticos que actuaban en connivencia con él, a la que sembraba con dinero extraído de las arcas públicas a partir de engordar los contratos, mientras creaba una red de facturas falsas para afrontar sobornos y desviar cuantías millonarias por diversos paraísos fiscales.

Su mano derecha era Pablo Crespo, exsecretario de Organización del PP gallego para quien la Fiscalía pide 85 años y 6 meses de cárcel. Otro miembro destacado de la ‘famiglia’ –Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’- afronta 5 años y dos meses de prisión, quien protesta porque se les acuse de tantos delitos: "Parece que me he cepillado las Torres Gemelas", dijo el pasado junio al recoger el auto de apertura de otro juicio, el de los contratos de Gürtel con motivo de la visita de Benedicto XVI a Valencia en 2006.

Otro ilustre procesado es el exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, considerado 'delfín' de Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando saltó el escándalo en 2009 y quien se queja de que le salió 'rana' (como otras 21 ranas más).

López Viejo afronta una petición de 46 años de prisión por haber concedido a la trama la organización de 386 actos entre 2004 y 2009. Incluso daba instrucciones a la ‘famiglia’ de Gúrtel sobre cómo facturar estos contratos, las cantidades para eludir controles administrativos -siempre menos de 12.000 euros- y a nombre de qué entidad pública. Las comisiones ascendieron a 448.870 euros.

El juez instructor Pablo Ruz cifró que la trama Gürtel logró adjudicaciones públicas irregulares por un total de 8,4 millones de euros. Además, Correa habría cobrado comisiones de 2,5 millones por conseguir contratos públicos a otros empresarios.

Ruz culminó una instrucción abierta en 2009 en el juzgado central de instrucción número 5 por Baltasar Garzón, quien fue condenado por autorizar escuchas a parte de estos acusados cuando despachaban con sus abogados en los locutorios de la cárcel.

El sumario ha sufrido numerosos giros desde entonces, que han provocado retraso tras retraso en la instrucción de la trama de corrupción: pasó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, luego al Tribunal Supremo para terminar desgajado en una decena de piezas separadas, entre Valencia y la Audiencia Nacional.

En el Tribunal Superior de Justicia de Valencia se abrieron seis piezas, hasta que los tres últimos diputados autonómicos aforados fueron excluidos de las listas del PP de las  elecciones generales de diciembre. Al desaparecer los aforados, las piezas regresaron a la Audiencia Nacional ya que es la competente en el caso de que afecte a distintos territorios. En el TSI de Valencia sólo se llegó a juzgar la de los contratos para la feria de Fitur (pieza 3).

En el banquillo se sientan además el propio Partido Popular y la exministra Ana Mato, como partícipes a título lucrativo. Esto es, por haberse beneficiado de los negocios de la trama.

Es la primera vez que un partido político se sienta en el banquillo, después de la reforma que introdujo el propio PP para incluir a las personas jurídicas y a los partidos como responsables penales (en la reforma del año 2012 del Código Penal).

En concreto, el PP se habría beneficiado de las campañas que la red sufragó para las elecciones de los municipios de Majadahonda (216.576 euros) y Pozuelo (111.864), ambos en Madrid.

La exministra Ana Mato –entonces casada con Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón, Madrid- se habría beneficiado de 28.468 euros en regalos, fiestas y viajes realizados por la red, según sostiene la Fiscalía.

En el juicio testificarán 300 personas, entre ellas numerosos altos cargos del PP. Las defensas no han conseguido que comparezca Mariano Rajoy, presidente del Gobierno en funciones.

Así, declarará como testigo la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, así como los exsecretarios generales del PP Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y Ángel Acebes, además del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y el exministro Jaime Mayor Oreja.

El tribunal juzgador está formado por los magistrados Ángel Hurtado - el ponente de la sentencia- y Julio de Diego, ambos de tendencia conservadora, así como José Ricardo de Prada, de tendencia progresista. Este último ha sido recusado por Crespo y varias defensas, pero todo apunta a que no será apartado del tribunal.

Los tres magistrados pertenecen a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargada de juzgar todas las piezas del caso Gürtel y donde han sido apartados los jueces Enrique López y Concepción Espejel por sus vínculos con el PP.

Los delitos por los que se juzgan a los 37 acusados abarcan la asociación ilícita, cohecho, malversación, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública, blanqueo o prevaricación, entre otros

ACUSACIÓN PÚBLICA: La ejercen las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás.

ACUSACIONES PARTICULARES: Las conforman la abogacía del Estado, la Comunidad de Madrid , el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Majadahonda, que se ha apresurado a aceptar la propuesta de Correa de aportar 2,2 millones euros que tiene decomisados en Suiza para reparar el daño causado a las distintas administraciones públicas en esta pieza.

ACUSACIÓN POPULAR: Es ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade); las exdiputadas socialistas de las Cortes Valencianas Carmen Ninet y Cristina Moreno Fernández, y los concejales socialistas de Boadilla del Monte (Madrid), uno de los epicentros de esta trama (Pablo Nieto, Fermín Íñigo, Yolanda Estrada y Josefa González).