Vitoria mantendrá las distinciones a alcaldes y obispos franquistas para evitar “una nueva inquisición”

Francisco Peralta fue uno de los tantos obispos que rezó por la dictadura franquista primero y por el alma del dictador Franco después. Luis Ibarra llegó a ser llamado “señor alcalde” no por elección popular ni voluntad divina, sino por obra y gracia del mismo régimen al que adoraba Peralta. Ambos ya fallecieron, pero Vitoria, la ciudad donde uno daba misas y el otro firmaba decretos, les rindió, rinde y rendirá homenaje. El ayuntamiento de la capital vasca, gobernado por PNV y PSE, se ampara en un informe para evitar la retirada de los honores que aún disfrutan.

“El Ayuntamiento ha comprado la tesis de edulcorar el franquismo, y eso, al fin y al cabo, es legitimar una dictadura”, dice un categórico Lander García, portavoz de la Plataforma Vasca Contra los Crímenes del Franquismo, un colectivo que busca limpiar las calles de Vitoria de todos aquellos símbolos y nombres que sigan honrando a la dictadura. No en vano, entre los componentes de esa plataforma se encuentra la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo de 1976, aquel fatídico día en el que la Policía Armada a cargo del ministro Manuel Fraga asesinó a cinco trabajadores e hirió a más de 150. Su delito: movilizarse por sus derechos.

La Masacre de Vitoria tuvo como epicentro la iglesia del barrio de Zaramaga. Peralta ejercía como obispo

La Masacre de Vitoria tuvo como epicentro la iglesia del barrio de Zaramaga. Peralta ejercía como obispo cuando los grises cargaron contra la población indefensa que se encontraba allí dentro. Llevaba en ese cargo desde 1955, y allí seguiría hasta 1978. Luego, ya superada la transición, ejerció responsabilidades eclesiásticas en otros lugares del Estado. “El 3 de marzo de 1976 no impidió que la Policía cometiera una masacre dentro del templo”, destacó García, quien recordó que por entonces “existía un acuerdo entre el Estado español y el Vaticano por el cual no se podían hacer esas intervenciones dentro de las iglesias”, dice García.

El nombre del religioso estuvo sobre la mesa del Grupo de Memoria que se creó en Vitoria en 2014 y que recién ahora, tras un parón de varios meses, parece encaminarse hacia la fase final. Lo que no está claro es de qué manera lo hará ni, principalmente, cuáles serán los respaldos que recibirán sus conclusiones. “Este grupo –recuerda García- se formó a raíz de un informe presentado por la Plataforma Vasca contra los Crímenes del Franquismo, con el objetivo de que se realizaran una serie de intervenciones en materia de memoria histórica”.

La comisión –en la que participaron todos los grupos políticos con representación municipal- había culminado sus trabajos en junio de 2016, pero sus conclusiones fueron aprobadas seis meses después, en un pleno celebrado el 31 de enero de 2017. En realidad, eso tampoco significó demasiado: tuvieron que pasar otros nueve meses para que el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran (PNV) anunciara finalmente cuáles serían los ingredientes del “Plan de Memoria Histórica” propuesto por el gobierno municipal.

“El Ayuntamiento ha comprado la tesis de edulcorar el franquismo, y eso, al fin y al cabo, es legitimar una dictadura”, dice Lander García

“El Ayuntamiento ha analizado y solicitado un informe técnico con el que razonar la retirada o no de medallas de la ciudad a diferentes personas”, explicó el Ejecutivo local en una nota de prensa. A continuación, señaló que ese documento “considera que no se justifica la retirada de la Medalla de la Ciudad” al obispo Peralta. También plantea mantener esa distinción al ex presidente de la Diputación de Araba en los inicios del franquismo, José María Díaz de Mendibil, y a Luis Ibarra Landete, quien ocupó el cargo de alcalde en 1957.

El informe en cuestión fue elaborado por la historiadora de la Universidad del País Vasco (UPV), Virginia López de Maturana. El ayuntamiento prefirió no dar más detalles sobre esas recomendaciones, mientras que desde la Plataforma Vasca contra los Crímenes del Franquismo denunciaron que en ese documento “se hace la gran trampa de decir que se trató de un periodo histórico y que no se puede borrar la historia”. “Aquí nadie está hablando de borrar la historia, sino de borrar los honores”, puntualizó García.

“Ni siquiera estaba en España”

En el caso de Peralta, la autora del documento defiende que “si bien como obispo de Vitoria ocupó un importante cargo durante la dictadura franquista, no era un cargo oficial ni tuvo que ver con la política ni con la represión de la dictadura posterior a la Guerra Civil”.

“Si se aplicara el mismo baremo –lo que podría dar lugar a una especie de nueva Inquisición-, considerándole parte de la dictadura, habría que hacer lo mismo con directivos de colegios profesionales, clubes deportivos, artistas que fueron premiados o becados durante esa época, profesores universitarios que tuvieron que jurar los Principios del Movimiento para ser catedráticos, funcionarios, etc.”, añade el documento. Sostiene además que Peralta “ni siquiera estaba en España” cuando se produjo el golpe de Estado.

“Aquí nadie está hablando de borrar la historia, sino de borrar los honores”, puntualizó García

Respecto a los casos de Díaz de Mendibil e Ibarra Landete, el estudio indica que no se pudo demostrar que los homenajeados participaran “en la represión posterior a la Guerra Civil, por lo que no se recomienda que se le revoque la Medalla de la Ciudad”, algo que recomienda modificar “en el caso de que en un futuro la documentación demostrara que de algún modo participó en ella”.

En esa línea, desde la Plataforma Vasca contra los Crímenes del Franquismo denunciaron que en ese documento “se hace la gran trampa de decir que se trató de un periodo histórico y que no se puede borrar la historia”. “Aquí nadie está hablando de borrar la historia, sino de borrar los honores”, puntualizó García.

En base a ese estudio, el gobierno municipal solamente procederá a retirar la medalla de honor que ostentaba el ex combatiente de la División Azul Faustino Ortiz de Zárate Beitia, al considerarse esa concesión como “claramente exaltadora de la dictadura”.

Calles intactas

Asimismo, se apuesta por mantener los nombres de calles que recuerdan a los obispos Carmelo Ballester (1943-1949) y José María Bueno Monreal (1950-1954), así como a los alcaldes José Lejarreta (1941-1944) y Pedro Orbea (1949-1951); al vicepresidente de la Diputación de Araba, Luis María Uriarte; y al gobernador militar y presidente de la Diputación entre 1936 y 1943, Vicente Abreu.

En todos estos casos, el Ayuntamiento propone “contextualizar” los nombres de esas vías públicas “con la colocación de placas informativas al inicio y final de cada calle”. “El texto para contextualizar esos espacios ha sido redactado por la doctora en historia Virginia López de Maturana, pero está a la espera de las aportaciones de los participantes del grupo de Memoria”, apuntó el consistorio.

El Ayuntamiento propone “contextualizar” los nombres de esas vías públicas “con la colocación de placas informativas

En ese contexto, la Plataforma Vasca Contra los Crímenes del Franquismo ha reclamado este martes que “si en lugar de la retirada y modificación de esas calles el gobierno municipal opta por colocar unas placas explicando el nombre de las mismas”, dichas explicaciones deberían incluir “datos de la represión franquista en Vitoria-Gasteiz durante el periodo en el que estas autoridades de la dictadura ostentaron sus cargos”. Entre otros aspectos, plantean citar el “número de multas, sanciones e inhabilitaciones ejecutadas”, así como “cuántas personas fueron detenidas, estaban en prisión o estaban siendo represaliadas como esclavos del franquismo en batallones de trabajo forzoso”, además del número de “asesinados por la represión franquista en esos años”.

La ruta del horror

El plan en cuestión también tendrá otro cometido: señalizar los “lugares de la memoria” que existen en esta ciudad. En tal sentido, el Ayuntamiento ha adelantado que se elaborará un recorrido por los sitios que formaron parte del horror franquista, entre los que se encuentran el muro del cementerio de Santa Isabel –donde fueron fusiladas decenas de personas-, la plaza de los Padres Carmelitas, la antigua cárcel de la calle La Paz y el colegio del Sagrado Corazón, lugares que funcionaron como centro de detención en aquellos terribles e impunes años.