En su visita a Madrid de la mano de Izquierda Unida hace casi un mes, Alexis Tsipras repitió en cada una de sus intervenciones públicas ─ con diferentes palabras pero con el mismo sentido ─ esta idea: 'La tragedia por la que pasa Europa no se alivia con aspirinas. Los países del sur están pasando por una enfermedad muy grave para la cual, desde hace cuatro años, se les receta la misma medicina. Una medicina que les está haciendo más daño'.

Por medicina ─ o aspirina, si se le quiere dar un guiño alemán al asunto ─ el líder de la coalición griega Syriza se refería a las políticas de austeridad impuestas por Bruselas y la Troika (Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comisión Europea), medidas que, tras reunirse con Cayo Lara y analizar la situación de España, aseguró que eran idénticas para ambos países y Portugal. 'Hablando con Cayo me doy cuenta de que nos están aplicando las mismas políticas [...] además, vemos que también nos cuentan los mismos cuentos, que hemos sido unos vagos y que los trabajadores han vivido por encima de sus posibilidades...', dijo. Cambiando los números, que son específicos para cada país, Tsipras tiene mucha razón en lo que dice.

'El año pasado fue aprobada y entró en vigor una amplia reforma del mercado laboral. El nuevo marco legal ha reducido las indemnizaciones por despido, aumentado la flexibilidad de la jornada laboral, ampliado el ámbito de la negociación a nivel de empresa y revisado el sistema de subsidios a los desempleados para incentivar una vuelta al mercado laboral más rápida [...] Más recientemente se ha remitido al Parlamento para su aprobación una nueva reducción de las indemnizaciones por despido'. Este análisis, aunque pueda sonar familiar, no se refiere a la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy, sino que forma parte de una de las revisiones de la aplicación del Memorando de Entendimiento que la Troika impuso a Portugal en 2011 a cambio del rescate.

En los últimos años hemos escuchado como nuestros políticos repetían frases del tipo España no es Grecia o España no es Portugal. La realidad es que en unos años, lo único que diferenciará a nuestros países será la bandera y el idioma porque los planes de ajuste, las reformas estructurales y los programas de estabilidad que llegan de Bruselas y la Troika están destinados a uniformizar, abaratar y empobrecer las estructuras de los estados periféricos. Al estilo de las políticas impuestas por el FMI en América Latina en los ochenta y noventa. Algo que, sin duda, facilitará mucho las cosas a las multinacionales de EEUU cuando firme el Tratado de libre Comercio que tanta publicidad ha empezado a recibir esta semana.

Los ejes principales de esa agenda para convertirnos, desde la visión neoliberal del asunto, en países más eficientes, se centran en el trabajo público y privado, en los sistemas de pensiones, en la sanidad, la educación, los programas de protección social, las privatizaciones y liberalizaciones y en el adelgazamiento de las administraciones centrales, regionales y locales.

Todas las reformas laborales aplicadas desde el inicio de la crisis en los países con exceso de déficit público se han centrado en reducir los costes para las empresas disminuyendo los salarios de los trabajadores y sus derechos ─ incluida la prestación por desempleo ─ y desplazando el papel de los sindicatos en aras de 'aumentar la competitividad'. En Grecia, la Troika, además de imponer que la negociación empresario ─ trabajador prevalezca sobre la colectiva, ha proyectado una disminución de los costes laborales del 15% entre 2012 y 2015. En el primer memorando, se exigía al Gobierno de Yorgos Papandreu aligerar las indemnizaciones por despido y facilitar los ERE, reducir la remuneración de las horas extra y establecer un salario un 16% por debajo del mínimo interprofesional a los nuevos contratos para jóvenes menores de 25 años, aumentar el periodo de prueba a un año o fomentar los contratos temporales y de media jornada. Hoy, el mínimo ya se ha reducido un 22%, un 30% para los más jóvenes.

La última medida adoptada por Portugal después de una profunda reforma de las relaciones laborales ha sido reducir las indemnizaciones por despido a 12 días por año trabajado.

Muchas de estas cosas, aunque parezcan generales, ya se aplican en España en mayor o menor medida. Y no hay que perder de vista otras que seguramente acabarán llegando. Por un lado, la insistencia del FMI y la Comisión Europea en 'seguir profundizando' en la reforma laboral apunta a abaratar aún más el despido. Por otro, las constantes llamadas a la introducción de un contrato único, a permitir las contrataciones por debajo del Salario Mínimo Interprofesional y a la adopción de los famosos minijob alemanes que, en la práctica, ya están en vigor gracias a la pomposa estrategia de emprendimiento juvenil del Gobierno.

Mientras, los trabajadores del sector público han sido demonizados en todo el sur de Europa. En España hemos visto cómo a los funcionarios se les ha congelado y reducido el sueldo y se les han eliminado las pagas extra. De un modo poco sutil se ha ido reduciendo el número de puestos de trabajo con la no sustitución de los jubilados y la no renovación de los contratos extinguidos. Las medidas han sido las mismas en Portugal tras el rescate, pero el ataque más feroz se ha producido en Grecia, donde la Troika, además de todo lo anterior, obligó a la eliminación de 150.000 puestos en cinco años aplicando la regla del 1 por 10, es decir, sólo se admite un contrato por cada diez despidos o jubilaciones. La reducción ha sido progresiva pero constante, con el envío de cupos de funcionarios a lo que se ha denominado como 'reserva' durante un año cobrando el 60% de su salario, antes del despido definitivo.

Los gobiernos y los acreedores tratan de transmitir que esto nos hace más fuertes y eficientes. La realidad es que los servicios públicos - ya sea en la sanidad, en la educación o en un Ministerio - cuentan con menos personal y menos recursos, lo que provoca que el supuesto ahorro no sea proporcional al déficit que produce en términos sociales. Supuesto ahorro porque, además, los estados no guardan ese dinero en una caja fuerte, lo utilizan para pagar los intereses de la deuda. Lo mismo que se hace con los recortes generalizados en las partidas de los presupuestos generales. En España este año dedicamos lo mismo para pagar esa rentabilidad de la deuda (38.590 millones de euros) que para todos los ministerios.

Las reformas en pensiones, algo que antes era un tema tabú, han contribuido al empobrecimiento de los ciudadanos del surEl empobrecimiento de la población del sur de Europa por los salarios o el desempleo, también aumenta por la intervención en los sistemas de pensiones. Como norma general, todos los países de la UE aceptaron aumentar la edad de jubilación desde 2010. La primera medida de la Troika en Grecia fue establecer que para 2015 los trabajadores griegos sólo podrían retirarse a partir de los 65 años y adelantó a 2013 esa edad para las funcionarias, impuso la revisión de acuerdo con la esperanza de vida y aumentó también para 2015 el número de años cotizados necesarios para percibir las pensiones, pasando de 37 a 40. Portugal pasó de los 65 a los 66 años en enero y en España, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, llegó a un acuerdo con los sindicatos para aumentar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años de manera progresiva hasta 2027. Ahora,  el Consejo Europeo de finales de junio ─ al que PP y PSOE se presentan con una posición conjunta ─ aprobará la recomendación de la Comisión Europea que pide a Rajoy aprobar antes de finales de año el informe elaborado por su comité de expertos.

Esto ha ido acompañado de una pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas. Ya sea por la congelación o el aumento del IRPF en el caso español, o por los recortes y la imposición de una 'tasa de solidaridad' en Portugal (a cada pensionista se le retira una parte 'hasta que acabe la crisis', según el primer ministro Pedro Passos Coelho). En Grecia, nuevamente, la situación es dramática. Para empezar a hablar del rescate, la Troika pidió la 'eliminación de las pagas de semana santa, verano y navidad a los pensionistas' con el objetivo de ahorrar 1.900 millones de euros en 2010; la 'reducción de las pensiones más altas', para otro ahorro de 500 millones de euros; 'congelar la indexación' por otros 100 millones de euros. Por último, estableció que la pensión representaría el 64% de la media de los sueldos de toda la vida laboral y no del 80% del último como hasta entonces.

En los tres últimos años, la recesión y el aumento de los intereses de la deuda no han hecho sino agravar la situación, que quedó perfectamente reflejada el pasado mes de abril en un informe del Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa, en el que pidió al Gobierno de Samarás  que diera 'marcha atrás'. Según el documento, las pensiones de hasta 1.000 euros para los prejubilados con menos de 55 años se han reducido el 40% desde 2011; las de los prejubilados mayores de 55 con pensiones superiores a 1.200 euros, un 20%; El hachazo a las segundas pensiones -las que se cobran por haber trabajado en el sector público y en el privado- fue, en un primer momento, del 20% y si aplicada esta reducción superaban los 500 euros, el recorte iba hasta el 50%; los prejubilados menores de 60 siguen sin cobrar las pagas extras. En algunos casos, los pensionistas han visto como su asignación se ha reducido hasta un 50%.

El ajuste fiscal va acompañado de un aumento de impuestos desenfrenado para compensar la menor recaudación a causa del desempleo. Tabaco, alcohol, carburantes, electricidad y gas son los productos más recurrentes pero el IVA ha sido la herramienta más útil. Y todo apunta a que en España las subidas no se han zanjado.

Passos Coelho ha sido el alumno aventajado de la Troika con las privatizaciones El mismo informe de la Comisión que recomienda que implementemos el factor de sostenibilidad de las pensiones pide al Gobierno 'explorar' los tipos impositivos más bajos. Rajoy ya ha dicho que no piensa subir el IVA y ha tratado de vender que 'explorar' no es lo mismo que aumentar. En cualquier caso, el Consejo del 27 y el 28 de junio también aprobará esa recomendación y como dice el presidente, él no hace lo que le gusta, sino 'lo que hay que hacer'.

 Las recetas de la Troika para aumentar los ingresos apuestan fuerte por las privatizaciones y las liberalizaciones. Passos Coelho está siendo un alumno aventajado en este aspecto y los inspectores de FMI, CE y BCE están encantados con sus progresos. Según la sexta revisión del Programa de Ajustes, Portugal ha privatizado o ha puesto en marcha ya la venta de la empresa de transportes CP Carga, la compañía aérea TAP, la gestora de los aeropuertos ANA, el servicios de Correos, una frecuencia de televisión y otra de radio de la RTP, así como la sociedad de aseguraciones CDG. 

En España, más allá de la sanidad y el transporte por ferrocarriles, pocas cosas nos quedan por vender después de que Aznar vendiera las joyas de la corona. Y para Grecia, la lentitud con la que están avanzando las privatizaciones es una de las mayores preocupaciones de los acreedores internacionales. El objetivo de Atenas es recaudar 11.000 millones de euros antes de 2016 por los 5.000 que tiene previstos Lisboa.

Con todo, el sector más afectado está siendo la sanidad pública y en Grecia la actuación de la Troika se puede calificar de barbaridad tanto por los números como por las consecuencias sociales derivadas de los recortes. En 2013, el número de hospitales públicos se ha reducido de 127 a 89 y se han eliminado cerca de 1.200 camas; entre 2011 y 2012 se jubilaron 1.453 médicos y 1.926 enfermeros y se han contratado 550; el copago sanitario 'para reducir abusos en la utilización de la atención sanitaria', según los hombres de negro, producirá 25 millones de euros en 2014. El presupuesto en sanidad, sólo entre 2010 y 2011, se redujo un 23,7%, mientras que la financiación a los hospitales cayó un 20% hasta 2012.

Al tiempo, con las reformas y los recortes se ha eliminado la asistencia sanitaria para los parados, se ha reducido el gasto en medicamentos hasta los 2.400 millones (400 menos que el año anterior), el impago a las compañías farmacéuticas provoca que estas hayan dejado de abastecer determinados principios no reemplazables por genéricos y que esté habiendo escasez de medicamentos, la seguridad social ya no cubre determinados tratamientos y análisis, por lo que los griegos tienen que pagar por ellos.

Y mientras se produce un trasvase de usuarios, los más ricos, al sector privado, varios informes aparecidos en el último año, pintan una situación grotesca. Un estudio del mes de abril del American Journal of Public Health, aseguraba que los casos de contagio del virus del sida entre drogodependientes pasaron de ser 15 en 2010 a 247 en 2011 por la reducción de un 30% del reparto de jeringuillas y preservativos en los centros de ayuda, y de que se han producido brotes de tuberculosis, malaria y de hasta fiebre del Nilo Occidental en algunas partes del país.

'La democracia en Grecia no va a ser la misma', 'el síntoma más grave es cuando el primer ministro dice que hace lo que hace porque se lo pide la Troika', 'España puede acabar siendo la nueva Grecia', repetía sin parar Tsipras en Madrid. Un aviso que no debería ignorarse.