El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado al exdirector general de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno en relación con la adjudicación de contratos del ente a empresas de la trama Gürtel durante la visita del papa a Valencia en julio de 2006.

Así lo ha acordado el magistrado en un auto notificado hoy en el que, además, imputa por estos hechos a otras seis personas, entre ellas al considerado cabecilla de la red, Francisco Correa; a su presunto número dos, Pablo Crespo; y al gestor de Orange Market Álvaro Pérez, "el Bigotes"; a los que interrogará el próximo 7 de mayo junto al también imputado Óscar Fragio Díaz.

Un día después ha citado al exdirector general de RTVV y a los también imputados Vicente Torró Casanova y Ana María Martínez Penades, así como a Miguel Torroja Fungairiño, que debe comparecer en calidad de testigo.

Ruz ha adoptado esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y mientras espera a que el Tribunal Supremo "dirima definitivamente" qué órgano judicial es competente para investigar los supuestos delitos de cohecho y prevaricación atribuidos a García Gimeno durante el V Encuentro Mundial de las Familias, celebrado entre el 7 y el 9 de julio de 2006.

Anticorrupción sostiene que los hechos consistirían básicamente en la "percepción reiterada de dádivas -en forma de prendas de vestir, vehículos y entrega de fondos en metálico- por parte de Pedro García procedentes del entorno de Francisco Correa" y vinculadas con la contratación irregular de RTVV con empresas de la trama Gürtel.

Los hechos se extienden al reparto de beneficios obtenidos de la adjudicación de la Radiotelevisión Valenciana a la constructora Teconsa de los trabajos para el suministro e instalación del equipamiento de sonorización durante la visita del papa.

Según el juez, a través de la subcontratación de servicios con Impacto Producciones, Apogee Telecomunicaciones y Sirius Show Equipment, así como de los gastos contabilizados para la ejecución del contrato y las facturas emitidas por Wild Electronics, Castaño Corporate y Free Consulting -un total de 1.242.690 euros-, Teconsa podría haber dejado de ingresar diversas cantidades a Hacienda.

Las cantidades presuntamente defraudadas al usar como pantalla esas empresas serían la cuota de IVA soportado de 198.830 euros y el Impuesto de Sociedades de 2006 por la deducción improcedente de las facturas emitidas por las anteriores mercantiles al no responder a la prestación de servicios reales, cifrado en 434.941 euros.

Por ello, el magistrado hace diversos requerimientos a las distintas empresas con las que Teconsa subcontrató los servicios y a las entidades financieras a través de las cuales se efectúan transferencias y pagos de esas facturas y donde las mercantiles disponen de cuentas.

Los hechos que se les imputan a los citados podrían ser constitutivos de un delito continuado de cohecho, un delito continuado de prevaricación, un delito de malversación de caudales públicos, un delito de blanqueo y varios delitos contra la Hacienda Pública.