La ciudadanía mantiene su compromiso con las ONG a pesar de la crisis

En tiempos de crisis, la ciudadanía mantiene el apoyo a las ONG, principalmente las de mayor solvencia, el nivel de ingresos y el destino de fondos privados hacia la cooperación internacional. Así lo ha revelado el informe El impacto de la crisis sobre el tejido social solidario en España, presentado este jueves por la Fundación Alternativas.

A pesar de esa confianza, el 59% de la población reconoce no saber el destino de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). De hecho, tan sólo un 2% admite tener conocimiento de dónde va a parar su dinero. Un dato "preocupante" para las autoras del estudio, Kattya Cascante y Érika Rodríguez. A su juicio, esto se debe a que la población no ha recibido una educación formal sobre esta materia, de la que la población dispone sólo de algunas interpretaciones propias.

Así, Cascante considera fundamental la integración de la Educación para el Desarrollo en la educación formal de los jóvenes españoles por las instituciones educativas. "Con la Ley Wert se eliminó la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que era la única posibilidad que los alumnos tenían de formarse sobre cooperación internacional para el desarrollo".

Si bien las ONG, según las autoras aseguran en su estudio, tampoco han invertido en la difusión de este conocimiento.

En cuanto a la implicación del Gobierno, las autoras denuncian la falta de incidencia política y critican que desde el Gobierno consideren los recortes en la política de ayuda como imprescindibles para mantener el Estado de Bienestar. Para Rodríguez, hay una "clara falta de interés del Gobierno por la cooperación y el desarrollo".

Según el Barómetro de Confianza de Edelman 2014, el Gobierno otorga un 20% a las ayudas a ONG frente al 59% que estos organismos obtienen de la sociedad civil.

La ayuda destinada a cooperación ha descendido un 22% desde 2012

Los Presupuestos Generales de 2014 destinados a cooperación han descendido en un 22% desde 2012 y cada vez es mayor el desajuste entre la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) presupuestada por las administraciones y la que es realmente ejecutada.

En este sentido, José Antonio Sanahuja, experto en cooperación, subraya los "efectos devastadores" de estos recortes y señala que la ley de cooperación para el desarrollo de 1998 establece la obligación del Estado de canalizar la cooperación con las ONG, por lo que estaría "contraviniendo el principio legal" si dejara que las organizaciones funcionaran sólo con sus recursos privados. Asimismo, sostiene que España no puede pretender promover la cohesión social cuando tiene uno de los mayores porcentajes de desigualdad.

Por su parte, Mayte Serrano, directora de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONDG), advierte de que no se puede reducir más la ayuda al desarrollo sin cambiar la ley.

Pero el informe también es crítico con las ONG. Las autoras consideran que su preocupación por la obtención de fondos (públicos o privados) se ha superpuesto, en ocasiones, a un debate más profundo sobre las causas de la desigualdad y la pobreza, al tiempo que no han establecido una prioridad correlativa.

"Muy pocas ONG llegan a los niveles de incidencia política que ejercen Greenpeace en su actividad para la defensa medioambiental o Amnistía Internacional, focalizada en la defensa de los derechos humanos, completamente autónomas en su financiación y actividad".

"No se puede achacar la crisis del tejido social sólo a los recortes, sino también a las ONG, que deben mejorar la base social para la cooperación", advierte Sanahuja, para quien estas organizaciones deben "repensar su papel en el desarrollo".