Sorpresa final en el festival Brava Madrid, celebrado este fin de semana en la capital, donde algunos asistentes que optaron por coger un autobús de la EMT de madrugada se quedaron en tierra. En tierra de nadie o, para ser más precisos, en Ifema, donde tuvo lugar un evento que ya había generado otra polémica.

El recorrido desde el recinto ferial hasta la plaza de Castilla es de unos ocho kilómetros, pero el billete del bus lanzadera costó entre ocho y diez euros, un precio disparatado, sobre todo si se tiene en cuenta que un tique sencillo de la empresa municipal de transportes cuesta 1,50 euros.

Incluso puede resultar más barato, pues el Metrobús, que ofrece diez viajes, cuesta actualmente solo 6,10 euros, gracias a un descuento temporal que permite efectuar un trayecto en bus por solo 0,61 euros hasta el 31 de diciembre. Al precio del bus lanzadera habría que sumar los gastos de gestión, por lo que finalmente ascendió a nueve u once euros.

Tras las protestas de los asistentes al festival, el Ayuntamiento de Madrid ha reconocido que Brava Madrid podía cobrar por usar el bus lanzadera, puesto que no se trataba de un refuerzo especial con motivo del evento, que correría a cargo de la EMT, sino de un servicio contratado por la promotora, que fijó el precio a su antojo.

Sin embargo, fuentes del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad lo consideran un "precio abusivo", por lo que han abierto un expediente informativo que analizará las repercusiones del cobro en el plan de movilidad, que podría haberse visto incumplido.

De hecho, los asistentes que no habían comprado previamente por internet los billetes, tuvieron que regresar en taxi, puesto que el metro ya había cerrado.

Bus lanzadera

El bus lanzadera estuvo operativo entre las 0.30 y las 3 horas del viernes 22 y entre la 1 y las 4 horas del sábado 23 de septiembre. Durante ese tiempo, para subir a los vehículos, los asistentes tenían que mostrar una pulsera que habían recibido previamente, tras mostrar el recibo de la compra realizada por internet, cuyo preció subió dos euros respecto a la tarifa inicial.

"La organizadora del evento contrató el servicio del autobús de la Empresa Municipal de Transportes y puede comercializar esos tiques", han informado las citadas fuentes, que aseguran que "es la primera vez que el Ayuntamiento de Madrid tiene constancia de un hecho así", informa Europa Press. No cabe duda de que, además del alto precio, muchos asistentes al festival podrían haber dado por hecho que el transporte era gratuito.

De hecho, el Ayuntamiento había informado de que se pondría en marcha un "servicio especial lanzadera gratuito [...] para facilitar el traslado de regreso de los asistentes al Festival Brava Madrid".

En ese sentido, el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad ha dejado claro que "con carácter generalizado, ante cualquier evento que incluya en su plan de movilidad servicios de autobús de la EMT autorizados por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, serán gratuitos para los usuarios".

Sin embargo, los organizadores de Brava Madrid han emitido un comunicado en el que señalan que contrataron el servicio de transporte a la EMT, previo pago de una "cantidad económica", por lo que no se trataba de "un servicio gratuito tal y como ha publicado la EMT en sus medios oficiales en lo que ha podido ser un fallo de comunicación". Sea como fuere, el precio de entre ocho y diez euros resulta, como señala el propio Ayuntamiento, "abusivo".

Polémica por la comida

La polémica del precio del bus lanzadera no ha sido la única protagonizada por Brava Madrid. Facua ha denunciado ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid a la empresa Madrid Salvaje AIE, promotora del festival, "por imponer la pulsera cashless como único método de pago durante el evento, solicitar a los asistentes datos de carácter protegido sobre su salud, e impedir el acceso con comidas y bebidas del exterior al recinto".

Además de recordar el derecho a introducir comidas y bebidas del exterior, la organización en defensa de los consumidores criticó que el festival pidiese a las personas con necesidades alimenticias especiales que acreditasen "su condición con un certificado médico y documentación que le identifique".

A su juicio, es "una cláusula abusiva para los consumidores, en tanto que se están solicitando datos de carácter personal y especialmente protegidos", por lo que han presentado una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos.

El sistema 'cashless'

Respecto a la imposición del sistema cashless, Facua estima que no se permitió el pago en efectivo, lo que vulnera la ley. Además, cuestiona el pago electrónico porque los usuarios que reclamen el dinero no gastado tienen que pagar tres euros por "supuestos" gastos de gestión y hacerlo en un plazo de siete días.

"La imposición de tal plazo conllevaría que el empresario se apropiara de las cantidades abonadas si el consumidor no lo solicita en el breve plazo que esta ha impuesto", denuncia Facua.

"Una práctica no consentida expresamente por el consumidor, que atenta a la buena fe, al imponerse un plazo excesivamente breve en un flagrante desequilibrio contractual, toda vez que si no actúa en el indicado plazo el empresario obtendría un enriquecimiento injusto al apropiarse de una cantidad íntegra de un servicio que finalmente no se presta", explica la organización en un comunicado.

Del Brava Madrid al Mad Cool, un reguero de polémicas

Facua también considera que tener que pagar 20 euros por realizar un cambio de nombre en las entradas, fuera de un plazo establecido, es una cláusula abusiva. "Cobran así por un servicio no prestado", por lo que también lo han denunciado ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid.

Por ello, Facua insta a Consumo "a investigar estos hechos denunciados y a abrir expediente para sancionar las posibles infracciones que la promotora del festival Brava Madrid pueda cometer en la celebración del evento".

Sin embargo, no se trata de un caso aislado. Otros festivales ya han sido denunciados por usuarios y organizaciones de consumidores por prohibir el acceso a comida y bebida del exterior, caso del Mad Cool, que acaba de ser sancionado con 22.001 euros por superar 19 veces los límites sonoros, una cifra considerada ridícula por los vecinos afectados. Tampoco se han librado de las críticas empresas de transporte como Uber por inflar sus precios cuando regresar a casa es una odisea.