La llegada de PP y Vox a Ayuntamientos y Gobiernos autonómicos pusieron al sector de la cultura en el foco debido a los numerosos casos de vetos y censura. La suspensión de la obra Orlando de Virginia Woolf, por parte de la Concejalía de Cultura de Valdemorillo (Madrid) ahora bajo manos de Vox o la cancelación por parte del PP de la obra de Lydia Cacho en Toledo por cuestiones ideológicas son solo ejemplos que materializan estos ataques a la libertad de expresión.

Estas prohibiciones se suman a la situación de precariedad en el sector, la paralización del Estatuto del Artista o la desigualdad de género. Por ello, la Mesa Sectorial de Arte Contemporáneo Español (MSAC), creada desde el 2015 y formada por seis asociaciones del ámbito estatal y profesionales del sector, presentó el pasado jueves en el Museo Reina Sofía un decálogo con diez puntos para impulsar el desarrollo cultural.

Ante la censura, la MSAC defiende que se está "coartando la libertad de creación porque están dirigiendo los proyectos artísticos al discurso y la narrativa que ellos quieren". En las medidas presentadas también recalcan la importancia de incrementar el apoyo político a la cultura o de defender el arte como un "bien público", con el objetivo de "volver a reclamar una gestión honesta y profesional en la organización de las artes".

Preocupación por los cambios en instituciones culturales

Entre las diez medidas propuestas, destaca la obligatoriedad de elegir las direcciones de museos y centros de arte mediante concurso público, por un comité de selección paritario compuesto por profesionales del sector, y la presentación de un proyecto, según el Documento de Buenas Prácticas en Museos y Centros de Arte.

Esta medida cobra importancia por las prohibiciones culturales por parte de gobiernos de PP y la ultraderecha, a los que la MSAC califica como "preocupantes". Sin embargo, "la censura lo es todo —no solo es prohibir una obra o silenciar a un autor—. Censura también es quitar a alguien de su puesto sin justificación, también es no destinar presupuestos y que no se puedan desarrollar cierto tipo de proyectos...", según afirma a Público María José Magaña, gestora cultural y presidenta de la asociación Mujeres en las Artes Visuales.

Se refiere a situaciones como la del pasado 31 de octubre, cuando la Junta de Andalucía, en manos del Partido Popular, despidió de forma fulminante a Juan Antonio Álvarez Reyes, el director de la Comisión Técnica del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), quien tuvo que abandonar su despacho en apenas unas horas. Los miembros de la CAAC presentaron su dimisión en bloque como forma de protesta por el despido "injusto" y por la sustitución a dedo, incumpliendo así el Documento de Buenas Prácticas.

También reciente es el caso de José Luis Pérez Pont, gerente del Consorcio de Museos de València que fue destituido por Vox el pasado martes 21 de noviembre, que provocó que el mundo de la cultura valenciana se movilizara. No fue el único cese en el territorio, que ya había sufrido el despido de tres directores adjuntos del Institut Valencià de Cultura (IVC).

Pont llevaba asumiendo la dirección del Consorcio desde 2016, tras ganar un concurso público, y su contrato fue renovado en 2021 por lo que estaba vigente, aún, hasta 2026. 

La injerencia política y la precarización del arte

Alberto González Pulido, coordinador general de la Unión de Artistas Contemporáneos de España, y jurista especializado en libertad de expresión y creativa, habla con Público sobre la relación entre la censura y la precariedad de los artistas, que califica de "negativa", sobre todo en el último año.

Sin embargo, señala que la repercusión de estos casos ha "puesto el foco en el problema". Además, añade que hay censura y autocensura: "Si no hay un Estatuto, no hay normativas, no hay garantías legales básicas para garantizar los derechos de los artistas... los artistas se someten a lo que el político de turno les dicte".

En cuanto a la precariedad, afirma que "hay muchos artistas que ni siquiera acaban hablando de lo que realmente quieren, sino dirigiendo sus proyectos para conseguir fondos". Algo que afecta a la libertad de expresión y creación.

Una precarización que incide en un sector en el que solo un 15% de los artistas puedan vivir exclusivamente del arte, según el estudio La Actividad Económica de los/las artistas en España publicado en 2017 por Marta Pérez Ibáñez e Isidro López-Aparicio, especialistas en arte contemporáneo.

Por otro lado, si para todos los artistas es difícil vivir del arte, para una mujer lo es aún más. Según el Estudio sobre desigualdad de género en el sistema del arte en España, realizado en 2020, de nuevo, por Marta Pérez Ibáñez, las mujeres ocupan solo el 27% de los catálogos de las galerías, el precio de sus obras es menor y, por tanto, cotizan menos.

"La situación precaria especialmente acuciante que sufren los artistas empeora en el caso de las mujeres", quienes muestran mayor dificultad para ser independientes económicamente dedicándose en exclusiva al arte, según la investigadora. Por tanto, la MSAC reclama poner fin a la desigualdad de género en el sector, mediante "la fijación de plazos, la aplicación de índices de evaluación y el establecimiento de métodos de rectificación" para lograr la visibilidad de las mujeres y que tengan realmente igualdad de oportunidades.

Solicitan más apoyo político al mundo del arte

"De una manera sistemática, por parte de todo el estado español, hay una falta de políticas, una falta de apoyo, una falta de planificación sobre el arte contemporáneo...", recordó Isidro López, representante de la Unión de Artistas Contemporáneos de España, en la presentación del decálogo en el Reina Sofía. López defiende que los hechos ocurridos en los últimos tiempos "ningunean todo el trabajo que el arte contemporáneo lleva haciendo durante años".

La Mesa Sectorial defiende que el arte contemporáneo debe ser considerado "un bien público", ya que es "una herramienta imprescindible para ver el mundo desde un punto de vista más crítico". Es algo "tan necesario como la sanidad o la educación", y ayuda a tener una sociedad más diversa e igualitaria y una convivencia más democrática.

La propuesta de la MSAC pasa precisamente por crear un Estatuto del Artista con normativas claras para que pueda existir una independencia profesional que acabe con la injerencia política. Según afirma González Pulido, el Gobierno debe garantizar "que el artista pueda realizar su profesión de forma libre y autónoma, no de forma codependiente". El Estado debe acompañar y garantizar que el artista pueda desarrollar su actividad independientemente del partido que gobierne, "como pasa con cualquier otra profesión".

Desde el Estado, debe haber una mayor sensibilidad por las condiciones del artista, algo que, según González Pulido, puede que empiece a suceder con el Ministerio de Cultura en manos de Sumar. La normativa europea también puede impulsar un cambio en la situación del arte en España, explica el jurista, ya que "si hacen cambios a nivel legislativos, tendrían que aplicarse aquí".

También se defiende que se deben respetar y mejorar los presupuestos nacionales, autonómicos y locales dedicados a la cultura y al arte contemporáneo, pues según los defensores de los artistas, "no corresponden al grado de riqueza que aporta el sector tanto en relación con el capital cultural como en beneficios económicos". 

Se propone, asimismo, que el Estado apruebe una reducción del IVA, llegando a un acuerdo entre los Ministerios de Cultura y Hacienda para terminar con la discriminación que el arte español sufre respeto a otros ámbitos culturales; la existencia en el Ministerio de Cultura de un secretariado específico de arte contemporáneo que pueda tener una interlocución "directa, especializada y estable" con el sector y, por último, crear comisiones en los ámbitos estatales y regionales para la vigilancia del Código de Buenas Prácticas.