Andreu exculpa al exjefe de la Casa del Rey y a otros once directivos por las tarjetas black

MADRID.- El juez central de instrucción 4, Fernando Andreu, ha dictado un auto por el que acuerda el sobreseimiento provisional del delito de apropiación indebida para Rafael Spottorno, ex jefe de la casa real, y otros once ex directivos de Caja Madrid al considerar que el dinero que gastaron con las tarjetas black opacas al fisco formaban parte de sus retribuciones.

El juez considera que los responsables del delito de apropiación indebida o de administración desleal son quienes tomaron la decisión de emitir estas tarjetas opacas al fisco. Pero no quienes las usaron como empleados. No obstante, los mantiene en la causa como posibles responsables civiles subsidiarios en el delito de administración desleal en el que incurrieron los otros altos cargos de Caja Madrid y que eran miembros del Consejo de Administración y del Comité de Control de la entidad que fue rescatada con dinero público.

Estos doce exdirectivos para quienes se archiva la causa gastaron en total 3,4 millones de euros a través de estas tarjetas opacas al fisco.

Los doce miembros de la cúpula de Caja Madrid exculpados ahora por el juez gastaron 3,4 millones con las tarjetas black

En un auto dictado este martes, el magistrado resuelve que los doce exdirectivos han declarado “de forma invariable, uniforme y consistente que la tarjeta de crédito les era entregada como uno de los conceptos que formaban parte de su retribución; y que estas tarjetas de directivos eran asignadas directamente” por Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid.

Los exdirectivos son Matías Amat Roca, entonces director general y director financiero de Caja Madrid (389.025 euros en gastos de tarjeta black); Enrique de la Torre Martínez, secretario general de Caja Madrid (320.742 euros); Ramón Ferraz Ricarte, director general de Banca Comercial (397.860 euros en gasto de tarjeta black); Carmen Contreras Gómez, directora de Auditoría Interna (266.986 euros); Mariano Pérez Claver, Director de Banca Comercial y consejero delegado de la Corporación (379.513 euros); Rafael Spottorno Gómez, director gerente de la Fundación Caja Madrid, quien gastó 223.864 euros; Ramón Martínez Vilches, director de Riesgos (91.158); Ricardo Morado Iglesias, director de Sistemas y Organización (448.318 euros en gasto de tarjeta); Luis Gabarda Duran, director del Gabinete del presidente y director de gestión de activos de la entidad (139.707 euros); Carlos Vela García, director de Banca de Negocios (249.202); Juan Manuel Astorqui Portera, director de Comunicación de Caja Madrid (292.993 euros), así como Carlos María Martínez Martínez, director gerente de la Obra Social (276.000 euros).

En su auto el juez distingue entre dos tipos de directivos: los miembros del Consejo de Administración y del Comité de Control y los que ahora han visto archivada la causa penal contra ellos al mantener una relación estrictamente laboral como empleados por cuenta ajena de Caja Madrid.

Los directivos exculpados disponían también de otra tarjeta que la entidad les había facilitado como " tarjeta de empresa"

Después de las diligencias practicadas el juez considera acreditado que en el caso de estos directivos las tarjetas tenían un concepto retributivo y por ello de libre disposición para el usuario, cuyos límites fijaba Presidencia.

Entre otras razones, porque todos ellos disponían también de otra tarjeta que la entidad les había facilitado como " tarjeta de empresa". Y esta tarjeta de empresa debían destinarla a los gastos generados en el ejercicio de su cargo. A diferencia de las tarjetas de empresa, a las otras, investigadas por el juez, se les asignaba un pin o clave de forma que era posible extraer dinero del cajero, " lo que resulta razonable si conceptuamos el uso de la tarjeta como una parte del paquete retributivo".

El juez recuerda que la limitación en materia retributiva de la ley de Cajas de Ahorro está marcada para los consejeros, pero no se podría aplicar a las retribuciones que pudieran recibir los directivos de la entidad, por lo que "ni cualitativa no cuantitativamente el pago de parte de sus retribuciones por esta vía puede considerarse irregular".

Ahora bien, el juez estima que no puede obviarse que este tipo de tarjetas, por su concepción, funcionamiento, entrega y ocultación a los órganos de control, (tanto de la propia entidad como a la Hacienda Pública) pueden indicar la comisión de un delito de administración desleal por parte de quienes fueron los administradores de Caja Madrid, en tanto que las mencionadas tarjetas "se otorgaban fuera del circuito ordinario de otorgamiento de tarjetas de empresa de la entidad, la designación de sus beneficiarios y el limite cuantitativo se otorgaba con una discrecionalidad impropia de una entidad como la que nos ocupa, por el presidente de la misma, sin soporte contractual alguno y sin que las cantidades percibidas en este concepto fueran declaradas a la Hacienda Pública". El juez valora la responsabilidad y experiencia de los imputados para concluir que no les debía pasar desapercibidas todas estas " particularidades".

El juez considera que los doce exdirectivos no han tenido una conducta de relevancia penal, pero los mantiene en la causa como responsables civiles a título lucrativo (artículo 122 del Código Penal). Este artículo contempla la restitución de lo percibido, en el caso de que se declare de manera definitiva que la emisión, puesta en funcionamiento y gastos generados por el uso de estas tarjetas fuera constitutivo del delito de administración desleal.

Andreu recuerda en su auto que el responsable a título lucrativo se aprovecha de los efectos de un delito, como es el caso, según el juez, de estos 12 ex directivos para los que se sobresee la causa.

El juez imputó en enero pasado a 78 titulares de unas tarjetas con las que los altos cargos gastaron entre 2003 y 2012 unos 15 millones de euros en una entidad que luego se fusionó con otras cajas para convertirse en Bankia y que terminó siendo rescatada por el Estado. Hace unas semanas, sobreseyó la causa contra otros 14 imputados al haber prescrito los hechos. 

Entre las 55 personas que aún permanecen imputadas por unas tarjetas concedidas al margen de los estatutos, sin justificaciones y sin tributación, están los expresidentes de Caja Madrid y Bankia Rodrigo Rato y Miguel Blesa.