MADRID.-  Como es habitual cuando se acerca el fin de año, en las próximas semanas seremos bombardeados con innumerables ofertas de planes de pensiones. La razón es muy sencilla: se trata de una de las pocas inversiones que todavía se pueden desgravar en la declaración del IRPF, siempre que se formalice antes del 31 de diciembre. En 2016, además, la campaña viene precedida por su mejor aliado posible: las voces que advierten de las crecientes dificultades del sistema público para autofinanciarse.

A ese coro se están uniendo no sólo la mayoría de los partidos políticos, que han planteado la imperiosa necesidad de abrir un debate a fondo sobre la materia; sino también asociaciones y gestoras con interés directo en ello, muy vinculadas a la banca. Desde hace escasas semanas, la presencia de sus representantes en todo tipo de foros se ha redoblado, y sus opiniones han sido amplificadas por los medios de comunicación, para los que la publicidad de los planes de pensiones supone una vía de ingresos nada desdeñable.

El mensaje en el que más suelen insistir es que el actual modelo público no se sostiene y, por tanto, está condenado a introducir recortes que mermarán el poder adquisitivo de los pensionistas, comparado con el que disfrutan mientras permanecen en activo. Eso haría más aconsejable que nunca suscribir cuanto antes un plan privado, de modo que el paso a la jubilación no sea demasiado traumático desde el punto de vista estrictamente económico.

Lo que en raras ocasiones abordan los representantes de las asociaciones y gestoras es a qué obedece el desequilibrio en las cuentas de la Seguridad Social, o las ventajas reales que los planes de pensiones ofrecen hoy en España. Sobre lo primero, cada vez está más extendido el consenso en torno a que el sistema no tiene un problema de gastos, sino de ingresos, que obedece a la persistencia de una alta tasa de paro, a la pésima calidad del nuevo empleo, a la caída de los salarios y a las bonificaciones empresariales.

Este conjunto de circunstancias conlleva que la recaudación por cuotas crezca a un ritmo más lento que el coste de las prestaciones, lo que pone en serio peligro el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Para hacerles frente, el Gobierno de Mariano Rajoy ha tenido que recurrir constantemente al Fondo de Reserva desde que llegó a la Moncloa. La hucha de las pensiones, que es como se conoce popularmente al fondo, guardaba en 2011 casi 67.000 millones de euros; sin embargo, ahora, no llega a los 25.000 millones.

La rentabilidad de los planes de pensiones  ha caído en la primera mitad del año un 0,67% por término medio

Por lo que se refiere a las ventajas reales de los planes privados, nunca se destaca la nula rentabilidad que tienen de un tiempo a esta parte, debido a la caída de los tipos de interés y a que soportan altas comisiones (hasta el 1,5%). Según datos del sector, entre enero y junio de este año, los suscriptores perdieron un 0,67% por término medio y un 0,91% en el caso de los que invierten en renta fija, que son casi dos de cada tres.

Con semejantes datos, nada tiene de particular que el dinero metido en todos los planes de pensiones (de empleo, individuales y asociados) haya descendido un 1,54% entre enero y junio de 2016, hasta situarse en los 103.000 millones. Esta cantidad es inferior al 10% del PIB, claramente por debajo del 34% de media europea. Si se toma sólo el grupo con más partícipes, el de los planes individuales, resulta que su dotación no llega al 5% de todo el ahorro privado neto.

Según los expertos, la explicación a este escaso éxito estriba en que la tasa de sustitución (porcentaje que la pensión representa sobre el último sueldo cobrado en activo) supera todavía en España el 80%, mientras que en los países de nuestro entorno está alrededor del 40%. Lo que no suele decirse es que los niveles salariales son también inferiores aquí y, por lo tanto, hay que hacer un mayor esfuerzo para efectuar las aportaciones que permitan una mejora significativa de la renta disponible cuando llegue la jubilación.

A todo ello hay que añadir los graves problemas que soporta uno de los países utilizados frecuentemente en España como referente del sistema público-privado de pensiones: Chile, que lo introdujo durante la dictadura de Pinochet. Los chilenos que optaron por las pensiones privadas cobran hoy una media de 270 euros al mes, menos incluso que el salario mínimo (346 euros). Pese a las promesas iniciales de que la tasa de sustitución sería del 100%, la realidad es que a duras penas llega al 20%, lo que ha causado protestas sociales de las que no suelen ocuparse los medios en España.