Luz de alarma en el RETA, el Régimen Especial del Trabajo Autónomo: la merma de los ingresos por las tarifas planas y los síntomas de gripado en la burbuja del emprendimiento que comenzó a hincharse con los brotes verdes están lastrando un sistema cuyos requerimientos económicos siguen aumentando cada año.

Los Presupuestos Generales del Estado que estos días tramita el Congreso contemplan para este año una reducción de los ingresos por cotizaciones: 11.441 millones de euros que suponen un descenso de 164 (1,4%) frente a los 11.605 generados en 2017.

Eso, teniendo en cuenta que esas mismas cuentas estatales prevén una subida de las cotizaciones simultánea con un aumento del número de trabajadores por cuenta propia, revela en realidad una previsión de relevo masivo de veteranos que se jubilen o que salgan del sistema por otros motivos por nuevos cotizantes acogidos a las tarifas planas de 50 euros.

El número de autónomos afiliados a la Seguridad Social había mantenido en los últimos cinco años una sostenida tendencia al alza, desde los 3.046.830 de 2012 a los 3.231.279 de 2017, aunque el incremento lleva ya cuatro años reduciéndose: el avance de 76.426 de 2014 bajaba a 37.518 al año siguiente para descender a 32.847 en 2016 y desplomarse a 7.993 un año después.

Esa progresión cuestiona los efectos reales de la tarifa plana, que comenzó a aplicarse en 2014 y que cada año, al carecer de factores progresivos, resta más de 1.400 millones a las arcas de la Seguridad Social. Su aplicación coincide también con el repunte de los falsos autónomos, que se sitúan por encima de los 335.000.
A pesar de ello, la extensión de las tarifas planas fue una de las principales medidas de la Ley de Medidas Urgentes del Trabajo Autónomo.

Un desfase de 7.800 millones y un agujero de 5.000

Paralelamente, el proyecto de Presupuestos del Estado contempla un gasto de 19.233 millones de euros en prestaciones vinculadas al RETA, el grueso de ellas, 12.958, por pensiones, cuya consignación ha aumentado en 1.008 millones de euros en los últimos cuatro años.

Eso sitúa en 1.517 millones de euros el desfase entre cotizaciones y pensiones y en 7.822 el de las aportaciones mensuales con el conjunto de las prestaciones, paliado en parte por los 133 del cese de actividad o paro de los autónomos, los 2.293 directamente aportados por el Estado y los 104 consignados como “otros ingresos”.

Eso hace un total de 14.211 que reduce el descuadre a 5.022 millones de euros, que es el déficit previsto para el año que viene en el RETA, y que viene a suponer un paso más en la tendencia al colapso de este régimen pese al aumento de sus integrantes y de la escasa cuantía de las prestaciones que ofrece.

“Necesitamos aumentar la recaudación”

“Necesitamos aumentar la recaudación del Reta, un sistema que queremos que perdure en el tiempo porque es el mejor sistema de protección para los autónomos de toda Europa”, señala Eduardo Abad, secretario general de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), que defiende dos vías para mejorar los ingresos.

Una consiste en aplicar un sistema de tramos que permita aflorar una parte de la economía sumergida mediante bajas cotizaciones y prestaciones, por una parte, y que, por otra, eleve las aportaciones de los autónomos que ingresan más de 40.000 euros netos al cabo del año, lo que elevaría las aportaciones en 25 y 110 millones mensuales (1.620 anuales) para cada uno de los grupos.

La otra pretende equiparar mediante incentivos fiscales las aportaciones al RETA con las que se realizan a los fondos de pensiones privados.

Derivar los planes de pensiones al sistema público

Un estudio de Unespa, la patronal de las aseguradoras, estima que el 40% de los autónomos, casi 1,3 millones de ellos, tiene un plan de pensiones privado al que realiza una aportación media de en torno a 1.500 euros. Supone destinar al ahorro casi 2.000 millones de euros cada año.

“Se trata de que el dinero que ahora va a planes privados vaya al sistema público y esté garantizado por el Estado”, señala Abad, cuya organización defiende aplicar incentivos vía IRPF para que esos fondos cambien de destino.

La suma de esos 125 euros mensuales a la cuota mínima de 275, por otro lado, permitirían elevar las bases de cotización de esos autónomos de 919 a 1.338 euros mensuales, lo cual, al mismo tiempo, situaría la futura pensión en el entorno de los 900 euros frente a los 718 actuales.

En cualquier caso, Abad defiende que las modificaciones del sistema de cotización y previsión social de los autónomos deben acordarse en la subcomisión del Congreso que estudia la situación del RETA.

“No puede ser que dos partidos como el PP y Ciudadanos incluyan reformas a través de los Presupuestos del Estado y que otro como Podemos presente su propia proposición de ley”, señala. “Las reformas tienen que salir del consenso, y este tiene un foro en la subcomisión”, añade.