La ley más ambiciosa que ha existido nunca en Catalunya para luchar contra la pobreza energética y la emergencia habitacional vuelve a estar plenamente vigente. La razón es que el Tribunal Constitucional (TC) ha archivado definitivamente el recurso contra la normativa que presentó el Gobierno español durante la presidencia de Mariano Rajoy. La sentencia, que se produjo el 31 de enero pero trascendió el lunes, llega tras la decisión del Gobierno de Sánchez de retirar el recurso de su antecesor. ¿Y qué supone el cambio? Básicamente que dos artículos claves de la ley pasan a tener validez. Son el número 5, que prohíbe a los grandes tenedores de vivienda desahuciar a las familias en situación vulnerable que no pueden pagar la hipoteca o el alquiler; y el número 7, que obliga a los bancos a ceder durante tres años sus pisos vacíos a los ayuntamientos para aumentar la bolsa de vivienda social.

Las entidades promotoras de la ley -la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza por la Pobreza Energética (APE) y el Observatorio DESC- han celebrado el anuncio: "Recuperamos así herramientas tan imprescindibles y demostradamente efectivas como la obligación de hacer una oferta de alquiler social por parte de grandes tenedores", dicen en un comunicado. Recuerdan que las mesas de emergencia que gestionan los casos más vulnerables necesitan "con urgencia" este tipo de medidas para ofrecer una vivienda a aquellos que se encuentran "en situación de exclusión residencial".

Lo explica Irene Escorihuela, directora del Observatorio DESC: "Esta medida va a quitarle trabajo a los ayuntamientos, ya que no tendrán que realojar a gente sino que serán los grandes propietarios los que tendrán que asumir esta responsabilidad, parando desahucios y ofreciendo alquileres sociales", explica. Escorihuela denuncia el largo tiempo que se ha tomado el TC para hacer efectiva una decisión que el Gobierno tomó en noviembre. Según dice, la espera posterior ha dependido exclusivamente de los tribunales: "No entendemos por qué se ha tardado tanto si la decisión política ya estaba tomada". Aunque los artículos 5 y 7 ya no son objeto del recurso y, por lo tanto, son legales, el TC sí que ha suspendido los primeros artículos de la ley, que seguían pendientes de la suspensión.

Con la legislación en la mano, las entidades piden ahora que se paren todos los desahucios que afecten a aquellas personas sin alternativas habitacionales. Así mismo, piden a la Generalitat que se activen inmediatamente los mecanismos necesarios para que los grandes tenedores cedan las viviendas vacías: "La falta de vivienda ya no puede ser una excusa", dicen.

También interpelan a los ayuntamientos y les piden que inicien los contactos necesarios con el poder judicial para identificar los pisos vacíos, así como para aplicar las sanciones a aquellas entidades que no cumplan con la ley por cortes en los suministros básicos a familias vulnerables o no ofrecer alquiler social en peligro de desahucio. Tal como recuerda Escorihuela, la ley estuvo vigente durante nueve meses antes del recurso: "Nos costó que se aplicara realmente. Hicieron falta muchas formaciones y charlas. Se debe supervisar el cumplimiento de la ley y se deben poner recursos públicos".

Una de tantas leyes suspendidas por el PP

La impugnación de la Ley 24/2015 formaba parte de la acción judicial del PP en contra de un paquete de leyes catalanas aprobadas durante los años más agitados del procés. Entre ellas, no solo había aquellas que hacían referencia a la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017, sino también una larga lista de iniciativas de contenido social ampliamente aceptadas por la ciudadanía, como la ley contra el calentamiento climático o la de igualdad de género, entre otras.

Los populares llevaron al Constitucional esta medida en mayo de 2016, a pesar de que el mismo PP catalán la apoyó en el Parlament. En ese momento, las entidades consiguieron un compromiso firmado por parte del grupo socialista en el Congreso con el que se comprometían a revocar el recurso en caso de que llegaran al poder, hecho que ha facilitado la negociación posterior. A finales de 2018, las entidades convocaron diversas protestas para pedir la recuperación de la ley con el apoyo de diversos ayuntamientos de diferente signo y otras muchas entidades del mundo municipal, como la Asociación Catalana de Municipios (ACM); el independentismo, como l'ANC o Òmnium Cultural; sindicatos tales como CCOO y la UGT y otras organizaciones de carácter social. 

El gobierno de Pedro Sánchez anunció la retirada del recurso en el marco de las negociaciones entre el Estado y la Generalitat. Así lo anunció la ministra de Política Territorial Meritxell Batet después de firmar un acuerdo con la Generalitat, que también fue celebrado por el entonces conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Ernest Maragall, actual alcaldable de ERC por Barcelona. Quien también celebró la marcha atrás del ejecutivo español fue la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien siempre se ha mostrado favorable a la medida.