La Seguridad Social tiene números rojos en 15 de las 17 comunidades autónomas españolas: solo en Baleares y en Madrid obtiene superávit al cabo del año, según revela la Distribución Geográfica de los gastos e ingresos del propio organismo.

Esos resultados positivos, de 313 millones en el primer caso y de 483 en el segundo al cierre del año pasado, tienen, por otra parte, un escaso impacto dentro de un presupuesto global de 134.607 millones de euros.

El informe pone sobre la mesa el desajuste de las cuentas en la cornisa cantábrica, cuyas cuatro comunidades coinciden con Castilla y León en ser las únicas del país en las que los ingresos por cotizaciones que se dan en ellas ni siquiera alcanzan para pagar la factura anual de las pensiones: en el caso de Asturias, con un desfase de 1.038 millones de euros el año pasado, sin incluir otras prestaciones como las de viudedad, maternidad o baja laboral, que supera tanto la suma de los otros tres territorios norteños (-397 en Galicia, -159 en Cantabria y -115 en Euskadi) como el de su vecina del sur (-695).

Se trata de zonas que, tras haber atraído población durante los procesos de industrialización de mediados del siglo pasado en algunos casos, han sufrido con intensidad los procesos de despoblación y de envejecimiento demográfico a partir de las reconversiones de los años 80. Y la realidad laboral y demográfica de algunas de ellas no lleva precisamente a prever que la situación vaya a cambiar a mejor a corto o medio plazo.

Asturias y Galicia cerraron el año con las menores tasas de actividad del país, con solo un 50,67% y un 52,98% de la población catalogada como activa, mientras las otras tres se mantienen por debajo de la media estatal (58,8%), y, de ellas, tan solo la tasa de empleo de Euskadi, con un raspado 50,36%, se sitúa por encima del promedio del país mientras de nuevo Asturias (43,25%) y Galicia (45,19%) ocupan el furgón de cola, en este caso con Extremadura (41,02%) y Andalucía (43,03%).

Esas cinco comunidades del norte y el centro presentan, al mismo tiempo, los mayores índices de envejecimiento del país, con 214 habitantes mayores de 65 años por cada cien menores de 16 en Asturias, 195 en Galicia, 193 en Castilla y León, 149 en Cantabria y 147 en el País Vasco, mientras varias de ellas registran al mismo tiempo las menores tasas de natalidad: de nuevo Asturias, con menos de seis nacimientos por cada mil vecinos (5,83), ocupa el último lugar de la clasificación, seguida de Galicia (6,8) y Cantabria (7,07) y con Euskadi (7,87) solo dos puestos más arriba, empatada con Extremadura y con Canarias (7,24) unas décimas por debajo.

Es decir, que en esos territorios coinciden los porcentajes de cotizantes más reducidos con una pirámide demográfica invertida que revela la existencia de una población envejecida que no va a ser relevada por los escasos niños que nacen en ellos.

Empleo, natalidad y juventud

La situación es bastante distinta en Baleares y Madrid, las únicas dos comunidades con superávit, y en Canarias, la tercera en la que, con un margen de 224 millones, los ingresos por cotizaciones superan a los recursos destinados a prestaciones y pensiones.

Presentan las mayores tasas de actividad y de empleo del país, con Madrid como líder en ambos casos (63,32% y 54,62%) y Baleares en segundo en ocupación (53,82%) y tercero en población activa (61,59%), apenas una décima por debajo de Catalunya (61,72%), mientras Canarias combina un 60,92% que le sitúa como cuarto clasificado en el primer registro con un 47,49%

Madrid y Baleares también ofrecen algunas de las tasas de natalidad más elevadas del país, con 9,27 y 8,86 nacimientos por cada mil habitantes, un registro que únicamente mejora Murcia (10,19) y que se halla al mismo nivel que los de Catalunya (8,89), Navarra (8,96) y Andalucía (8,85).

El archipiélago del Mediterráneo es una de las tres únicas comunidades, junto con Murcia y Andalucía, en las que hay más menores de 16 años que mayores de 65.

Locomotoras con agujeros

La Seguridad Social cerró el 2017 con un déficit de 1.683 millones de euros tras unos gastos de 134.607 y unos ingresos de 132.904. Esta última partida incluyó 16.171 transferidos desde las arcas estatales, 684 en transferencias de capital y 16.665 procedentes de operaciones financieras que cubrieron algo más de la cuarta parte del presupuesto. Sin embargo, el desfase entre cotizaciones y prestaciones, las dos principales partidas de ingresos y de gastos del organismo, respectivamente, alcanzó los 22.229 (97.819 por 120.048).

Por comunidades, llama la atención que los principales déficit se localicen en algunas de las ‘locomotoras’ del país, caso de los 5.354 millones de euros de Andalucía, los 4.683 de Catalunya y los 3.110 del País Valencià, entre los cuales, no obstante, se sitúan Galicia (3.693) y Castilla y León (3.424).

Tras ellas se sitúa un bloque de cuatro comunidades con desajustes de entre 1.000 y 3.000 euros. Se trata de Asturias (2.687), Euskadi (1.988), Castilla-La Mancha (1.355) y Aragón (1.296). Los menores déficit se registran en Canarias (141) y La Rioja (249).