El rescate de Banco Popular plantea algunas dudas para los reguladores bancarios europeos. La decisión de intervenir la entidad española y adjudicársela a su rival Santander evitó el pánico sin recurrir a un rescate con fondos públicos. Aun así, los inversores necesitan algunas respuestas para tener fe en el nuevo régimen de rescate bancario.

La principal culpa del sino del Popular corresponde principalmente a su consejo de administración, que permitió que la incertidumbre sobre su balance se convirtiera en una crisis de liquidez que ponía en riesgo su superviviencia. El sexto mayor banco español perdió casi una cuarta parte de sus depósitos en las últimas semanas, según dijeron fuentes a Reuters.

No obstante, los reguladores tienen que explicar algunas cosas. Al fin y al cabo, Popular pasó las pruebas de estrés de la Autoridad Bancaria Europea el año pasado y había captado 2.500 millones de euros de capital.

El banco comunicó un ratio de capital Tier 1 del 10% a finales de marzo. Menos de tres meses después el agujero en su balance fue considerado tan grande que no sólo redujo a cero el valor de las acciones del banco, sino también 1.900 millones de euros en bonos convertibles y subordinados.

También es curioso que las pérdidas fueran lo suficientemente grandes para que fuera necesario reducir a cero toda la deuda subordinada de Popular, pero se dejara intactos los bonos sénior. La Junta Única de Resolución (JUR) se basó en una valoración independiente. Los bonistas podrían llevar el caso a los tribunales.

Los perdedores en la caída del Popular son principalmente grandes inversores institucionales, en contraste con el italiano Banca Monte dei Paschi, donde las autoridades protegieron a los inversores minoristas que habían comprado bonos del banco.

En ausencia de respuestas más claras de los reguladores, la sospecha será que las decisiones de resolución bancaria europea se diseñan según la identidad de quiénes pueden sufrir las pérdidas.