Lo barato sale, a veces, caro; y lo que parece un ahorro puede, en ocasiones, acabar costando mucho dinero. Son dos de las conclusiones que empiezan a emerger de la gestión que el Gobierno español ha hecho con el sector de las renovables en la última década: las ocho primeras condenas en los tribunales internacionales de comercio le han supuesto al Estado tener que pagar una tercera parte del dinero que se ‘ahorró’ al recortar las primas a la producción de ese tipo de energía, y hay al menos otras 34 demandas en tramitación.

Eso, en términos económicos y sin tener en cuenta los efectos secundarios de esas medidas en el bolsillo de los consumidores. El impacto en el medio ambiente y en la salud del frenazo a las renovables y el mantenimiento durante ese tiempo de los sistemas de producción energética basados en fuentes fósiles como el carbón, el petróleo o el gas está por estimar.

Las primeras advertencias comunitarias a España sobre la magnitud de su déficit en los inicios de la crisis llevaron al entonces ministro de Industria Miguel Sebastián a impulsar un recorte de las primas a la producción de energía renovable que, según las estimaciones de Greenpeace, alcanzaron los 1.100 millones de euros entre 2010 y 2013.

Su sucesor en el cargo, José Manuel Soria, incidió en esa misma línea, lo que supuso un nuevo paquete de recortes que la organización ecologista cifra en unos 3.000 millones de euros y que, además de arruinar a 62.000 familias que habían invertido sus ahorros en ‘huertos’ solares, acabó de estrangular el desarrollo de las energías verdes en España.

Más de mil millones en condenas y 441 en lista de espera

Esas medidas dieron lugar a una cascada de demandas de arbitraje ante tribunales de comercio en las que fondos de inversión acusan a España de haber vulnerado distintos tratados internacionales sobre comercio por haber recortado las ayudas a un sector cuyo despegue dependía en gran medida de esas primas.

El ingreso de las generosas subvenciones en las magnitudes inicialmente previstas suponía una fuente de financiación clave para los proyectos. Los parques que habían empezado a funcionar a partir de 2008, en un sector que había comenzado a movilizar inversiones privadas con el Plan de Energías Renovables de 2005, vieron cómo las reglas del juego cambiaban a finales de 2010 con un recorte de las ayudas que reducía sus márgenes comerciales de manera notable. Y los que estaban en fase de construcción vieron tambalearse sus planes de financiación, algo que las grandes eléctricas y los fondos de inversión lograron superar por su músculo económico mientras los recortes se llevaban por delante los proyectos basados en la captación de ahorros de familias, incapaces de soportar el tirón.”

Los fondos, que habitualmente combinan las inversiones en renovables con apuestas por el carbón y el petróleo, acumulan casi nueve de cada diez demandas, mientras que apenas un 12% corresponden a empresas cuyo principal negocio está en la generación de energía.

Esas demandas se concentran en tres cortes: la Cámara de Comercio de Estocolmo, el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones) del Banco Mundial y la Uncitral, la comisión de la ONU para el comercio internacional.

Las dos primeras han comenzado a emitir laudos con un resultado prácticamente constante: el Estado español encadena ocho arbitrajes condenatorios tras haber salido indemne de los dos primeros, cuyas demandas sumaban algo más de 96 millones de euros, según los datos recogidos por Transnational Institute (TNI) y Corporate Europe Observatory (CEO), dos oenegés que trabajan en el ámbito de la transparencia.

Las ocho que han resultado condenatorias suman 1.095,4 millones de euros, 727 menos de los que inicialmente reclamaban los fondos de inversión como indemnización. No obstante, a ellos hay que sumarles la cifra que los árbitros asignen finalmente a RREEF, empresa que obtuvo un laudo favorable con una demanda de 441 millones de euros.

El país con más casos abiertos en el Ciadi

Mientras tanto, y con un solo caso retirado, España se enfrenta a otras 34 demandas ante el Ciadi y la Corte de Estocolmo en las que los inversores internacionales reclaman, a falta de cuantificar ocho de esos casos, indemnizaciones por valor de 4.372.

Si se mantiene la cadencia de fallos registrada hasta la fecha, y teniendo en cuenta lo que subirán los intereses cuando hay asuntos pendientes desde 2011, el boquete que los recortes a las renovables acabarán abriendo en las arcas públicas será notablemente superior al ahorro que sus promotores pretendían generar.

La chapuza de las renovables sitúa a España como el país con más asuntos abiertos ante el Ciadi por saltarse las normas internacionales de comercio: tiene 32 casos pendientes, entre los que también se incluye la demanda de los inversores mexicanos que encabeza Antonio del Valle por el fiasco de Banco Popular, tras haberse resuelto otros cinco, un registro que supera con claridad los de países que tradicionalmente encabezan las clasificaciones sobre conflictividad en este ámbito como Argentina (siete abiertos y 48 finiquitados), Venezuela (18 y 29), Egipto (nueve y 24) o Chequia (uno y dos).