El ex consejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra ha negado haber propuesto las tres macrooperaciones inmobiliarias que causaron un daño de 160,5 millones, las cuales ha defendido que contaban con garantías, fueron un "éxito" hasta la crisis e hicieron a la entidad "ganar dinero".

"No soy quien plantea las operaciones, ni decide cuándo se ejecutan, ni los papeles que se piden", ha espetado ante la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el juicio por presunta administración desleal o apropiación indebida y blanqueo, en el que también están acusados el exdirectivo Alfonso Monferrer, los empresarios Salvador Vila, Juan Soler, Fernando Polanco, su mujer, Teresa Villalba, y el notario Carlos Pascual.

La Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años de prisión para Parra y Monferrer por presunta administración desleal, delito para el que plantea la alternativa de apropiación indebida, en cuyo caso aumenta la petición de condena hasta los seis años de cárcel. Para Vila y Soler, oscilan entre los tres años y medio en el primer supuesto y los cinco años de cárcel, mientras que Pascual y Polanco, a los que también se atribuye un posible blanqueo, asciende a entre seis años y medio y ocho años y medio de prisión, y para Villalba, entre seis meses y un año como cómplice.

El Ministerio Público señala a Nou Litoral, sociedad de gestión del suelo constituida por el banco en 2003 junto a los promotores Vila y los Soler para la compra de terrenos en Chiva (Valencia), que generó una deuda de 109,6 millones refinanciada "con dinero público" y ocasionó, presuntamente, un perjuicio superior a los 83 millones.

Sobre esta relación, Parra ha insistido en que "fue un éxito" hasta la irrupción de la crisis ya que no sólo "pagó todas las operaciones" sino que incluso benefició a Banco de Valencia, que en los primeros años percibió dividendos en su calidad de accionista.

"Nunca ha habido un reproche, queja o reparo del consejo de administración", que concedió una línea de crédito por valor de 60 millones renovable año a año, ha apuntado en varias ocasiones a preguntas del fiscal Conrado Sáiz, al que ha aseverado que "se cumplieron los procedimientos y se analizó lo que tenía que autorizar". En este apartado ha incluido los riesgos millonarios que presentaban sus socios, clientes solventes, que ofrecían garantías personales superiores -ha indicado- a los 400 millones de euros y con experiencia.

También bajo sospecha y vinculada a Nou Litoral la operación en la que la sociedad participada Valenciana de Viviendas adquirió en 2008 unos terrenos de Urbanas de Levante en Vergel y Patraix (Valencia), subrogándose en la deuda que tenía la vendedora contratada con Banco de Valencia, con la que se generó un perjuicio de 47,4 millones de euros. En tanto que la última, en la que intervinieron Polanco y Pascual, giró en torno a Faverch Desarrollos y creó un agujero de 29,8 millones. "Nos equivocaríamos o no, pero todo lo hicimos pensando en los intereses del banco", ha concluido.

Cárcel al margen, la Fiscalía reclama a todos que indemnicen de forma conjunta y solidaria con 160,5 millones de euros bien a CaixaBank como heredera tras la fusión de 2013, o al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que inyectó 4.500 millones de euros y que acusa al ex consejero delegado de aprovechar su posición de poder para "obtener un lucro ilícito" a favor de sus socios. La sala que preside la juez Concepción Espejel retomará la vista mañana, cuando está previsto que continúe el interrogatorio a Parra por parte de las acusaciones.