Financiación autonómica Montoro cobrará a Andalucía 43,6 millones al año en intereses por el fondo de rescate autonómico

El gasto público andaluz se disparó en 2016 por encima de la media del crecimiento del PIB nacional, rebasando en 1.140 millones de euros el tope fijado por el Ministerio de Hacienda. Ese desvío ha cerrado la puerta a Andalucía a la posibilidad de acceder a una línea de crédito del FLA con condiciones más ventajosas, reservadas sólo para aquellas comunidades que cumplan con los requisitos de estabilidad presupuestaria. Ahora tendrá que pagar más intereses por esos préstamos, unos 43,6 millones de euros más al año, según cálculos de la Consejería de Hacienda.

Desde que comenzó la crisis, Andalucía ha recibido en torno a 20.000 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), una línea de crédito que diseñó el Gobierno central en 2012 para prestar dinero a las comunidades, incapaces por entonces de financiar su deuda pública en los mercados. En todo este tiempo, el Ministerio de Hacienda ha otorgado esos préstamos a las regiones a un interés variable -en el caso de Andalucía ha oscilado entre el 5 y el 0,8%-, pero en 2015 decidió introducir un mecanismo de discriminación positiva para compensar a las comunidades que cumplieran con el objetivo de déficit y diferenciarlas del resto.

Se creó entonces el Fondo de Facilidad Financiera, un compartimento del FLA original cuyo objetivo era incentivar a las regiones a cumplir con el objetivo de déficit. Aquellas que lo lograsen serían “premiadas” con ciertas ventajas fiscales: podrían acceder a los préstamos del FLA a un tipo de interés cero, en lugar del tipo medio actual (del 1%). Andalucía fue una de las beneficiarias en 2015, porque cumplió con las condiciones que establece el Fondo de Facilidad Financiera. El mes pasado, tras el cierre definitivo del ejercicio presupuestario de 2016, el Gobierno andaluz volvió a solicitar al Ministerio de Hacienda el acceso a las ventajas fiscales del Fondo de Facilidad, puesto que Andalucía había vuelto a cumplir con el objetivo de déficit (0,65% del PIB, unas décimas por debajo del 0,7% comprometido).

Pero hace unos días, la secretaria general de Financiación Autonómica, Belén Navarro, telefoneó a la consejera andaluza de Hacienda, María Jesús Montero, para comunicarle que Andalucía no podrá regresar al Fondo de Facilidad, porque ha incumplido la regla de gasto en 1.140 millones de euros (una tasa de variación del 5,3), según fuentes del Ministerio. La regla de gasto es un corsé que impone la Ley de Estabilidad Presupuestaria a las administraciones, y que les impide aumentar el gasto público más allá de una tasa de referencia basada en el crecimiento de la economía española.

La negativa de Hacienda obliga al Ejecutivo de Susana Díaz a permanecer bajo el paraguas de financiación del FLA, donde las condiciones para acceder a un crédito son más duras (los préstamos se conceden al 1%). Para el Gobierno andaluz, la pérdida de esos beneficios fiscales supondrá un coste adicional de 43,6 millones de euros al año sólo en intereses, unos 131 millones en los próximos tres ejercicios, según cálculos de la Consejería de Hacienda basados en las condiciones de los últimos préstamos concedidos.

La Junta ha puesto el grito en el cielo, porque considera que la regla de gasto “nunca ha sido, hasta ahora, un requisito fundamental para poder beneficiarse del tipo de interés cero”. Montero acusa al Gobierno de Rajoy de haber “cambiado las reglas del juego” para poder “ahorrarse las ventajas fiscales”, y subraya que el requisito hasta ahora para acceder a un crédito sin intereses era cumplir el déficit y el periodo medio de pago a proveedores, pero no la regla de gasto “que ni siquiera el Ejecutivo central ha cumplido nunca”.

El real decreto que regula los requisitos para acceder al Fondo de Facilidad Financiera (artículo 15) especifica que “podrán adherirse aquellas comunidades que cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, de acuerdo con el informe del artículo 17 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria”. El artículo 17 de dicha ley sí aclara que ese informe del Ministerio de Hacienda debe examinar “el grado de cumplimiento de la regla de gasto de los Presupuestos de la Administración central y de las Comunidades Autónomas”.

Galicia y Canarias, las últimas cumplidoras

Pero Andalucía no será la única expulsada del Fondo de Facilidad Financiera. Al cerrar la liquidación financiera del ejercicio 2016, el pasado mes de abril, Hacienda descubrió que las dos comunidades cumplidoras con el objetivo de déficit -Galicia y Canarias- habían rebasado la regla de gasto. A partir de ahí, la comisión delegada para Asuntos Económicos del Gobierno ha propuesto que las ventajas fiscales del Fondo de Facilidad ya sólo se les conceda a aquellas comunidades que cumplan con los dos requisitos -tanto el déficit como la regla de gasto- y como, hoy por hoy, ninguna región lo hace, la Junta de Andalucía entiende que “se han suprimido de facto los préstamos a tipo cero para todas las comunidades cumplidoras”. “Lo han hecho para ahorrarse dinero. Éste era uno de los pocos incentivos que había para cumplir con el objetivo de déficit. El Gobierno nos ofrece contrapartidas y cuando respondemos de forma responsable, las eliminan”, se queja la consejera de Hacienda.

La comisión delegada para Asuntos Económicos aún debe reunirse para ratificar esta propuesta que literalmente pide fijar el mismo tipo de interés a los dos mecanismos de financiación autonómica, tanto al FLA como al Fondo de Facilidad (a la consejera andaluza se le trasladó que el tipo de referencia sería el del Tesoro público, pero desde el Ministerio aseguran que no está cerrado aún). En cualquier caso, si la propuesta sale adelante, las dos únicas comunidades que aún se financian a tipo cero -Galicia y Canarias- dejarán de estarlo. De modo que, en la práctica, es cierto que ya no habrá ventajas fiscales para las comunidades que se hayan esforzado en reducir su déficit. El Fondo de Facilidad sigue existiendo, pero nadie se beneficia de él. La decisión no deja de ser controvertida, toda vez que el Gobierno de Mariano Rajoy la ha anunciado en la recta final para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2017, que dependen en gran medida del voto del único diputado de Nueva Canarias. De ahí que la Junta de Andalucía muestre su escepticismo.

¿Ahorro o penalización?

A partir de aquí, hay un cruce de acusaciones y reproches entre el Ejecutivo central y el andaluz. El departamento de Cristóbal Montoro recuerda que los acuerdos de adhesión al Fondo de Facilidad Financiera son anuales, y que “Andalucía no puede cambiarse de un compartimento a otro”. El pasado 28 de marzo, el Consejo de Gobierno andaluz aprobó el acuerdo para mantenerse en el FLA “y en ningún momento expresó su intención de moverse de ahí”. “La solicitud de adhesión al FLA no puede ser modificada para la adhesión a Fondo de Facilidad, al tratarse de compartimentos independientes con condiciones, requisitos y procedimientos distintos (con una configuración anual de la adhesión) y en el caso de Andalucía, está adherida al FLA en el 2017”, advierten desde el Ministerio.

Hacienda niega las acusaciones de la Junta de querer “asfixiar financieramente” a Andalucía, y recuerda que el incumplimiento de la regla de gasto determina “que sean plenamente aplicables las medidas de corrección que prevé la Ley de Estabilidad Presupuestaria”. El Gobierno andaluz, por tanto, está obligado a presentar un plan económico al ministerio, y todas sus operaciones de endeudamiento y avales requieren la autorización del Consejo de Ministros. De hecho, el pasado 19 de mayo se autorizó a Andalucía a formalizar préstamos con el Banco Europeo de Inversiones por 217,5 millones de euros.

La consejera andaluza de Hacienda siempre ha sido muy crítica desde el principio con el método del Gobierno de Rajoy para gestionar el FLA, así como con el reparto “injusto” del objetivo de déficit entre el Ejecutivo central y las comunidades autónomas. Montero sospecha que el Gobierno ha fulminado el Fondo de Facilidad Financiera porque en el último año son más las regiones que han cumplido con el objetivo de déficit -de modo que el coste de aplicar un interés cero es mayor- y porque muchas de ellas han cambiado de signo político, antes estaban gobernadas por el PP y ahora lo están por el PSOE, advierte la consejera.

El Gobierno central ideó el FLA no sólo para ayudar a las comunidades inyectándole liquidez, sino como un modo de tutelar sus finanzas y evitar una desviación entre ingresos y gastos. Hacienda les obligaba a adherirse al FLA y a presentar un plan de ajuste, lo cual les hizo perder autonomía financiera. Así ha ocurrido en 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, pero no en todas las comunidades. Algunas desconectaron antes del FLA, sanearon sus cuentas y volvieron a acceder al crédito interbancario de los mercados de deuda. No es el caso de Andalucía que, desde 2012, ha tenido que recurrir al FLA para financiarse, a cambio de asumir tipos de interés que oscilaron entre el 5% y el 0,8% más reciente. La Junta, a menudo, ha acusado al departamento de Cristóbal Montoro de “querer hacer negocio” con los mecanismos de financiación autonómica a costa de las arcas regionales.

La presidenta Susana Díaz ha afeado a Rajoy la decisión de endurecer las condiciones para financiarse a través del FLA, justo cuando el Gobierno está a punto de abordar la reforma del modelo de financiación autonómica con las comunidades. Andalucía denuncia que la mala aplicación de este modelo le ha supuesto dejar de recibir 4.672 millones de euros desde 2009.