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MADRID.- El Gobierno devolverá en la nómina del mes de abril a todos los funcionarios de la Administración General del Estado y a los del Ministerio de Justicia casi la mitad de la paga extra suprimida en 2012 y que aún estaba pendiente, según el sindicato CSIF.
Así se lo ha trasladado al sindicato esta misma mañana la Dirección General de la Función Pública, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, algo de lo que se ha felicitado CSIF y que ha atribuido a las "gestiones intensificadas" en los últimos meses para que el Gobierno cumpliera con su compromiso.
El sindicato calcula que los empleados recibirán una media de 750 euros por persona en la próxima nómina, que llegará a sus bolsillos coincidiendo con la previsible convocatoria de nuevas elecciones, que se celebrarían el 26 de junio. La devolución de la extra beneficiará a unos 227.000 empleados públicos, y tendrá un coste aproximado de unos 547 millones de euros.
El Ejecutivo devolvió en enero de 2015 el 25% de la extra de Navidad suprimida en 2012 y, posteriormente, en octubre ingresó a los funcionarios otro 26,23% de la paga (equivalente a 48 días), y ya se comprometió entonces a devolver a lo largo de 2016 casi el 50% restante. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, indicó entonces que el desembolso se haría, en principio, en dos partes y también de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.
No obstante, desde el sindicato CSIF no están totalmente satisfechos con la medida, ya que todavía hay comunidades autónomas y ayuntamientos que tienen pendiente dicha devolución, por lo que piden que se universalice en todos los niveles de la Función Pública, igual que sucedió cuando se eliminó.
Desde la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT se ha pedido al Gobierno en funciones que deje de alimentar "rumores" y convoque la Mesa de Negociación de la Administración General del Estado para anunciar oficialmente el pago del resto de la paga extraordinaria de 2012 aún por devolver.
"UGT denuncia que, nuevamente, el Gobierno del Partido Popular instrumentaliza a los empleados públicos: sus nóminas y sus derechos, para sacar un mayor rédito electoral", subraya en un comunicado, en el que lamenta que aún no se conocen los detalles concretos de la medida, pero que en principio no tendrá un coste adicional porque ya estaba previsto en los Presupuestos de este año.
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