Perder la casa es una situación dramática que desde la anterior crisis económica -la que arrancó en el 2007- han vivido cientos de miles de personas en Catalunya ¿Quiénes son los responsables de los desahucios? ¿La banca? ¿Fondos buitre? ¿Particulares que acumulan un buen número de viviendas? ¿Pequeños propietarios? ¿Las administraciones públicas? Para intentar poner un poco de luz a la cuestión, el Observatori DESC acaba de publicar el informe ¿Quién desahucia en Barcelona?

El trabajo se centra en la capital catalana y concluye que actualmente más de la mitad de los desahucios son responsabilidad de grandes propietarios, que fundamentalmente son personas jurídicas, es decir, empresas, ya sean fondos de inversión -también llamados buitre- o entidades financieras. Es un volumen muy superior al peso que tienen en el parque de viviendas de la ciudad, por lo que se puede concluir que claramente tienden más a optar por esta vía que los pequeños propietarios o las propias administraciones públicas.

De entrada, el informe recoge los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que muestran cómo entre 2013 y 2021 se produjeron 22.130 desahucios en la ciudad, 1.755 de los cuales en 2021. Por tanto, en ningún caso se han detenido y siguen representando una de las caras más crudas del acceso a la vivienda. El Observatori DESC calcula que habrían afectado a unas 55.325 personas en todo el período analizado. En la mayoría de casos -más del 80%- se echó a los residentes por impago o finalización de contrato de alquiler. Todo esto significa que, al menos en el 2021, Barcelona concentra casi uno de cada cinco desahucios (18,7%) que se llevaron a cabo en Catalunya.

Tras denunciar que "no existen datos oficiales publicados ni muchos estudios centrados en identificar a los fondos de inversión y otros operadores globales que actúan en Barcelona y están detrás de los desahucios de vecinas de la ciudad", a partir de los registros a los que ha podido acceder el Observatori concluye que entre 2020 y 2022 los grandes propietarios fueron los responsables del 51% de los desahucios de la ciudad. Son diez puntos más que en el período 2018-2019.

En concreto, el sector financiero -banca y fondos oportunistas o buitre- suman el 39,7% de los desahucios entre 2020 y 2022 -14,2% bancos y 25,5% fondos de inversión-, a los que añadir el 11,3% de la Sareb, también llamado banco malo. El resto de desahucios tiene como inductores a particulares (35,8%), empresas inmobiliarias (10,3%) y entidades públicas (2,9%). Además, prácticamente seis de cada diez procesos de expulsión tienen detrás de una empresa, mientras que las personas físicas son el 39%.

El papel de Blackstone

El retrato es sensiblemente diferente al que existía entre 2018 y 2019, dado que más allá del crecimiento del peso de los grandes propietarios a la hora de desahuciar, se ha producido en cierto modo una transferencia de las expulsiones llevadas a cabo por la banca -cae del 25,3% al 14,2%- hacia los fondos buitre -del 10,7% al 25,5% del total-. Un dato que demuestra la mayor presencia que estos últimos tienen en el conjunto del parque inmobiliario barcelonés.

El informe pone nombres y apellidos a los principales responsables de los desahucios -siempre a partir de los registros a los que ha tenido acceso, como estudios académicos o de la PAH- y al frente del ranking aparece el fondo Blackstone, por delante de la Sareb -que tiene al Gobierno español, a través del FROB, como accionista mayoritario-, y de otros dos fondos: Cerberus y Lone Star.

Estos datos contrastan bastante con la distribución de la propiedad de las viviendas en Barcelona. Según la información publicada en otros estudios por el Observatori Metropolità de l'Habitatge (OH-B), en 2021 en Barcelona había apenas 4.391 grandes propietarios (10 inmuebles o más), que acaparaban 115.971 pisos, es decir, el 14,7% de los pisos de la ciudad -que suman más de 785.000-. Si el foco se pone en las viviendas de alquiler, el OH-B señala que en la ciudad había 202.393 en 2021, el 23,2% de los cuales (47.003) estaban en manos de 1.726 grandes propietarios, que de media tienen 29,3 inmuebles por cabeza. Es decir, que pese a acumular menos de una cuarta parte de los pisos de alquiler de Barcelona y apenas uno de cada siete inmuebles que tiene la ciudad, los grandes propietarios están detrás de más de la mitad de los desahucios.

Por todo ello, el Observatori DESC defiende la "necesidad de regular la actividad de este tipo de actores en las ciudades" y añade que "las administraciones públicas no pueden permanecer inmóviles ante las malas praxis de los fondos oportunistas". Sin embargo, admite que es un "reto mayúsculo", "dado el poder, los recursos y los vínculos que tienen estas corporaciones". La entidad pone el foco en las vulneraciones de derechos humanos que implican, en muchos casos, los desahucios y recuerda cómo en 2019 la entonces Relatora Especial de Naciones Unidas por el Derecho a una Vivienda Adecuada, Leilani Farha, denunció las "vulneraciones de derechos de Blackstone en materia habitacional" en varios estados, entre ellos el español.

Posteriormente, Farha y otros expertos han recomendado a los poderes públicos medidas como "asegurar un compromiso" de los fondos "respecto a los derechos humanos", "fijar un porcentaje de vivienda asequible en sus negocios o limitar los incrementos de los alquileres". Mientras esto no ocurra, la realidad es que su peso en el mercado del alquiler en Barcelona no deja de aumentar y, con demasiada frecuencia, esto se traduce en encarecimientos desbocados de los precios, desahucios y prácticas abusivas