Tres años desde la reforma energética de José Manuel Soria le han bastado al Gobierno del PP para convertir en residual el sector de la energía eólica española. En cifras, los 65 megavatios instalados en este trienio suponen una reducción del 97,5% respecto a los 2.334 del trienio anterior. Los datos proceden de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), que con más de 200 firmas asociadas representa al 90% del sector.

Los fabricantes españoles de aerogeneradores y componentes están exportando ya el 100% de su producción, aseguran. Con estos datos, España difícilmente podrá cumplir su compromiso con Europa de llegar a 2020 (otro trienio) con 6.400MW más sobre los 23.026 ya instalados.En 2016, solo instalaron potencia nueva tres comunidades autónomas: Castilla y León (31,5MW), Canarias (4,6) y Galicia (2,1). En el resto se observa un ominoso 0,0. Por empresas, el año pasado Gas Natural Fenosa fue la única de las grandes que continuó invirtiendo en viento: unos tímidos 2,1MW.

La nueva ley del sector eléctrico se firmó en diciembre de 2013, año en que se habían instalado en España 175MW. El año anterior, antes de que Soria anunciara la inminencia de la nueva normativa, se habían implementado 1.110MW. En 2014 fueron 27. En 2015, nada.

Red Eléctrica Española, operadora de nuestro sistema eléctrico participada por el Estado al 20%, estima que un 18,4% de los españoles se abastece con eólica. Según AEE, esta energía limpia permitió a los españoles ahorrarse en 2016 el 28% del coste del recibo de la luz, pues sin su aportación el precio del megavatio/hora hubiera sido 15,26 euros más alto.

La reforma Soria nació lastrada por la polémica. Y no solo por parte de ecologistas y productores interesados. El propio Tribunal Supremo elevó en diciembre de 2015 una providencia –no vinculante judicialmente que cuestionaba la legalidad del texto. Alertaba el alto tribunal de que el nuevo régimen retributivo podría vulnerar la Constitución española por sus imposiciones retroactivas. Los recortes habían costado ese año 2.261 millones de euros al sector de renovables nacional.

En un reciente informe de la consultora Deloitte sobre la incidencia de la energía eólica en España entre los años 2012 y 2015, ya se alertaba de que las políticas populares sobre el sector habían reducido su contribución al PIB en 2.425 millones de euros respecto al cuatrienio anterior. En el mismo periodo, se destruyeron 4.651 puestos de trabajo, a los que hay que sumar los 14.219 perdidos entre 2008 y 2011. Como paradoja muy ilustrativa de nuestro pintoresquismo, señalar que las empresas españolas han creado casi 100.000 empleos en todo el mundo. A fecha de finales de 2015, Deloitte estimaba en 2.000 los trabajadores españoles del sector que desarrollan su trabajo en el resto del planeta. El valor de las exportaciones lo fijaba en 11.100 millones de euros.

“La sustitución de generación con combustibles fósiles por producción eólica le ha ahorrado al sistema eléctrico 15.709 millones de euros en los cuatro años analizados por la reducción del precio del mercado eléctrico. Para un consumidor medio residencial, el ahorro ha sido de 227 euros en su factura de la luz”, explicaba el informe de Deloitte. Además, destacaba que la eólica había evitado en el periodo estudiado la emisión de 106 millones de toneladas de CO2, que traducidas en euros valoraba en 657 millones ahorrados.

. Con estas cifras en la mano, parece que el Gobierno del PP no ha celebrado tan tristemente como se denuncia el centenario de Cervantes: continúa considerando los molinos de viento como enemigos gigantes.