Serra defiende que la subida de sueldos en Caixa Catalunya fue legal y no causó perjuicio

La defensa del expresidente de Caixa Catalunya Narcís Serra ha reclamado este martes su absolución en el juicio en la Audiencia de Barcelona porque los aumentos de salario a directivos en 2010, en pleno contexto de crisis, eran "perfectamente legales" y no causaron un perjuicio económico a la entidad.

El abogado de Serra, Pau Molins, ha defendido, al presentar su informe final ante la Sección Octava de la Audiencia, que los dos acuerdos aprobados por el consejo de administración de Caixa Catalunya en enero y octubre de 2010 en los que se aprobaron incrementos salariales son "irrelevantes desde una perspectiva penal".

Molins ha defendido que Narcís Serra "observó escrupulosamente sus deberes de lealtad a la caja" como presidente, designando a un nuevo equipo directivo liderado por Adolf Todó, considerado uno de los más cualificados directores generales en activo por su gestión al frente de Caixa Manresa.

En este sentido, ha resaltado que, al fichar a Todó, Serra estaba velando "por el sostenimiento de la entidad" para dar un giro a su política, que en aquel momento adolecía de excesiva dependencia del sector inmobiliario y con alto nivel de morosidad.

Ha resaltado que los acuerdos retributivos fueron "expresión de la voluntad" de la entidad, del Banco de España y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) para mantener al equipo directivo para pilotar el proceso de fusión.

Además, ha alegado que cumplieron con la normativa requerida: fueron aprobados por los órganos de gobierno de la entidad y cumpliendo el objetivo de preservar el interés social, y, de hecho, pasaron por todos los filtros orgánicos, lo que "demuestra que Caixa Catalunya como entidad estuvo plenamente de acuerdo con aquellos aumentos".

El abogado de Serra ha destacado que el Frob, que inyectó 12.000 millones de euros en la entidad desde 2010 hasta 2012, "hizo exactamente lo mismo que hizo Narcís Serra y el consejo en 2010" y mantuvo las subidas salariales cuando se hizo con el control de la entidad.

"¿Por qué a Narcís Serra se le acusa por parte de la acusación pública y la Abogacía del Estado, y no a los señores del Frob si hicieron exactamente lo mismo?", se ha preguntado.

Ha defendido que el Banco de España, que estaba controlando la entidad en su proceso de fusión, conocía los sueldos: "Se me hace difícil creer que con seis inspectores destinados a Caixa Catalunya durante más de un año no vieran, o se les escondieran, los contratos con la alta dirección".

Asimismo, ha hecho hincapié en que los salarios —que el fiscal calcula que supusieron un efecto económico de 783.000 euros— eran "escrupulosamente conformes a la normativa nacional e internacional", y que así lo ratificaron informes de consultoras independientes.

El abogado ha rechazado que la entidad estuviera en una situación de práctica insolvencia, tal como afirma el fiscal Fernando Maldonado, y le ha afeado directamente que en su informe final haya aportado "pocas cifras descontextualizadas para justificar la situación frágil de la entidad", recalcando que, en opinión del Banco de España, era fundamentalmente sólida.

Adolf Todó

El abogado de Adolf Todó, Juan Segarra, que ha compartido gran parte de los argumentos de Pau Molins, del mismo bufete, ha alegado que en el juicio ha quedado probado que su cliente se ausentó en la votación del consejo de administración de enero de 2010 que aprobó el aumento salarial, por lo que directamente no puede ser autor del delito, y que en el segundo acuerdo solo se aprobó un aumento del IPC generalizado.

Segarra ha justificado que Todó cambiara su versión en este punto —en el juzgado de instrucción dijo que sí estuvo presente en la votación— porque hizo memoria al preparar su defensa, y ha recordado que su voto no está recogido en el acta del consejo y que, además, "la única declaración que tiene valor probatorio es la que se presta en el acto de juicio oral".

Ha insistido en que la decisión de aumentar el sueldo no causó perjuicio en la entidad y que se adoptó porque el equipo directivo era "profesional y capaz" y había demostrado al consejo sus rendimientos, ya que en 2010 Caixa Catalunya tuvo beneficios.

De hecho, ha remachado que "el único perjuicio existente en este caso es el que se ha causado a las personas aquí sentadas —señalando el banquillo—", que han sido víctimas de un juicio paralelo, y especialmente a su cliente, quien ha visto embarrancada, en sus palabras, su proyección profesional en el sector financiero.