El Consejo de Ministros aprobará este martes los proyectos de ley que regularán la conocida como ‘tasa Google’, sobre el negocio de las grandes multinacionales tecnológicas o ‘puntocom’, y la ‘tasa Tobin’, sobre las transacciones societarias. Dichos proyectos de ley apenas presentan cambios sobre las propuestas de enero del año pasado, cuya tramitación parlamentaria decayó por el adelanto electoral cuando el Gobierno había consignado sendas partidas de ingresos de 1.200 y 850 millones de euros en los nonatos Presupuestos Generales del Estado pactados por PSOE y UP.

Sin embargo, su entrada en vigor no va a ser inmediata, sino que más bien se va a hacer esperar mientras el Gobierno mira de reojo a Europa. Las regulaciones "van a ir en la misma línea, aunque eso no quiere decir que vayan a ser exactamente iguales", explicaban este lunes desde Hacienda, prácticamente al mismo tiempo que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, enfriaba las expectativas hasta el punto de dejar entrever una desactivación ‘de facto’ del tributo a los gigantes digitales.

De hecho, aunque los ritmos parlamentarios apuntan a que ambos impuestos puedan estar aprobados antes del próximo otoño, Calviño se mostró partidaria de postergar al menos hasta fin de año la liquidación, informa Europa Press, en un posicionamiento que coincide con el aplazamiento de los pagos a cuenta que acaba de aplicar el Gobierno francés, el único europeo que hasta ahora ha establecido la ‘tasa Google’ y que ya había recaudado el primer plazo.

"Prevemos un sistema similar para dar un poco de tiempo y ver cómo evoluciona la negociación en el ámbito internacional", indicó Calviño este lunes a la prensa.

Pendientes de la OCDE y la UE

En la práctica, la aplicación de la ‘tasa Google’ en ambos países dependerá de cómo termina el debate sobre la fiscalidad de las empresas transnacionales abierto en la OCDE y la UE.

El primer organismo espera tener un acuerdo en noviembre de este año para aplicar el impuesto a nivel global, mientras que la Comisión Europea ya ha anunciado que tiene intención de lanzar una Directiva el año que viene si antes no ha zanjado el asunto la OCDE, que estima la futura recaudación en torno a los 100.000 millones de dólares anuales.

Tanto una como otra decisión, que se debatirán entre presiones de las empresas afectadas, en plena guerra comercial global y con el Gobierno de Donald Trump ofreciendo rebajas fiscales para atraer a EEUU las sedes de sus gigantes tecnológicos, tendrían efectos directos en los impuestos de España y de Francia, mientras la llegada al poder de Boris Johnson ha congelado el proyecto de legislar sobre esa materia en el Reino Unido.

Fuentes de la Agencia Tributaria apuntaron a que la fórmula para el aplazamiento sería algo tan sencillo como cambiar de trimestral a anual el periodo de liquidación, con lo que este no empezaría a correr antes de enero de 2021. Eso evitaría tener que recurrir a alternativas como la bonificación al 100%, la aplicación temporal de un tipo cero o, directamente, la suspensión de la vigencia.

Impuestos simbólicos para negocios multimillonarios

Básicamente, el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, conocido como ‘tasa Google’, iba a consistir, en su primera versión, en gravar con un 3% los ingresos por servicios de publicidad, intermediación y trasiego de datos personales que obtengan en España las empresas tecnológicas con sede en otros países cuya facturación supere los tres millones de euros anuales el mercado local y los 750 en el global, lo que deja fuera a las ‘pymes’ y a las ‘startups’ españolas.

Ciberemporios como Apple, Google, Amazon y Facebook tributan por el grueso de sus negocios globales en paraísos fiscales como Irlanda y Luxemburgo, o en países con una fiscalidad laxa como Holanda, lo que lleva a que entre las cuatro paguen apenas 22 millones de euros en España cuando su facturación supera los 6.000.

Los últimos datos disponibles sobre esas cuatro firmas, las más destacadas de un sector en el que también operan Microsoft, AirBnb, TripAdvisor, HBO, Netflix, Twitter, Uber, Cabify y las plataformas de comida a domicilio o de contactos, indican que la facturación anual de la división local de Google ronda los mil millones de euros pero paga poco más de seis, la de Apple ingresa más de 400 y tributa algo más de 13, la de Amazon pasa de 4.000 con una liquidación fiscal prácticamente simbólica y la de Facebook declara pérdidas.

Paralelamente, el Impuesto sobre Transacciones Financieras o ‘tasa Tobin’ iba a gravar con un 0,2% -a pagar por los intermediarios que intervengan en la operación-, el valor de las compraventas de acciones de empresas españolas de más de mil millones de valor bursátil, que ahora están libres de impuestos.

Sociedades, un impuesto de otro siglo

Poca más concreción sobre los proyectos de ley salía del Gobierno, más allá de la que añaden las propias condiciones del procedimiento: la aprobación no requiere una mayoría cualificada o absoluta para salir adelante al no tratarse de una ley orgánica, explicaron fuentes del Congreso, y, con independencia de la fecha de la eventual aprobación, las tasas no serían de aplicación retroactiva al tratarse de sendos impuestos indirectos.

En cualquier caso, el Gobierno de Emmanuel Macron y, este martes, el de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias habrán sido los primeros en poner sobre la mesa propuestas concretas para uno de los flancos más descuidados de la globalización, como es el de la tributación de las transnacionales, especialmente las de carácter digital, que operan en varios países sin tener sede fiscal en ellos.

"Hablar de elusión fiscal es quedarse corto. Se trata de elusión, sí, pero tan bien organizada que parece pensada para dinamitar el sistema fiscal" occidental, señala el economista Manuel Garí, que apoya la aplicación de medidas como la ‘tasa Google’ y la ‘tasa Tobin’, aunque matiza que "no es la solución".

El impuesto de sociedades, el que tradicionalmente grava las ganancias de las empresas, "es un tributo del siglo XX, pensado para recaudar donde la empresa tiene ubicado físicamente su negocio pero no donde obtiene los ingresos", explica Carlos Cruzado, presidente de Gestha, el sindicato de los técnicos de Hacienda, que llama la atención sobre cómo la globalización y la digitalización de las transacciones y los servicios han cambiado esos modelos de negocio sin que, al menos hasta ahora, los fiscos hayan encontrado fórmulas para evitar la elusión fiscal "no solo de las tecnológicas sino de las empresas transnacionales en general, que soportan unos tipos efectivos muy bajos".

Las multinacionales españolas no son ajenas a esas prácticas de elusión, ni mucho menos; tal y como dejó claro la propia Agencia Tributaria en su primer Informe País a País, en el que, con datos de 2016, señalaron cómo las 134 firmas de matriz española que facturan más de 750 millones de euros a nivel global generan impuestos por valor de 14.260 (15,5%) pero pagan solo 11.594 (12,6%).

Y lo hacen tras obtener unos beneficios oficiales de 91.849 con un volumen de negocio de 934.408, una llamativa rentabilidad inferior al 10% que en condiciones normales pondría en duda, por escasa, su viabilidad. Ese margen no alcanza ni siquiera los dos tercios del 15% en el que tradicionalmente se sitúa el margen del beneficio industrial.

Casi la mitad de ese negocio, 413.815 millones de facturación y 45.049 de beneficios, tributa en la práctica por debajo del 6%.

"Deslocalizan los beneficios"

"Las multinacionales, y especialmente las digitales, por el tipo de negocio y por su estructura empresarial, deslocalizan los beneficios de donde obtienen los ingresos", explica Garí, partidario de aplicar impuestos a esas ganancias. "No deberían poder operar sin una sede física en el país", apunta.

El economista, por otro lado, llama la atención sobre un efecto ilusorio creado en torno a la economía digital. "Parece que es algo inmaterial, que no consume materias primas ni energía, cuando en realidad se está poniendo a la cabeza en el requerimiento de ambas mientras actúa con una impunidad contaminadora", señala.

Ambos coinciden en descartar que el consumidor vaya a sufrir los efectos de una eventual repercusión de la ‘tasa Google’ por parte de los gigantes digitales, una posibilidad que firmas como la auditora Price Waterhouse daban por hecha y para la que pronosticaban aumentos de costes de hasta 665 millones de euros anuales para el usuario y caídas de hasta 562 en los beneficios operativos de las empresas que utilizan esos servicios.

"Es posible que haya una repercusión sobre los precios, pero para los anunciantes, no para los usuarios", apunta Garí. "Pueden intentar cargar algo en la intermediación, pero eso no afectaría al consumidor", añade Cruzado.