Más de tres millones de hogares españoles siguen recuperando en la declaración del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) parte de lo que pagan al banco por hipotecas contratadas hace más de una década, una medida que provoca anualmente una merma de ingresos de alrededor de 1.700 millones de euros en las arcas públicas y que supera los 30.000 desde que esa medida fue suprimida inicialmente en 2010.

La deducción por la compra de vivienda habitual se ha aplicado históricamente como un incentivo fiscal de ayuda a las familias para facilitarles el acceso a un techo propio. Sin embargo, en la práctica acababa convirtiéndose en un sobreprecio que ingresaban por adelantado los promotores y las inmobiliarias tras aplicarlo a la valoración del inmueble.

"Se ha visto cómo la deducción se trasladaba al precio final, con lo que en la práctica no actuaba como un incentivo para la compra de vivienda por los hogares", explica Julio Rodríguez López, miembro de Economistas Frente a la Crisis (ECF) y expresidente del Banco Hipotecario, que recuerda cómo "la eliminación de la subvención a la compra de vivienda se ha ido extendiendo por toda Europa. Es una figura fiscal que se ha ido eliminando".

Eso ni ha ocurrido ni ha dejado de ocurrir en España, donde la deducción fue suprimida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para las viviendas adquiridas a partir del 1 de enero de 2011, recuperada por el de Mariano Rajoy durante el 2012 y de nuevo suprimida, ahora de manera definitiva, a partir del 1 de enero de 2013 por imposición de la Comisión Europea dentro de las condiciones del rescate financiero.

"Se ha pensado en eliminarla pero nunca se ha hecho"

Es decir, que la deducción que alcanza al 15% de lo pagado en cuotas e intereses de la hipoteca durante el año con un límite de 9.040 euros, de manera similar a lo que ocurre con la rehabilitación, la construcción y la ampliación de la vivienda habitual, sigue vigente para los créditos formalizados antes del 1 de enero de 2011 y a lo largo de 2012, pero no para el resto.

Esa, según las estimaciones de los Presupuestos Generales del Estado, supondrá este año una merma de 844,4 millones de euros en los ingresos tributarios del Estado de la que se beneficiarán 3,07 millones de hipotecados, que obtendrán un beneficio fiscal similar en el tramo autonómico de sus declaraciones.

"En algunos momentos en que los gobiernos han necesitado recursos se ha pensado en eliminar la deducción que sigue vigente, pero nunca se ha hecho", explica Rodríguez. De hecho, el comité de sabios que elaboró para el Instituto de Estudios Fiscales el informe de recomendaciones para la reforma del sistema tributario español pasa de puntillas sobre el asunto, que resuelve con un apunte genérico.

"El actual es un buen momento para plantear una revisión del IRPF, que permita incrementar el potencial de sus dos funciones básicas, recaudatoria y redistributiva", señalan antes de exponer que "el primer objetivo debería ser el ensanchamiento de la base imponible del IRPF, suprimiendo aquellas exenciones, reducciones, deducciones o regímenes especiales cuyo mantenimiento no esté justificado", aunque sin señalarlas.

Una rebaja fiscal que beneficia a uno de cada seis hogares

El principal motivo para eludir esa reforma del IRPF se encuentra en los efectos reputacionales que una medida de ese tipo tendría para quien la tomara por su impopularidad, ya que los 3,08 millones de beneficiarios de esa deducción suponen el 16,36% de los 18,75 millones de hogares existentes en el país, uno de cada seis, que disfrutan de una subvención media de 550 euros.

El número de beneficiarios, la deducción media y el impacto global de la medida se han ido reduciendo de manera notable desde que se suprimió el acceso de nuevos hipotecados, básicamente porque las familias han ido liquidando sus créditos.

Según los datos de la Agencia Tributaria, los 5,64 millones de beneficiarios que quedaban en 2011, y que obtenían una deducción media de 716 entre el tramo estatal y el autonómico del IRPF, se habían reducido en 2020 a 3,17 que se beneficiaban de deducciones por un promedio de 614 euros.

Paralelamente, la merma de 4.089 millones de euros en los ingresos públicos de 2011, de la que el Estado soportaba 2.021 y las comunidades autónomas otros 2.067, se reducían en 2020 a 1.950, distribuidos en 969 de impacto estatal y 981 autonómico.

La suma en ese periodo alcanza los 28.973 millones (14.348,7 y 14.624,4), a los que habría que sumar los más de 1.700 millones previstos para el IRPF que ahora se acaba de liquidar y los casi 1.700 previstos para este ejercicio.

Una medida carente de eficiencia y de progresividad

"La compra de vivienda es como una inversión, aunque lo que importa es que la gente pueda acceder a ella con un precio razonable", apunta el economista sobre la política de vivienda y los incentivos fiscales, entre los que la deducción por adquisición "no cumplió su objetivo porque los promotores lo incluían en el precio".

En cualquier caso, la existencia de esas ayudas, más bien ineficientes, para quienes compraron su casa hace una década o más coincide en el tiempo con un endurecimiento de las condiciones de acceso a la vivienda por la combinación de prácticas especulativas y el encarecimiento de los materiales y con el regreso del euríbor a los niveles de hace diez años.

Paradójicamente, a la ineficiencia se le añade la falta de progresividad, ya que la deducción media aumenta cuanto mayor es la renta del contribuyente: en 2020 alcanzaba los 460 euros para quienes ingresaban hasta 12.000 euros brutos al año, se iba a 584 para quienes ganaban de 21.000 a 30.000 y se situaba por encima de los mil para los contribuyentes que percibían más de 60.000.

Rodríguez, por otra parte, pronostica una subida también en los precios de los arriendos. "Ha habido muchas compras de vivienda como inversión, para dedicarla al alquiler, que es a lo que tiene que recurrir la gente con bajos salarios, y eso va a hacer que los precios suban", señala el economista, que reclama facilidades para la construcción de vivienda social de alquiler, como la activación de líneas de crédito y/o de avales para los promotores ante la imposibilidad de que las propias administraciones impulsen esas obras.