Tras nueve días sin anunciar ninguna medida más allá de velar por el cumplimiento de los servicios mínimos, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha decidido intervenir en el conflicto con un ultimátum para que empresas concesionarias y sindicatos lleguen al acuerdo que permita poner fin a la huelga de limpieza viaria y jardinería: 'Si en 48 horas no alcanzan un acuerdo, la empresa pública Tragsa se encargará de cumplir los servicios mínimos'. Así lo ha comunicado Botella en una rueda de prensa convocada a última hora en la que parecía superada por la situación.

La regidora ha vuelto a desvincular al Ayuntamiento de la responsabilidad que tanto oposición como sindicatos le achacan sobre el paro indefinido y ha cargado duramente contra los piquetes, a los que responsabiliza del actual estado de las calles debido a 'actos vandálicos y sabotajes'.

También ha acusado a los sindicatos de no respetar el derecho de huelga al impedir que algunos trabajadores de servicios mínimos no puedan cumplirlos. 'Hemos respetado la negociación entre empresas y trabajadores, pero las partes no han avanzado y Madrid no puede esperar más cuando no se cumplen los servicios mínimos', ha advertido.

Ante ello, la primera edil ha anunciado que ha presentado una denuncia ante la fiscalía para que tome parte en el cumplimiento de los mínimos y pretende que sea la empresa pública Tragsa la que se encargue de limpiar la suciedad que las cuatro empresas privadas que se adjudicaron el megacontrato integral de los servicios no son capaces de recoger debido a la huelga indefinida que los sindicatos convocaron el pasado 5 de noviembre contra el despido de 1.134 trabajadores y la negociación del nuevo convenio colectivo que pretende aumentar la jornada laboral de barrenderos y jardineros, además de una reducción salarial de 43%.

'Esta huelga salvaje ha tomado a los madrileños como rehenes' Botella ha asegurado que el coste de la contratación de Tragsa correrá a cargo de la empresas concesionarias, a las que les será descontado de su retribución durante el tiempo que dure la huelga al no ser capaces de hacer cumplir los servicios mínimos, por lo que 'no costará ni un euro a los madrileños', a quienes ha pedido disculpas por 'el chantaje de esta huelga salvaje que les ha tomado como rehenes'.

Sin embargo, la alcaldesa pocos datos nuevos ha podido aportar. Asegura que los servicios mínimos, del 40% en limpieza y del 25% en jardinería, no se cumplen pero no ha aportado ninguna cifra. Siempre a la defensiva, Botella sigue sin reconocer que el contrato integral de limpieza y conservación de los espacios públicos que puso en marcha el pasado agosto suponga un problema para la prestación del servicio y, lejos de mediar entre empresas y sindicatos para acercar posturas, lanza este órdago que encenderá aún más el conflicto. Según la alcaldesa, el nuevo contrato'supondrá una mejora para los madrileños' y no se plantea rescindir el contrato con la empresas FCC, Cespa (de Ferrovial), Valoriza (de Sacyr) y OHL-Ascan ni, mucho menos aún, municipalizar el servicio, como han pedido algunos sindicatos.

Lo cierto es que en los tres meses que el contrato lleva en manos de estas cuatro constructoras, el Consistorio ha penalizado con más de un millón de euros a la empresas por no cumplir con la calidad del servicios y los madrileños han vivido un descenso considerable en la prestación que ya se notaba incluso ante de la huelga .

'Es lamentable lo que se publica sobre la huelga en la prensa internacional', ha sostenido, pero le ha quitado hierro al compararla con otro paro de recogida de basura en Nueva York que 'duró 21 días y siguió siendo líder como destino turístico'. También ha negado que exista riesgo sanitario.

Arropada por algunos miembros de su equipo Gobierno, como el portavoz Enrique Núñez; el delegado de Medio Ambiente, Diego Sanjuanbenito, o su coordinador general, Juan Antonio Gómez-Angulo, la regidora no ha querido hacer declaraciones sobre las críticas que la huelga ha levantado en el seno de su partido

y ha concluido la rueda de prensa volviendo a criticar la'actitud vandálica' de los piquetes que han llevado a 'que una huelga de limpieza se confunda con una de recogida de basura'.

Tragsa, la empresa pública que se encargará de cumplir los servicios mínimos lo que dure la huelga indefinida en limpieza viaria y jardinería de Madrid, también estaba en huelga hasta hace sólo dos días.

Los trabajadores de la empresa y de su filial Tragsatec convocaron un paro de 24 horas el pasado jueves contra el despido colectivo que el grupo presentó el pasado 17 de octubre.

En total, el ERE afectaba a 1.639 empleados en las distintas comunidades autónomas - 836 en Tragsa y 803 en Tragsatec-, casi un 17% de la plantilla total, a los que se añadía el cese de actividad de miles de trabajadores eventuales y fijos discontinuos, suponiendo el mayor ERE en una empresa pública en los últimos años.

Casualidad o no, el pasado lunes, los sindicatos UGT, CCOO y CSIF - también CGT aunque por imposibilidad de mantenerla en solitario-decidieron desconvocar el segundo día de huelga , que habría sido este martes, al alcanzar una acuerdo con la dirección para rebajar a la mitad el número de afectados por el ERE, contando con la mediación del Ministerio de Agricultura -su principal cliente- para que los directivos del ente público se redujeran el sueldo. Los trabajadoras también aceptaron una progresiva rebaja del salario y la jornada.