El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, hoy lo tenía claro. Hay que hacer aflorar el dinero negro oculto en España o en otros países y convertirlo en capital 'legal'. Y hay que conseguirlo a cualquier precio. Tanto es así, que el Gobierno ha anunciado hoy una amnistía fiscal para el capital que retorne a España o que esté oculto dentro del país, que sólo tendrá que pagar un 'gravamen especial' del 8% o el 10%, quedando así exonerado de cualquier penalización o sanción, y por la que el Gobierno espera recaudar 2.500 millones de euros.

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, Montoro indicó que los contribuyentes que así lo deseen y afloren el capital oculto quedarán regularizados a cambio de pagar este gravamen especial, un procedmiento que, según el ministro, recomienda la propia OCDE en países con especiales dificultades económicas y que ha funcionado en otros estados de Europa.

La claridad demostrada por Montoro contrasta hoy con lo que exponían hace dos años los principales líderes del Partido Popular. Mariano Rajoy y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, cuando rechazaban en 2010 un plan similar de regularización fiscal que estudiaba el Gobierno de Zapatero, calificándolo de 'impresentable', 'injusto' y 'antisocial'. Cospedal llegaba entonces a señalar que la amnistía planteada por el Ejecutivo de Zapatero resultaba una 'paradoja': 'a los que pagan impuestos se les sube' y 'a los que no, se les perdona'.

Pero hoy esta fórmula fiscal sí parece necesaria para el Gobierno de Mariano Rajoy. La amnistía que se ha aprobado a través de un real decreto-ley que acompañará los Presupuestos de 2012, fija un gravamen específico del 8% para los dividendos o participaciones en beneficios de fuente extranjera derivados de la misma fuente que se repatríen hasta el 31 de diciembre de 2012.

Con este gravamen, las entidades que no han podido beneficiarse de la exención prevista para los dividendos y rentas de fuente extranjera por estar alguna de las sociedades en un país de reducida tributación estarán estimuladas para repatriar fondos a un coste reducido. Debe tratarse siempre de sociedades que estén dentro del grupo mercantil y perfectamente identificadas en la contabilidad de la sociedad.

Asimismo, se implanta otro gravamen especial del 10% de atracción de rentas no declaradas por contribuyentes del IRPF, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Hacienda endurecerá el régimen sancionador tributario en 2013, pero con anterioridad permitirá una regulaización extraordinaria de capitales, previo pago de este gravamen complemetario del importe de los bienes y derechos aflorados.

Los contribuyentes podrán presentar una declaración confidencial para regularizar su situación tributaria. El plazo de presentación y su ingreso finaliza el 30 de noviembre.

Consciente de las necesarias justificaciones, Montoro se afanó en explicar, en numerosas ocasiones, que se trata de una medida 'excepcional y extraordinaria' para afrontar la importante caída de la recaudación de los ingresos y que, una vez pasada esta oportunidad para la regularización del capital oculto, el anteproyecto de ley de lucha contra el fraude, que el Gobierno aprobará tras la Semana Santa, endurecerá los controles y las sanciones por fraude fiscal.

'La idea (la amnistía fiscal) me podrá gustar más o menos, pero tengo que hacerla porque en el país hay que ingresar sin subir los impuestos indirectos, que perjudicarían la economía. Son medidas difíciles para tiempos difíciles y si se consigue recaudar más, será positivo para todos', indicó Montoro, que animó a los contribuyentes que puedan acogerse a esta regularización a que lo hagan 'lo más pronto posible' porque, pasado este año, se van a encontrar con un plan de lucha contra el fraude 'muy severo'.

Además, cargó contra el Gobierno de Zapatero, al reiteró que el Consejo de Ministros no ha tenido más remedio que adoptar una medida de este tipo porque el Ejecutivo anterior no corrigió suficientmente el fraude. 'Se trata de que el incumplidor tributario sea una clase a extinguir', reiteró.

Junto con esta amnistía fiscal, el Gobierno ha incluido en los Presupuestos de 2012 una subida adicional del Impuesto sobre Sociedades, que se suma a las ya aprobadas para el caso del IRPF y a la recaudación prevista por el proceso de regularización voluntario. Con todas estas medidas, prevé recaudar 12.314 millones de euros extra. Concretamente, el incremento de Sociedades aportará 5.350 millones de euros, el incremento del IRPF 4.100 millones y la amnistía fiscal 2.500 millones.