Un año sin ETA

Un año después del "cese definitivo de la actividad armada" declarado por ETA el 20 de octubre de 2011, muchos cambios favorables pueden apreciarse en la vida cotidiana en las calles del Euskadi, donde los políticos de todos los partidos pueden moverse con una libertad desconocida, sin atentados ni amenazas, y se ha reducido a la mitad el número de personas que precisan escolta para ir seguros a comprar el pan.

En el terreno político, el Gobierno de Mariano Rajoy ha dado tímidos pasos en la dirección del acercamiento a cárceles vascas de presos etarras, con un plan de reinserción que no termina de encontrar eco en el frente de los reclusos, reacios a seguir la línea que Interior les señala.

Además, ha esbozado un proyecto para que antiguos miembros de la banda puedan regresar a su tierra si no tienen causas pendientes. Pero cualquier tipo de negociación con la organización es públicamente desechada, y los portavoces gubernamentales repiten desde hace un año, como una letanía de argumentario, que el cese del terrorismo no es suficiente y que lo que toca es la entrega de las armas ante la contrastada falta de credibilidad de los etarras. Es verdad que la postura se cimenta en la bestial forma que tuvieron los terroristas de romper su último diálogo con un Ejecutivo español en 2007, con la bomba de la T-4 de Barajas.

El político gallego cuenta con la ventaja del apoyo incondicional y expreso del principal partido de la oposición, el PSOE, todo lo contrario de lo que le sucedió a Rodríguez Zapatero en la tregua de 2006, durante la cual tuvo todos los días al PP enfrente denunciando pactos secretos y cesiones intolerables a ETA.

Rajoy está probando su propia medicina con las críticas de Mayor Oreja a su política

Sin embargo, el PP está probando de su propia medicina en las reacciones de las asociaciones de víctimas del terrorismo y del ala más dura de su partido, liderada por el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja, que ha llegado a acusar al Ejecutivo de Rajoy de continuar la hoja de ruta fijada en el supuesto pacto con ETA forjado en la anterior legislatura.

El impulso dado por el Gobierno a la excarcelación de un solo etarra, Josu Uribetxebarria Bolinaga, por razones humanitarias debido a que padece cáncer terminal, levantó una frontal contestación en el colectivo de víctimas. La condición de secuestrador del funcionario de prisiones Ortega Lara del beneficiado, no propició precisamente un tratamiento pacífico del asunto. Tras las críticas recibidas, el ministro del Interior Jorge Fernández Diaz se apresuró a arriar velas y dijo que los otros 13 presos enfermos cuya libertad pide la izquierdas abertzale no reúnen las condiciones legales para salir de la cárcel.

En el espinoso terreno de los presos, el Ejecutivo y los tribunales españoles tendrán que lidiar en breve con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha declarado que la denominada 'doctrina Parot', que ha prolongado la estancia en prisión de casi 80 etarras, vulneró la libertad de la reclusa Inés del Río Prada. El Gobierno ha recurrido el caso ante la Gran Sala del mismo tribunal, que en un pequeñísimo porcentaje suele revocar sus propias resoluciones.

Una confirmación del fallo podría abrir la puerta de la cárcel a unos 60 presos, entre ellos los nombres que mayor estupor causan en la opinión pública por el historial delictivo que acumulan, aunque lleven en prisión más de veinte años. La solución de este problema será una piedra de toque para conocer la velocidad del proceso, porque sobre su viabilidad parecen no tener dudas ni en el Gobierno ni en la izquierda abertzale, con su líder, el encarcelado Arnaldo Otegi, a la cabeza. La salida de este último de prisión, si el Constitucional u otras circunstancias no le benefician, está prevista para abril de 2016.

Al sector mayororejista del PP no parecen convencerle las cifras que airea el Gobierno para mostrar que mantiene una política inflexible con ETA mientras no entregue las armas. En el año transcurrido, han sido detenidos 28 presuntos miembros de ETA, el último de ellos este mismo viernes en Irún, con la peculiaridad de que es la primera vez en la historia que España detiene a un presunto etarra para entregarlo a Francia, y no al revés, como fue habitual desde hace más de treinta años. Reflejos del cambio.

Reflejo del cambio es que el Gobierno no ha instado la ilegalización de Bildu en las elecciones vascas

Por el lado abertzale, la otra cara del sandwich donde está metido el Gobierno, exigen al Ejecutivo gestos en favor del proceso, al considerar que son los únicos que están moviéndose. Sin embargo, el aval del Constitucional para que Bildu se presentase a las elecciones municipales y la propia inacción del Ejecutivo de Rajoy para impedir que vuelva hacerlo en las elecciones autonómicas de este domingo, hablan sin duda de cambios notables también en el tablero político vasco.

Siete diputados en el Congreso de los Diputados, la alcaldía de San Sebastián, la presidencia de la Diputación Foral de Guipúzcoa...Nunca antes la izquierda abertzale había tocado tanto poder institucional, beneficiada por la ausencia de atentados de ETA. Además, el pasado mes de junio, el Constitucional también legalizó a la marca Sortu, que destacó por establecer en sus estatutos el rechazo expreso a la violencia. Según las encuestas, la jornada de este domingo puede marcar el regreso del nacionalismo vasco al Gobierno autonómico, sucediendo al periodo del socialista Patxi López.

El saldo del primer año sin ETA ha sido visto seguro por las víctimas de ETA como excesivamente rápido en concesiones por parte el Gobierno, y como demasiado lento, por el mundo abertzale. Pero después de 53 años de historia terrorista, el asesinato de 829 personas y una decena de treguas anteriores sin frutos, no parece esperable un cambio de velocidad. Aunque hubo varios pasos anteriores a la declaración del 20 de octubre.

ETA, por su parte, insiste en el abandono de la violencia y en querer forzar una negociación con España y Francia, pese al nulo eco encontrado en los gobiernos de ambos países. La organización, en la que la Policía calcula que quedan cien integrantes en libertad, más unos 700 presos, abrió hace meses un proceso interno de reflexión que culminará antes de fin de año y donde baraja dejar el liderazgo político totalmente en manos de la denominada izquierda abertzale, aunque de momento no aceptan su disolución y se reservan un papel en el proceso de diálogo no abierto.

En la órbita de la cúpula de ETA, la Policía sitúa de nuevo a Josu Urruticoetxea Bengoetxea, 'Josu Ternera', muñidor por parte de la banda de la tregua del 2006, y que huyó hace años tras ser imputado por el Tribunal Supremo como inductor del atentado contra la casa-cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza.