Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez Zapata son los únicos magistrados que se oponen a la incorporación al procedimiento de la carta de seis de sus compañeros en la que niegan la información de El Mundo en la que el PP dijo haber basado la recusación de Pablo Pérez Tremps, Pascual Sala y Manuel Aragón.

Consideran que es una 'prueba preconstituida', es decir, realizada antes de empezar a tramitar el incidente de recusación y por tanto extemporánea. García-Calvo, que no asistió al encuentro en cuestión, por no encontrarse presente en el alto tribunal cuando se convocó, llega incluso a negar lo que dicen sus seis compañeros, los tres recusados por el PP, la presidenta, María Emilia Casas, y el vicepresidente, Guillermo Jiménez .

'No se corresponde con lo que en realidad ocurrió en la reunión del 12 de junio', afirma en su voto particular a la providencia por la que el Pleno acordó el jueves trasladar a las partes la pieza de consulta que abrió Vicente Conde, presidente accidental del TC en el recurso presentado por el PP contra la prórroga de mandato de Casas. Conde pretendía con esta medida preguntar a sus compañeros sobre cómo se debía solucionar la crisis abierta por la recusación de cinco de sus miembros.

Conversación privada con él

En su voto y en la carta en la que adelanta su postura sobre el procedimiento a seguir, García-Calvo se permite la licencia de cuestionar el que el magistrado conservador Ramón Rodríguez Arribas firmase la carta que quita todo crédito a la recusación del PP. 'Este magistrado manifestó -no sólo en conversaciones privadas con otros magistrados, entre ellos el que firma este escrito- que su posición en la reunión mantenida con el resto de los firmantes (...) había sido plantear' a la presidenta que dimitiera 'antes de la convocatoria de un Pleno en el que, posteriormente, se ratificaría su mandato'.

'Conociendo la verdad que acompaña siempre las manifestaciones de nuestro compañero (...), no dudamos de su entereza para ratificar ante quien proceda y cuando la ocasión lo solicite, las afirmaciones precedentes, porque éstas dejan en evidencia, con contundencia' que la carta que firmó negando la noticia utilizada por el PP no se corresponde con la realidad.

La afirmación de García-Calvo obligó a Rodríguez-Arribas -partidario de que 'no se adopte ninguna decisión precipitada', porque, en su opinión, hacerlo puede 'abrir heridas y dividir al tribunal'- a redactar una nueva carta. En ella vuelve a negar que en el encuentro se hablase de la constitucionalidad de la reforma, pero matiza que efectivamente le dijo a Casas que dimitiera para que el Pleno volviera a nombrarla.

Devolución a los autores

A pesar de que el aludido niega, en definitiva, por dos veces el argumento del PP para cuestionar la imparcialidad de tres magistrados, García-Calvo y Rodríguez-Zapata consideran que la primera carta debe ser devuelta a sus autores y no tenida en cuenta por el tribunal.

Con esta postura tratan de evitar que la recusación del partido presidido por Mariano Rajoy sea rechazada de plano y después se pase a estudiar la del Gobierno, basada en la carta que ambos mandaron a Casas en la que adelantaban que la reforma de la ley reguladora del TC era insuficiente para prorrogar su mandato.

Como, rechazada la impugnación del PP, ellos sí podrían tener que ausentarse del Pleno y no decidir sobre la que les afecta directamente, Rodríguez-Zapata insiste en equiparar ambos incidentes y en pedir que las del Gobierno se vean antes, porque fueron presentadas con una semana de diferencia.

'Ninguna manifestación de los magistrados, fuera hecha en las reuniones a las que fuimos convocados por la presidenta, en llamadas telefónicas, correos electrónicos, notas, cartas o escritos dirigidos a la misma puede ser objeto de conocimiento público. Cuando ello se produce (...), su contenido no puede ser utilizado para contruir sobre desnudos recortes de prensa, una recusación', insiste.

Según este magistrado, hacer lo contrario 'llevaría al absurdo' de instalarles 'en la cultura de la sospecha'.