Ministerio del Interior El largo año de Zoido, el ministro de la improvisación y las excusas

Juan Ignacio Zoido recibió la cartera de ministro del Interior el 4 de noviembre de 2016 y, rápidamente se vendió de él la imagen de una persona firme pero amable y dialogante. Un hombre de leyes, exmagistrado del TSJA y, años después, político que puso orden en el PP andaluz y que ganó con mayoría absoluta la alcaldía de Sevilla en 2011. Poco más de un año después, su imagen pública es la de un ministro envuelto en múltiples polémicas. Se le critica su falta de previsión y una improvisación constante ante situaciones que siempre define como “extraordinarias” y “difíciles” y para las que acostumbra a encontrar un culpable externo.

Su llegada al cargo no fue fácil. Recibió una herencia compleja de manos de Jorge Fernández Díaz, artífice de una brigada política en la policía que, desde las cloacas del Ministerio, urdía informes e investigaba a rivales políticos. Un año después, Zoido no ha eliminado esta estructura, sino que la ha reconstruido con personas de dudosa capacidad.

La 'morriña andaluza' de Zoido

No ha debido de resultarle fácil el traslado de Sevilla a Madrid. Una de las críticas más recurrentes al ministro viene por su habilidad innata para cuadrar una agenda oficial con actos cerca de Sevilla cada lunes. Ya sea una visita a una fábrica de polvorones o al Museo de Bellas Artes, raro es el fin de semana que no se alarga un día más en su ciudad.

Pero la morriña andaluza del ministro también queda patente en sus cargos de confianza. Con él llegaron a Madrid una decena de amigos y colegas del partido en Andalucía a los que ha ido colocando en diferentes altos cargos en los que no tienen experiencia. Entre ellos destacan Germán López Iglesias, actual director de la Policía y exdelegado del Gobierno de Extremadura, donde creció Zoido; José Manuel Holgado, colega de magistratura del ministro y ahora nuevo director de la Guardia Civil, y José Antonio Nieto, exalcalde de Córdoba y actual secretario de Estado de Seguridad. Este último fue el protagonista de una de las primeras polémicas del ministro. La Fiscalía Anticorrupción le acusó de avisar a Ignacio González y a su presunto clan de corrupción en el Canal de Isabel II de que estaban siendo investigados en el caso Lezo.

Pero Nieto no es el colaborador que más problemas le ha acarreado a Zoido, sino Gregorio Serrano, amigo personal del ministro, su teniente de alcalde en Sevilla y, actualmente, al cargo de la Dirección General de Tráfico. Serrano estuvo en el centro del primer escándalo del Ministerio tras conocerse que Interior le dio a dedo un piso en Madrid propiedad de la Guardia Civil y que pagó con dinero público una reforma integral por valor de 50.000 euros.

El colapso de la AP-6

El último problema que ha puesto en entredicho la capacidad de Zoido y de Serrano para el cargo les cayó literalmente del cielo el día de Reyes. Un temporal con fuertes nevadas dejó atrapados durante 17 horas a 3.000 conductores y sus familias en plena operación retorno de las vacaciones de navidad. Cuando la AP-6 comenzaba a colapsarse, el ministro estaba viendo el fútbol en el estadio del Sevilla. Ni máquinas quitanieves ni avisos a los conductores ni patrullas de la Guardia Civil de Tráfico aparecieron durante aquella larga noche, pese a que las previsiones meteorológicas eran claras.

Antes de acusar a la concesionaria, Interior deslizó que los conductores también eran algo despreocupados a la hora de coger el coche

"No admito que se piense que estaba en el partido de manera despreocupada", aseguró el pasado miércoles en el Congreso, cuando la oposición le pedía explicaciones por la falta de previsión. La culpa, dijo, no era suya. Tampoco del director general de Tráfico. La culpable fue la empresa concesionaria de la autopista, ante la que Tráfico tiene, por lo visto, las manos atadas. Antes de acusar a la concesionaria, Interior deslizó que los conductores también eran algo despreocupados a la hora de coger el coche.

Represión policial del 1-O

Ya llovía sobre mojado, porque algunos meses antes el ministro había vuelto a hacer gala de su escasa planificación con el macrodespliegue policial para evitar el referéndum independentista en Catalunya. El barco de crucero con la cara de Piolín siempre quedará en la memoria del país como un ejemplo de pura improvisación que también desató las carcajadas. No le hizo tanta gracia a los miles de policías y guardias civiles que tuvieron que vivir en sus camarotes durante los tres meses que duró el operativo.

Interior gastó 87 millones de euros en la llamada Operación Copérnico, pero el precio que está pagando por este despliegue es mucho más alto. Los propios policías denunciaron el “desastre” del operativo policial del día del referéndum. El departamento de Zoido no fue capaz de localizar las famosas urnas chinas, le fue imposible frenar la impresión y distribución de las papeletas y, sobre todo, no fue capaz de impedir que millones de catalanes votaran.

Lo que sí consiguió Zoido fue que la prensa internacional calificara como “la vergüenza de Europa” la brutal represión a los votantes. Hubo alrededor de mil personas heridas a manos de policías y guardias civiles, que cargaron contra votantes pacíficos e indefensos en varios colegios electorales. Una “fuerza mínima” ante un “tumulto acosador”, ha declarado el ministro. Pero lo cierto es que se llegaron a disparar incluso pelotas de goma, pese a que el Parlament prohibió este tipo de armamento.

Roger Español perdió un ojo por uno de esos pelotazos cuando fue a votar al colegio Ramon Llul de Barcelona. Hace un mes presentó una querella contra tres policías a los que acusa de haberle provocado las heridas. Esta actuación y la posterior aplicación del artículo 155 han deteriorado las relaciones entre Interior y los Mossos d' Esquadra, ya resentidas tras los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils el pasado agosto.

Pero al mismo tiempo ha puesto sobre la mesa una vieja reivindicación de las fuerzas de seguridad españolas. Miles de policías y guardias civiles se han manifestado para pedir a Zoido la equiparación de sus salarios con el de los agentes de las policías autonómicas. El ministro ha cedido y ha prometido destinar hasta 1.500 millones en tres años para ello, aunque está sujeto a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Redefinición del delito de odio

Los recelos ante la actuación policial en Cataunya le han servido al ministro como excusa perfecta para estrechar aún más el cerco a la libertad de expresión. Zoido, que también es heredero de la 'ley mordaza' de Fernández Díaz, ha ampliado la definición del delito de odio más allá de lo estipulado en el Código Penal para que "todos los que les han faltado el respeto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado paguen judicialmente por ello", afirmó.

"Que todos los que les han faltado el respeto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado paguen judicialmente por ello"

La maniobra, criticada por expertos en Derecho Penal, ha ido acompañada de un gabinete específico para que los agentes denunciaran delitos de odio contra ellos. En pocos días, Interior tramitó más de un centenar de denuncias por delitos de odio y desobediencia tras el referéndum del 1-O.

Sin planes para la inmigración

La inmigración es otro de los asuntos que más problemas y críticas le acarrean a Zoido, no sólo por parte de la oposición, sino también por parte de ONG, juristas e incluso el Defensor del Pueblo. Las cifras oficiales de la "lucha contra la inmigración irregular" llevan sin publicarse desde el 2015, aunque los datos de Cruz Roja y Salvamento Marítimo han dejado claro que las llegadas de migrantes en pateras ha repuntado con fuerza el año pasado, con más de 20.000 llegadas, el doble que el año anterior. Son las cifras más altas de los últimos años, sólo superadas por las de 2006, cuando casi 40.000 migrantes llegaron a España en la llamada crisis de los cayucos a Canarias.

Pese a que la tendencia al alza se advertía desde hace años, la estrategia de Interior para gestionar estos flujos migratorios sigue siendo el control de fronteras mediante prácticas condenadas por Estrasburgo por vulnerar los derechos humanos. Sin embargo Zoido insiste en la legalidad de las devoluciones en caliente, en culpar a las mafias del tráfico de personas, a los propios migrantes y a las ONG que les asisten. El resultado es dramático. En 2017, las muertes de migrantes en la frontera sur se han triplicado respecto al año anterior. “No es nuestra responsabilidad que los inmigrantes decidan huir”, se ha excusado el ministro ante el Congreso.

Archidona, una cárcel para migrantes, menores y refugiados

Al mismo tiempo, los Centros de Internamiento de Extranjeros del país están tan saturados que, ante una llegada masiva de migrantes a las costas de Murcia en noviembre, Zoido improvisó uno nuevo: la cárcel de Archidona, en Málaga. Un centro penitenciario que aún no había sido inaugurado porque no estaba listo para los reclusos. Ni siquiera había agua potable. De la noche a la mañana internó allí a casi 600 argelinos sin tener listos los servicios básicos necesarios. Entre ellos había 11 menores y decenas de solicitantes de asilo. Las protestas y motines de los internados allí fueron una constante, sobre todo por el frío y la falta de comida. Uno de ellos se acabó suicidando tras 18 horas de aislamiento. Las explicaciones de Zoido han sido una vez más insuficientes para la oposición y para las organizaciones sociales, que criticaron la medida desde el minuto uno y pusieron en duda su legalidad.

De la noche a la mañana internó allí a casi 600 argelinos sin tener listos los servicios básicos necesarios

Otro de los suspensos de Zoido ha sido el de la acogida de refugiados. España apenas ha cumplido con el 10% de las cuotas de reasentamiento y reubicación que impuso Bruselas en 2015. Lejos de hacer autocrítica, llegó a afirmar que las autoridades de Grecia, donde se hacinan en condiciones infrahumanas miles de refugiados, no disponía de solicitantes de asilo que reunieran el perfil para ser reubicados en España. Tanto Zoido como el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, han sido reprobados por el Congreso por este fracaso que también es europeo.