oleada de deshauciosLos vecinos de Entença 151 denuncian un desalojo ilegal de 4 familias

Un desahucio "violento e irregular", según la Obra Social de la PAH en Barcelona, fue lo que tuvo lugar ayer en la calle Entença 151 de Barcelona. Un bloque de edificios de propiedad vertical, a punto de pertenecer a una Socimi (Sociedad Cotizada Anónima de Inversión en el Mercado Inmobiliario) y a escasos metros de la recientemente cerrada cárcel de la Modelo. Esta mañana, una empresa subcontratada por el administrador de fincas empezaba a tapiar sin licencia dos de los 4 pisos que los mossos d'esquadra desalojaron ayer sin orden judicial. La denuncia de los vecinos y la presencia mediática han dejado el muro de ladrillos que debería condenar la puerta a medias.

El bloque de viviendas está en manos de una familia. Montserrat Gallofré acumula el 50% de la propiedad, mientras el resto se divide entre tres familiares, que disponen del 16% cada uno. Como ha podido saber el abogado que les lleva el caso, el 30 de noviembre la propiedad pasará a manos de Renta Corporación. Se trata de un grupo inmobiliario cuyo eslogan reza "transformamos edificios, creamos valor" y está "especializado en la adquisición, rehabilitación y venta de inmuebles ubicado en localizaciones prime de grandes ciudades", define en su página web. Así, el destino de los inmuebles de Entença 151 una vez estén en manos del grupo será su rehabilitación y posterior venta a precios más altos de los que se pagarían ahora. 

En el currículum de la empresa figuran los exministros del PP, Anna Birulés y Josep Piqué, que formaron parte de la empresa hasta 2004 y 2007 respectivamente, lo que le ha valido al grupo el título de "la promotora de los amigos del PP", aunque Carlos Solchaga, exministro socialista, también fue consejero de la empresa en 2006. Renta Corporación apareció en el caso ITV de Convergència, en el que se investiga a Oriol Pujol Ferrusola. El hijo del expresident habría intervenido en la refinanciación de la promotora que pasó por un concurso de acreedores en 2013.  

"Se abrieron cuatro pisos sin permitir a la gente volver a entrar a por sus cosas", denuncia una miembro del Grup d'Habitatge de Sants. Entre ellos, el de Sandra y su hijo de 7 años. Ella se quedó sin trabajo el pasado mes de febrero y pronto no pudo seguir pagando el alquiler del piso en el que vivía. Llegó a Entença 151 el pasado sábado. Ayer había salido cuando se produjo el desalojo, para el que bastaron los tres cuartos de hora que madre e hijo abandonaron el piso. "Ya no pudimos acceder a nuestra casa", se queja, pero lo peor vino después: "la solución que me ofrecieron fue dos noches, a lo sumo tres, en un alojamiento pagado por el Ayuntamiento". Después de eso, volver a iniciar los trámites en los servicios sociales que ya hizo hace unos meses, asegura, "para seguir en la calle". 

También desalojaron a Encarna, una mujer de 68 años. Su vecino del 1º 1ª, Juan Gómez, el único que aún tiene un contrato de alquiler indefinido, ha dicho que ayer vio a la propiedad "con una barra de hierro de dos metros, al lado de la policía" sacar a Encarna y retenerla "a la fuerza" en la acera de la calle para que no pudiera volver a entrar. Les gritó desde su ventana que lo que estaban haciendo era ilegal y que él era testigo de que las personas a las que se desalojaba llevaban días viviendo allí y no se trataba de un desalojo exprés.  

Las cuatro viviendas se okuparon el pasado sábado, otro argumento que choca con la versión policial que alegó su entrada en los pisos sin orden en que se estaban allanando en esos momentos, circunstancia en la que la ley permite su actuación. Los vecinos se quejan especialmente de que los mossos no les escucharan. "Se fiaron de la versión falsa que les dio la propiedad", ha manifestado Gómez, al que le pareció que el cuerpo no actuaba conforme a la democracia.  

Aún quedan otros vecinos con contratos de alquiler temporales que tampoco quieren dejar de vivir en el edificio. Una de ellas recibió el burofax que le indicaba que no se renovaría el contrato hace unas semanas y continúa pagando la renta por giro postal. Lleva 18 años viviendo en Entença 151 y considera "traumático" que "te echen de un día para otro". Le dieron un mes y medio para abandonar el piso, aunque pretende seguir allí.  

Los mossos no permitieron entrar a los abogados ni a los periodistas que se acercaron para informar de los que estaba sucediendo durante el desalojo. La justificación fue que se encontraban allí tratando de parar una okupación, para lo que pusieron en marcha protocolos destinados a situaciones de delitos muy graves, como ha señalado Sonia Olivella, abogada de Irídia, el centro para la defensa de los derechos humanos que se hace cargo del caso. "No es posible que se utilice de forma tan desproporcionada la violencia cuando esta no existe por parte de la ciudadanía", insistía Olivella, que investigará los hechos para llevarlos a la justicia. También escrutarán las circunstancias del desahucio sin orden judicial, "posible sólo en situaciones de delito flagrante".  

En el desalojo de ayer, en el que estaban algunos miembros de la PAH, bregados en la resistencia pacífica a los desahucios, hubo violencia policial. Una de las presentes llevaba hoy un collarín y un brazo vendados por policontusiones, así como otro miembro de la plataforma, Juan Francisco Sierra. En su caso los golpes fueron más leves, con magulladuras y alguna contractura, como describe el parte médico del Hospital Clínic.  

Uno de los portavoces de la Obra Social de la PAH acusó a la policía del "acoso" que sufren y de la "ilegalidad" con la que actúan, al basarse sólo en la versión de la propiedad para sus intervenciones. Mientras transcurría la rueda de prensa, el portavoz ha anunciado que los mossos estaban procediendo a otro desalojo sin orden judicial en la calle Sugranyes 9. El bloque, en el que viven varias familias con hijos menores, se okupó hace cuatro meses.  

Al albor de los comentarios un vecino que forma parte de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) comentaba que a diferencia de otros años, los desahucios no han parado en agosto: "antes decíamos que la PAH se podía ir de vacaciones este mes, ahora parece que lo aprovechan para que no tenga tanto impacto mediático".