Si hay algún momento propicio para arrancar algún compromiso de los políticos o, al menos, sacarles los colores, ese es el de las jornadas previas a las elecciones. Esa es la convicción que subyace a las protestas que los usuarios, proveedores y trabajadores de los servicios públicos están protagonizando durante los últimos días. Médicos, profesores, padres de alumnos, empresas de material sanitario, defensores de la Ley de la Dependencia y conductores de metro y autobús, entre otros, han intensificado sus habituales acciones de protesta en una especie de sprint final de legislatura.

La última protesta se produjo ayer, en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, donde la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública reunió a centenares de niños, padres y profesores. Sus pancartas y batucadas se mezclaron con la de los jóvenes del Movimiento 15 de mayo, acampados en el mismo lugar. El resultado era un cuadro reivindicativo de lo más variado, pero con cierta coherencia. Entre los improvisados carteles de las personas que ocupan desde hace días la plaza abundaban las críticas a las multimillonarias inversiones en grandes eventos del Con-sell. Unos metros más allá, los niños enarbolaban pancartas contra los barracones en los que estudian miles de alumnos por falta de dinero para construir colegios.

Los padres protestancontra los barracones que Camps denomina colegios

La protesta se extiende a la semiprivatización que el PP ha adoptado como modelo en la gestión de los servicios públicos. En concreto, los concentrados ayer se quejaron de que las guarderías construidas con dinero del Plan E sean de gestión privada. 'Queremos llamar la atención sobre los políticos, que no pueden eludir sus responsabilidades', resumió Ferran García, de CCOO.

El mismo sindicato eligió también el día de ayer para protestar por el 'electoralismo' del Consell, que a falta de dos meses para las elecciones aprobó de una tacada más de 9.000 solicitudes de prestaciones de acuerdo con la Ley de Dependencia, frente a las 200 de media mensual que se aprueban normalmente. Lo peor, se queja CCOO, es que se quedó en un mero anuncio porque los dependientes todavía no han cobrado. El sindicato acusa al Consell de actuar 'a golpe de urnas'. Por su parte, fuentes de la Conselleria de Benestar Social afirman que el 50% de ellos ya están cobrando y que la otra mitad lo hará en breve. Además, achacan a una 'cuestión administrativa' que 'algunos meses del año' acceda al sistema de pro-tección un número de personas mayor del habitual.

Las carencias contrastan con la opulencia de los eventos deportivos

Los pediatras del nuevo hospital de la Fe se unieron al frenesí reivindicativo de la jornada de ayer. En las puertas del centro, entonaron por enésima vez su queja desesperada contra la estructura del recién estrenado edificio. Los médicos se lamentan de que no hay un espacio propio para los niños, que se cruzan continuamente con los pacientes adultos. Héctor Cortina, miembro de la Asociación en Defensa del hospital Infantil La Fe, calificó el nuevo hospital, en el que se invirtieron 400 millones de euros y se publicitó como el mayor de toda Europa, como 'una actuación de nuevo rico que tiene que ver con la Ciudad de las Artes y la Fórmula 1', afirmó, según recogió Europa Press.

El recuerdo de los grandes eventos es una constante en las reivindicaciones por los servicios públicos. Las grandes inversiones en acontecimientos deportivos que han marcado la política del PP se sienten ahora como una ofensa ante las carencias en sanidad o educación.

En el aire de todas las protestas flota, además, un temor: que después de las eleccio-nes la Generalitat acometa grandes recortes económicos que afecten todavía más a la sanidad y a la educación. El 30 de abril, un comentario del conseller d'Economia, Gerardo Camps, que evitó descartar despidos en empresas públicas a partir del día 22, avivó el debate sobre la posibilidad de que la Administración acometa una reducción de personal no funcionario. Desde el Govern valenciano se suceden los mensajes tranquilizadores y se afirma que no está previsto hacer grandes ajustes en los servicios públicos. Pero basta con echar un vistazo a los retrasos en el pago a proveedores, de años en algunos casos, para comprobar las estrecheces que en estos momentos atraviesa la Generalitat.