Los tribunales cercan una vez más a Unió Democràtica de Catalunya (UDC) y cargan de argumentos al Tripartito, especialmente al PSC, para desgastar a la oposición. Y es que a los casos Turisme, Treball y el inminente Pallerols podría unirse, en breve, una trama de financiación ilegal cuyo volumen minimiza los escándalos a los que, hasta ahora, se había vinculado a la formación democratacristiana.

La Fiscalía General del Estado investiga los indicios que ha reunido la de Barcelona antes de decidir si debe llevarlos a un juez. Los primeros datos, adelantados ayer por El Periódico, apuntan a que la trama tenía su origen en una red de facturas falsas generadas en torno al grupo empresarial IMS.

Estas empresas lograban adelantos de bancos y, para afrontar la deuda, emitían nuevas facturas falsas que generaron una pelota financiera de más de diez millones de euros con 16 entidades y con el Institut Català de Finances, que reclama 727.000 euros. En esta red figuraba la Fundació Catalunya i Territori, relacionada con UDC.

El PSC ya anunció ayer que llevará el caso al Parlament, a través de comparecencias de ex altos cargos de CiU y no descartó citar a declarar al ex conseller de Economia Francesc Homs y a Artur Mas como ex conseller en cap.

Su portavoz adjunto en el Parlament, Joan Ferran, pidió a Duran 'dar la cara' ante un tema que 'afecta a la financiación de un partido político de forma muy clara y notoria'. ICV, un día más, se unió a su petición de que Unió explique sus desencuentros con la Justicia y pidió las comparecencias de Duran y Mas.

Mientras Josep Antoni Duran i Lleida, que admitió: 'ya me han jodido', lamentaba su 'completa indefensión' ante la Fiscalía. Se prestó a colaborar con la Justicia, expresaba 'tranquilidad' e insistía en la presunción de inocencia.

Si de la investigación se derivan imputaciones a aforados, el caso podría acabar en el Supremo o en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.