El Congreso ha aprobado, por amplia mayoría, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, una ley reclamada desde años y que por fin se ha materializado. La ley llega de la mano del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, que hemos trabajado con la voluntad política de conseguir que saliera adelante. Es cierto que la ley llega tarde, pero ese retraso se debe simplemente a la falta de voluntad de gobiernos anteriores para sacarla adelante. Se han perdido unos años muy importantes, y eso nos coloca en un retraso notable con otros respecto a otros países de la UE, y nos obliga a un esfuerzo mayor.

En septiembre de 2019, y a iniciativa de Unidas Podemos, el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad la Declaración de Emergencia Climática en España. Aquella unanimidad hoy es imposible: ha irrumpido en España una extrema derecha negacionista, también del cambio climático, que hace bandera del discurso antiecologista de Trump. Este cambio en el paisaje político es un toque de alarma que debe ponernos en guardia a quienes defendemos una acción decidida contra el cambio climático, por su voto y porque arrastra hacia ese pozo al Partido Popular.

La Ley de Cambio Climático es una herramienta imprescindible y esperada desde hace largo tiempo, que establece un marco normativo imprescindible para dar seguridad jurídica que facilite la necesaria inversión para la transición ecológica. Se marca como objetivo la descarbonización total en el año 2050, estableciendo objetivos intermedios en 2030. Se estima que puede movilizar inversiones del orden de 200.000 millones de euros, y crear más de 300.000 empleos. Estamos hablando por tanto de un importante impulso inversor que generará miles de empleos netos.

Nuestro país gasta anualmente 50.000 millones de euros en importar productos petrolíferos. En la actualidad tenemos un sistema energético dependiente en un 73% de la importación de hidrocarburos. No tenemos petróleo, pero tenemos sol y tenemos viento. Precisamente la Ley del Clima lo que hace es establecer una hoja de ruta para reducir, hasta eliminar, esa dependencia del petróleo hasta alcanzar un escenario basado al 100% en las energías renovables.

Hace tan sólo unos años un escenario 100% renovables parecía un sueño. Hoy es ley. Sólo por esto ya merecía la pena el esfuerzo para sacar adelante la ley de cambio climático.

Pero además incluye acciones valientes como la de dejar los combustibles fósiles bajo tierra, desechando definitivamente su explotación, o la prohibición de la minería del uranio, que acabará con proyectos como el de la mina de uranio de Salamanca.

El sector en el que más aumentan las emisiones en la actualidad es el transporte. Casi el 30% de las emisiones de gases españolas proceden de ese sector. Por ello la ley aborda su electrificación progresiva, estableciendo una red de puntos de recarga, así como un impulso al ferrocarril. También se adopta un compromiso para una ley de movilidad sostenible.

Recientemente Madrid Central ha sido noticia, al ser anulado por el Tribunal Supremo. La nueva ley obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a establecer Zonas de Bajas Emisiones, lo cual paradójicamente debe dar la vuelta a ese abandono que podría haber sufrido Madrid Central.

Son muchas más las iniciativas que se pondrán en marcha gracias a esa Ley de Cambio Climático. Merece la pena leerla con tranquilidad para valorar en su justa medida los múltiples cambios que traerá a nuestras vidas. Se trata de una de esas leyes que marcan una legislatura, y cuya importancia transciende el momento en que fue aprobada.

Pero esta ley no es el final de nada, sino el comienzo. Ahora queda la parte más complicada que es ponerla en marcha. Desarrollar las medidas que contempla, y asegurar que los objetivos se cumplen. Para ello es imprescindible la implicación de otras administraciones: Comunidad Autónomas y Ayuntamientos. Comienza ahora el camino para que todo lo que se propone, se convierta en realidad.