Es probable que a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se le haya congelado la sonrisa cuando le informaron de que la homofobia que "está en la cabeza de la izquierda" campaba a sus anchas en Chueca, uno de los barrios más emblemáticos de Madrid, símbolo de la defensa de los derechos y libertades de las personas LGTBI. Lo hacía, además, portando banderas nazis y preconstitucionales mientras gritaba "Fuera sidosos", "Fuera maricas",... y un largo etcétera de consignas homófobas y xenófobas, sobre todo, contra los menores migrantes a los que Vox -y el PP con su alianza con los ultraderechistas- han puesto en la diana a base de fakes.

Porque el problema más grave, insisto, lo tenemos en los parlamentos, ayuntamientos, asambleas e instituciones en las que la extrema derecha machista, xenófoba, homófoba, tránsfoba o racista se sienta cómodamente con el respaldo de millones de votos.

Confieso que mi primera reacción fue de enfado e impotencia al ver que semejante aberración de marcha se estaba produciendo en el centro de Madrid con la aquiescencia de la Delegación de Gobierno, que es quien autoriza o prohíbe manifestaciones en base al artículo 21 de la Constitución:

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

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2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. 

Me resultaba inconcebible que pese a las advertencias de los expertos en grupos de ultraderecha, esta manifestación se estuviera celebrando en una "democracia plena" y escoltada por agentes de uniforme para garantizar su seguridad y la de las zonas por las que se paseaban graznando sus berridos. La policía garantizando la seguridad de quienes piden la desaparición de colectivos que no encajan en su perfil, de unos neonazis que hacen ostentación de ello.

Posteriormente, sin embargo, dándole vueltas y tras escuchar este domingo al constitucionalista Joaquín Urías en los informativos de la Ser, llegué a la conclusión de que la manifestación no podía (ni debía) prohibirse. No podía, digo, porque la Constitución es muy clara al respecto y no existía razón fundada alguna para sospechar actos violentos, más allá de las consignas que puedan ser consideradas delitos de odio y para cuyo estudio el Ministerio de Igualdad ya las va a poner en manos de la Fiscalía. Efectivamente, la denuncia debe hacerse si se considera que hay delito, una vez cometido éste, pero la manifestación no puede prohibirse para evitar un delito de odio por muy seguros y seguras de que estemos de que los nazis no lanzan flores al aire: no es una cuestión de convencimientos sino de hechos. Por mucho que nos desagraden, hemos de estar muy vigilantes con el recorte de libertades, que es lo que buscan precisamente los nazis y todos sus hermanos de extrema derecha.

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¿Imaginan lo que haría un Gobierno de PP y Vox -en absoluto imposible- con este precedente? Lo imaginan seguro porque cuando el PP gobernó en solitario, nos dio ejemplos muy ilustrativos de su concepto del derecho de reunión, sin ir más lejos, durante la aporreada simulación de referéndum en Catalunya en 2017. No, prohibir las manifestaciones de forma preventiva sin que esté constatada su violencia no es el camino; prohibir que incluso los nazis tengan libertad de expresión, tampoco. Denunciarlos con las pruebas en la mano y en la cámara del móvil, sí, y que caiga sobre ellos tanta ley como odio destilan sus cerebros.

La cuestión urgente ahora es preguntarnos cómo estamos llegando hasta aquí, por qué asistimos a una exhibición de fuerza por las calles de ultraderechistas, nazis, fascistas, franquistas y otros desechos humanos; qué les hace sentirse poderosos para invadir Chueca con tanta basura a cuestas. Ésa es la cuestión, no tiene que ver solo con Vox y el PP, que también, y no se resuelve prohibiendo por precaución, sino educando, señalando, denunciando, rebatiendo y aislando con claridad rotunda a quien criminaliza y excluye negando derechos y diversidad. Todos ellos y ellas, por cierto, muy bien financiados, como hemos contado en Público.