Una juez de Mataró (Barcelona), Lucía Avilés, titular del juzgado de lo penal número 2, ha elevado una petición al Gobierno para que reforme y tipifique en el Código Penal la violencia económica (el impago de la pensión de los hijos por parte de un padre a la madre, por ejemplo) como violencia de género. El paso dado por Avilés es de gran importancia, puesto que elevaría a categoría penal lo que hasta ahora tiene consideración administrativa. Por ejemplo, en Baleares, la ley de igualdad autonómica (Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres. Título V, Cap. I, Art. 65) ya considera violencia machista el impago de la pensión alimenticia a los hijos por parte del padre: "c) Violencia económica, que incluye la privación intencionada, y no justificada legalmente, de recursos para el bienestar físico o psicológico de las mujeres y de sus hijas y sus hijos o la discriminación en la disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la convivencia de pareja".

La petición de la magistrada de Mataró ha llegado en pleno puente del 12 de Octubre, por lo que su trascendencia ha pasado bastante desapercibida. Que la violencia que supone sustraer a la madre los recursos con los que garantizar el bienestar de sus hijos e hijas sea considerada violencia machista en el Código Penal es un salto cualitativo que un Ejecutivo progresista no debe ignorar en la lucha contra esta pandemia, tal y como definió la ONU estos ataques contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Que un maltratador es capaz de asesinar a sus propios hijos por hacer el máximo daño posible a la madre, desgraciadamente, es un hecho confirmado demasiadas veces: se llama violencia vicaria. La cuestión, ahora, no es asumir que solo el asesinato y/o el rapto de hijas e hijos son crímenes machistas, sino que el intento de alterar su bienestar hurtándoles recursos económicos para que sufra la madre, que es quien tiene que suplir esa carencia y no siempre puede, también.

Cuando en 2016, Público decidió informar del embargo que la Justicia había decretado sobre el sueldo que Eduardo Inda cobraba en La Sexta por no pasar la pensión alimenticia a sus hijos, fuimos criticadas no solo por el propio Inda, que además, se querelló contra esta plumilla (y perdió, aunque nos obligó a afrontar un proceso judicial), entonces directora del periódico. Las críticas vinieron también de medios de comunicación, periodistas y tertulianos de todo espectro ideológico por meternos en la "vida privada" del director de OK Diario. No les oculto que también en Público tuvimos debate sobre si sacar la información adelante o no, una vez contrastada su veracidad, pero decidimos seguir adelante, precisamente, amparándonos en el razonamiento de varias fuentes judiciales, en la misma línea que la juez Avilés, que consideraban el comportamiento de Inda "violencia machista", así como la citada legislación autonómica de Baleares o de Catalunya.

Se ha hecho mucho contra la violencia machista y -a la vista diaria de los informativos está- queda mucho por hacer, denunciar, estudiar y legislar. La violencia económica contra los hijos para provocar el sufrimiento de las madres es uno de los puntos que conviene integrar cuanto antes en el Código Penal. Como informó la propia magistrada de Mataró en la nota que hizo pública el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) el pasado viernes, citando datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, un 11,5% de mujeres mayores de 16 años ha sufrido violencia económica.

El medio de Inda ha recibido más de 300.000 euros en tres años de instituciones públicas controladas por el PP