Nuestros países se están enfrentando y se enfrentarán a múltiples crisis, que van desde el envejecimiento de la población y la cronificación de los problemas de salud, hasta la crisis ecológica, pasando por la crisis de salud mental y la crisis de los cuidados, las crecientes desigualdades que fracturan nuestra sociedad o el aumento de las tensiones internacionales. Esta policrisis es el resultado de haber llevado nuestras vidas, nuestras sociedades y nuestro planeta más allá de sus límites, impulsados a veces por la búsqueda de un crecimiento infinito que sabemos es imposible de alcanzar.

Hay dos grandes bienes públicos globales que están siendo gravemente afectados por esta situación y que son fundamentales para asegurar vidas dignas y sociedades saludables. Por un lado, la salud global. La pandemia de COVID-19 nos dejó claro que "nadie está a salvo si no estamos todos a salvo": los virus no entienden de fronteras ni saben leer los tratados internacionales. Algo que, desgraciadamente, seguramente tendremos ocasión de comprobarlo en próximas pandemias.

Como resultado de esta experiencia, la OMS propuso en 2021 la firma de un Tratado Internacional de Pandemias para poder actuar de forma más rápida y coordinada. Este acuerdo debería ser aprobado en la Asamblea Mundial de la Salud que tendrá lugar este próximo mes de mayo tras tres años de negociación. Sin embargo, estamos aún lejos de alcanzar un acuerdo aceptable para todos, lo que supondría un fracaso global y una oportunidad única perdida. Los países del Norte Global, y especialmente los de la Unión Europea ya que el Presidente del Consejo Europeo Charles Michel fue uno de los impulsores de la propuesta, debemos dar un paso adelante para alcanzar un Tratado de Pandemias ambicioso, justo y, sobre todo, generoso con los países del Sur Global. Un tratado que nos proteja a todos, y no sólo a unos pocos, cuando vengan nuevas situaciones pandémicas.

El segundo bien global es la salud planetaria, la capacidad de nuestro planeta para regenerarse y sostener una vida digna para la mayoría de la población, amenazada por el cambio climático y la crisis de biodiversidad. No hay personas sanas en un planeta enfermo y cuidar la salud de nuestro planeta supone llevar a la práctica el compromiso global alcanzado en la COP con un abandono rápido, justo y ordenado de los combustibles fósiles. Frente a estas crisis solapadas y estas amenazas a los bienes públicos globales que sostienen la vida, ha llegado el momento de que nuestros gobiernos coloquen como máxima prioridad de su actuación política el bienestar de las personas, los animales y el propio planeta, hoy y durante las próximas generaciones. Es una visión ambiciosa que requiere repensar nuestras sociedades y cambios sostenidos en el tiempo, pero podemos empezar impulsando dos ideas.

En el ámbito de la salud pública, existe el concepto de "salud en todas las políticas", que implica evaluar cada política pública en función de su impacto en la salud de la población. El Ministerio de Sanidad está firmemente comprometido a promover legislativamente esta evaluación, de manera similar a como actualmente se lleva a cabo la evaluación ambiental. Sin embargo, quizás no debamos limitarnos únicamente a la salud, que tantas veces acaba atrapada en los estrechos márgenes de la ausencia de enfermedad, sino que debemos considerar el bienestar integral de las personas y su dependencia medioambiental. Por eso, deberíamos empezar a plantear un nuevo marco que permita evaluar todas las políticas públicas en función de su impacto en el bienestar, un marco que podríamos llamar "bienestar en todas las políticas".

La consecuencia es obvia. Si queremos impulsar el marco "bienestar en todas las políticas" debemos saber cómo cuantificar o medir ese bienestar. "Lo que no se define no se puede medir y lo que no se puede medir no se puede mejorar" dijo el físico inglés Lord Kelvin. Por eso necesitamos indicadores unificados, consensuados y comprensibles para medir el bienestar personal, social y ambiental. El Producto Interno Bruto (PIB) no puede seguir siendo el único indicador de actividad económica y progreso. Sabemos que el PIB deja fuera aspectos fundamentales como el trabajo de cuidados, fundamentalmente llevado a cabo por mujeres, la protección del medio ambiente y otras actividades imprescindibles para el bienestar de las personas. En este siglo XXI a punto de cumplir su primer cuarto, los Gobiernos debemos trabajar para definir y acordar un indicador único de bienestar, que nos permita evaluar adecuadamente el impacto de nuestras políticas públicas más allá del crecimiento económico.