El Tribunal Supremo de Brasil imputa a Bolsonaro por intento de golpe de Estado
En caso de ser declarado culpable en un eventual juicio, el expresidente brasileño podría enfrentarse a una pena de prisión de hasta 40 años.
El Tribunal Supremo de Brasil ha acordado por mayoría imputar al expresidente Jair Bolsonaro y a siete de sus colaboradores, entre ellos, exministros y militares de alto rango. La acusación se debe a los delitos de rebelión e intento de golpe de Estado presentados por la Fiscalía tras los ataques a las instituciones en Brasilia el 8 de enero de 2023, después de perder las elecciones de 2022.
El voto de los cinco magistrados de la Sala, todos ellos de perfil progresista, ha sido unánime y permitirá abrir un juicio para el que todavía no hay fecha y que Bolsonaro, líder de la extrema derecha, aguardará en libertad.
Los cargos son abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio.
"Existen pruebas razonables que sustentan la denuncia", ha afirmado el relator del caso en el Supremo, el juez Alexandre de Moraes, quien ha señalado que el expresidente brasileño "conocía, manejaba y discutía el borrador" en el que se redactó el plan golpista, en el que también ha implicado al resto de acusados.
Se trata del exministro de Justicia Anderson Torres, de los antiguos responsables de Defensa Walter Braga Netto y Paulo Nogueira; del exjefe de Gabinete de Seguridad, Augusto Heleno Ribeiro, del exdirector de Inteligencia Alexandre Ramagen; del excomandante de la Marina Almir Garnier Santos; y de quien fue su mano derecha, el coronel Mauro Cid.
En su argumentación, el juez De Moraes ha mostrado imágenes de los hechos violentos de aquel día y ha refutado la defensa de Bolsonaro que alegaba que los participantes eran personas religiosas y de edad avanzada. "No se ve ninguna Biblia". No fue aquello un "domingo en el parque", ha aseverado el relator del caso.
"La organización criminal siguió todos los pasos necesarios para deponer al Gobierno legítimamente elegido. Objetivo que, buscado con todo el empeño, no se hizo realidad por circunstancias que los denunciados no consiguieron superar: la resistencia del Ejército y medidas de excepción", ha explicado.
La intervención militar no se materializó, según el magistrado, por "la resistencia de los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea" a imponer medidas de excepción.
El propio Bolsonaro ha admitido haber discutido la aplicación de estas medidas con la cúpula militar, pero este miércoles ha reiterado que el estado de sitio y de excepción son "dispositivos constitucionales" y hablar de ellos "no es crimen".
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Después de la imputación de Bolsonaro y sus siete socios, tendrá lugar la fase de instrucción, en la que las partes han de recabar pruebas y tomar declaración a testigos, antes de que el tribunal finalmente tome una decisión. El expresidente brasileño y los otros siete sospechosos se podrían enfrentar a penas de hasta 40 años de cárcel por estos delitos, aunque la ley brasileña limita a 30 años la privación de libertad.
La Fiscalía acusó a Bolsonaro de intentar impedir de forma coordinada que se cumpliera el resultado de las presidenciales de 2022, si bien "el plan" comenzó en 2021 con otra serie de acciones y declaraciones con las que cuestionaba las decisiones de los tribunales y la limpieza del sistema electoral.
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Todo ello, culminó con una turba de centenares de seguidores del expresidente brasileño, irrumpiendo en la Plaza de los Tres Poderes, atacando y asaltando las sedes del Congreso y el Tribunal Supremo.
Asimismo, la Fiscalía ha presentado pruebas de la existencia de un plan para llevar a cabo no solo un golpe de Estado, sino también los asesinatos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el vicepresidente, Geraldo Alckmin, y el juez del Supremo, Alexandre de Moraes, en el denominado plan Puñal verde y amarillo.
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La causa también se apoya en miles de pruebas recabadas por la policía, entre ellas un borrador de decreto para declarar el estado de sitio, y en la confesión del antiguo edecán de Bolsonaro, Mauro Cid.
Antes de la audiencia judicial celebrada el pasado martes, Bolsonaro convocó un mitin frente al mar en Río de Janeiro, con la esperanza de aprovechar la menguante popularidad de Lula y presionar al Congreso para que apruebe un proyecto de ley de amnistía que lo favorezca a él y a sus partidarios encarcelados.
La manifestación, que algunos aliados sugirieron que podría atraer a más de un millón de simpatizantes, fue ampliamente considerada un fracaso después de que dos empresas de sondeos independientes descubrieran que sólo acudieron entre 20.000 y 30.000 personas.
Bolsonaro alega "persecución" judicial
Bolsonaro ha seguido el segundo día de la audiencia en el despacho de su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, y tras conocer la decisión, ha hecho una declaración a la prensa durante una hora, pero no ha aceptado preguntas.
El expresidente brasileño ha refutado los cargos que se le imputan y ha cuestionado la imparcialidad de los jueces, a los que ha acusado de tener motivaciones "personales" contra él.
De hecho, la defensa de los acusados ha tratado, sin éxito, de impugnar a tres jueces: De Moraes, por ser juez y víctima, Flávio Dino, por ser exministro de Lula y un ex rival político de Bolsonaro, y Cristiano Zanin, por haber trabajado como abogado personal de Lula.
El exgobernante también ha apuntado intereses políticos, con el supuesto objetivo de impedirle la posibilidad de volver a ser candidato en las elecciones de 2026.
Pero Bolsonaro, aunque se sigue proclamando como el candidato de la derecha, ya ha sido inhabilitado políticamente por la justicia electoral, por deslegitimar las instituciones democráticas, y no podrá participar en unas elecciones hasta 2030. "No tengo obsesión por el poder", ha sentenciado.
Los próximos pasos
Con la causa penal abierta, el juicio correrá a cargo de la Primera Sala del Supremo, que previsiblemente deberá analizar el caso en los próximos meses.
Bolsonaro pasará este trámite en libertad y solo podría ser arrestado si la corte considera que existe riesgo de fuga, de obstrucción a la justicia o de coacción de testigos.
Desde el año pasado ya pesan medidas cautelares contra el ex jefe de Estado, entre ellas la retención de su pasaporte, lo que le impidió viajar el pasado enero a la investidura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su aliado político.
De forma paralela, Bolsonaro también figura como investigado en otras causas. La Policía lo denunció el año pasado por la supuesta apropiación indebida de unas joyas, que deberían haber sido incorporadas al acervo del Estado, y por fraude en los certificados de vacunación de la covid-19.
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