Bangladesh ropa rebajas Millones de empleados precarios vuelven a las fábricas textiles en Bangladesh: jugarse la salud o perder el trabajo

La pandemia de coronavirus ha frenado inevitablemente el ritmo del fast fashion, que ha provocado pérdidas de hasta 3.500 millones de dólares solo en Bangladesh, donde es el principal motor económico. Las consecuencias de las cancelaciones de pedidos y pagos retenidos han recaído directamente sobre las trabajadoras textiles, la mayoría mujeres y muchas menores de edad. Las fábricas cerraron en marzo sin previo aviso y dejaron en la calle a más de dos millones de personas sin cobrar el salario correspondiente. Sin dinero y sin alternativa, miles de personas salieron a la calle a protestar en mitad de la pandemia.

Ante el peligro del hundimiento definitivo de la principal industria del país, el Gobierno ha autorizado la apertura de las fábricas desde finales de abril y actualmente hay más de mil en funcionamiento, pero no garantizan las medidas de seguridad ante el coronavirus. Las trabajadoras cuentan a The Guardian que se encuentran hacinadas, que la empresa no les proporciona mascarillas y que "el único cambio" es que se desinfectan las manos antes de entrar. Tienen miedo de acudir al trabajo, se sienten expuestas al virus, pero denuncian que "no hay otra opción". Ayesha exigió los equipos de protección a su superior, quien amenazó diciendo que, de no hacer ver que existe cierta normalidad, los pedidos se desviarían a otros países y perderían su trabajo. La crisis sanitaria ha agravado las vulneraciones de derechos humanos de un sector con problemas estructurales.

Desde marzo, 150.000 trabajadores no han cobrado su sueldo. Dos informes del Worker Rights Consortium (WRC) indican un aspecto clave: que las marcas de moda pagan sólo la entrega, mientras que las fábricas se hacen cargo de los costes generales y de la mano de obra. Si las empresas de ropa cancelan pedidos y se quedan varados en el puerto, o directamente no se pagan, las fábricas se quedan si liquidez. En todo caso, son los trabajadores los que se ven afectados y sin alternativa, ya que muchas veces es su único medio de subsistencia. En el rastreador Covid-19 Brand Tracker creado por el WRC se puede consultar una lista actualizada sobre las firmas que pagan o no a sus proveedores. Aunque lo hagan, la lucha por el aumento de los salarios es una constante en el sector.

En un comunicado de la campaña internacional Ropa Limpia, que aúna consumidores, sindicatos y ONG, la directora internacional Ineke Zeldenrust señala que "las marcas y los minoristas se han enriquecido gracias al trabajo mal pagado a las trabajadoras", y añade que "la incapacidad para tomar medidas significativas sobre los salarios han dejado a los trabajadores sin ahorros y sin protección". Según el último informe Salarios Dignos de la campaña Ropa Limpia, aunque el 85% de las marcas indicaba sobre papel algún compromiso para garantizar que sean suficientes para satisfacer las necesidades básicas, ninguna lo cumplía.

Las marcas nunca han revelado lo que pagan a sus trabajadores de la industria textil en las fábricas deslocalizadas en países de sur de Asia o de América Latina, donde gozan de menos impuestos y una legislación más laxa. A modo de referencia, los salarios mínimos de cada país son entre dos y cinco veces inferiores que un sueldo digno. No sólo eso, las condiciones laborales podrían tildarse de esclavitud moderna: las 75 millones de personas que trabajan en el sector se enfrentan a jornadas de entre 12 y 16 horas al día, seis o incluso siete días a la semana, son sometidas a abusos y son reprimidas cuando se organizan en sindicatos o convocan huelgas.

Mientras, la industria textil genera millones de euros anuales de beneficio para las grandes marcas a costa de los trabajadores y del medio ambiente; produce más emisiones de carbono que todos los vuelos y transportes marítimos internacionales juntos, y es la segunda industria más contaminante del planeta después del petróleo según datos de la ONU. Todo un engranaje que permite el consumo de la moda rápida; el comprar-tirar-comprar, donde cada prenda es utilizada un promedio de siete veces antes de ser desechada.

Del derrumbe de Rana Plaza a la emergencia por la covid-19

Hace siete años que en abril se conmemora el calificado como el mayor incidente de la historia de la moda: el derrumbe de una fábrica textil en Dhaka, el complejo Rana Plaza, donde confeccionaban marcas como El Corte Inglés, Primark, Benetton o Mango, entre otras. Las autoridades locales, con conocimiento del ruinoso estado de la fábrica, habían recomendado que se suspendieran todas las actividades. Los empleadores, en cambio, obligaron a los trabajadores a acudir a sus puestos bajo amenaza de despido. Al día siguiente, 1.134 mujeres fueron sepultadas y más de 2.000 personas resultaron heridas. Una tragedia que evidenció las condiciones laborales a las que estaban sometidos los trabajadores, que ganaban menos de 50 dólares al mes, así como la impunidad de las empresas. A día de hoy las víctimas siguen pidiendo justicia y compensaciones para las familias.

Los trabajadores del textil continúan reivindicando unos salarios dignos, libertad de sindicarse y el derecho a un lugar de trabajo seguro en Bangladesh, donde el 80% de las exportaciones están ligadas a esta industria. La emergencia por el coronavirus ha magnificado la precariedad: 1.150 fábricas han cerrado, más de dos millones de trabajadores han sido despedidos y no han recibido los salarios que les corresponden. Ahora se ven obligados a trabajar sin medidas de seguridad contra el coronavirus, exponiéndose al peligro de contraer la enfermedad o contagiar a sus compañeros y familiares ante amenazas de despido.

Organización y sindicalismo

Plantar cara a la industria de la moda en países como Indonesia, Camboya, Birmania o Bangladesh no es fácil. Los empleadores impiden las iniciativas de sindicalización mediante acoso sexual, despidos, listas negras y violencia física y los gobiernos actúan reprimiendo las protestas. El año pasado, 5.000 trabajadores en Bangladesh fueron despedidos por exigir subidas de salario y una sindicalista fue encarcelada. En 2014, miles de trabajadores textiles convocaron una huelga y salieron a las calles en Camboya para protestar pidiendo mayores salarios. Tras enfrentamientos con policías y militares, cuatro trabajadores fueron asesinados y una persona sigue desaparecida. Más allá de la represión, las fábricas encuentran diversas maneras de evadir el sindicalismo, como en Myanmar, donde pueden cerrar una empresa y abrir otra en tiempo récord.

El derecho a la libre sindicalización es indispensable para garantizar un salario y condiciones laborales dignas. Ante esta coyuntura, sindicatos de todo el sureste asiático se reunieron el pasado mes de abril en la 1º Conferencia Internacional del sector textil en Sri Lanka promovida por la Confederación Internacional del Trabajo (ICL-CIT). En la conferencia participaron sindicatos de América Latina y Europa, entre ellos CNT a nivel estatal, con el fin de crear alianzas desde el apoyo mutuo y la solidaridad internacional y abrir vías de negociación con las multinacionales. Se marcaron líneas comunes de actuación; formas de organización; cómo coordinarse entre los trabajadores ante las subcontrataciones; la lucha por los salarios dignos o la seguridad laboral, y estrategias ante el acoso sexual y la violencia que sufren las trabajadoras, tanto dentro como fuera del puesto de trabajo.