La derecha peruana intentó impedir la presentación del informe anual de Amnistía Internacional. No lo consiguió. Un informe presentado el martes por la noche a nivel mundial que denuncia graves violaciones a los derechos humanos en Perú, en concreto, la muerte de manifestantes por los disparos de las fuerzas de seguridad y algunas detenciones arbitrarias.

El distrito peruano de Miraflores, administrado por la ultraderecha que gobierna junto a Dina Boluarte, ordenó el cierre del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), un espacio de memoria y reflexión sobre el conflicto armado interno de los años 80 y 90 y las violaciones a los derechos humanos. 

El informe de Amnistía Internacional

El informe de Amnistía, cuya presentación se quiso impedir, denuncia "el uso ilegítimo de la fuerza", que incluye disparos con armamento de guerra contra los manifestantes que protestan para echar a la presidenta y pedir el adelanto de elecciones. Desde que estallaron las protestas, 49 manifestantes han muerto por disparos de militares. El total de fallecidos asciende a 67.

Además, hay más de 1.000 heridos, muchos de ellos por armas de fuego. Las autoridades del Gobierno peruano han respaldado a las fuerzas de seguridad acusadas de disparar contra los manifestantes. Desde Amnistía han definido la represión gubernamental como "crímenes contra el derecho internacional" y han denunciado que tiene "un sesgo racista". La mayoría de las víctimas son de poblaciones andinas, quechuas y aymaras.

"La situación de los derechos humanos en Perú es muy preocupante. El sesgo racista en la represión ha sido decisivo. La impunidad es una de las principales preocupaciones. Hay muchos muertos en las protestas y no hay nadie detenido por eso. Pedimos que se investigue a toda la cadena de mando. Si no se da justicia en el Perú, acudiremos a instancias internacionales", señaló Marina Navarro, directora ejecutiva del movimiento global en Perú.

La izquierda ha planteado en el Congreso la destitución de Boluarte por la represión a las protestas. Este jueves se debatirá si se admite iniciar el proceso de destitución de la presidenta, para lo que se necesitan 52 votos de los 130 congresistas, un objetivo difícil en un Congreso dominado por la derecha. Si se alcanzan esos votos, Boluarte tendrá que ir al Congreso a responder por los muertos durante la represión. Pero el apoyo que tiene de la derecha y la ultraderecha la blindan de una posible destitución, para lo que se requieren 87 votos.

El intento de censura

El imprevisto cierre del LUM buscaba impedir la presentación del informe de Amnistía, pero es una decisión que va más allá de eso. Desde la derecha se quiere terminar con este importante espacio de memoria abierto en 2015, donde se recuerda la violencia del Estado y de los grupos armados Sendero Luminoso y MRTA entre 1980 y 2000. Violencia que dejó cerca de 70.000 muertos.

La derecha buscaba ocultar las matanzas de comunidades campesinas, los secuestros, las torturas, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones producidas por la violencia estatal. Como parte de ese propósito apuntan al cierre del LUM, que presenta de una forma equilibrada la historia completa.

La decisión de cerrar el LUM la tomó el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, distrito donde se ubica el museo, en una construcción financiada por el Gobierno alemán que se encuentra en los acantilados frente al mar. Canales, del partido de ultraderecha Renovación Popular, quiso restarle importancia a este cierre diciendo que era temporal por la falta de actualización de un certificado de seguridad de las instalaciones, el que está en trámite.

Esta decisión está en la línea de lo anunciado por su jefe político, el alcalde provincial de Lima, Rafael López Aliaga, presidente de Renovación Popular y excandidato presidencial. Al asumir como alcalde en enero, López Aliaga, conocido como Porky, amenazó cerrar el LUM, o entregarlo a las fuerzas armadas para que ellas cuenten "su historia" del conflicto armado interno. "Basta ya de estos muesos de memoria y reconciliación", dijo López Aliaga. Una afirmación dada como una orden para el alcalde de Miraflores, miembro de su partido.

Abusivo e ilegal

Manuel Burga, director del LUM, ha calificado su cierre como "abusivo e ilegal". Ha señalado que ellos cumplen con las normas de seguridad y que está en trámite la renovación del certificado que exige la municipalidad. A su vez, ha denunciado que para justificar el cierre, el distrito les cuestiona "cosas como que la alarma de humo está de manera vertical y debe estar horizontal, o que una escalera tiene muchos pasos". El Ministerio de Cultura, del cual depende el LUM, emitió un comunicado respaldando la decisión municipal de cerrarlo.

En declaraciones al diario Página12, Gloria Cano, directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), señaló que la falta de un certificado municipal "ha sido un pretexto para el cierre del LUM cuando se iba a presentar el informe de Amnistía, que es contundente sobre las violaciones a los derechos humanos en el país". Advirtió que el objetivo es que el LUM desaparezca. "La derecha que está gobernando con Boluarte se siente empoderada y por eso atropella el LUM. Están en el ánimo de obstruir la misión del museo, que es mantener la memoria. La intención es el cierre definitivo del museo".