El periodista Pablo González, colaborador de varios medios, entre ellos Público, lleva más de 16 meses encarcelado en la prisión de Radom (Polonia). Está acusado por Polonia de espiar a favor de Rusia, aunque a día de hoy no se han hecho públicas pruebas que lo sustenten y tampoco se ha celebrado un juicio.

Tras su detención, pocos días después de la invasión de Ucrania, ni las autoridades europeas ni las españolas se han pronunciado de forma contundente sobre un caso que amenaza la libertad de prensa en tiempos de guerra.

Ante este silencio, los europarlamentarios de los grupos The Left (GUE/NGL) y The Greens (EFA) han promovido junto a los familiares de González la jornada Journalism is not a crime! (¡El periodismo no es un crimen!), en Bruselas. El evento se celebrará este martes, 4 de julio, en el Parlamento Europeo y consistirá de dos charlas y una ronda de contactos entre familiares del periodista y diferentes eurodiputados.

En el evento participarán los parlamentarios y organizadores Miguel Urbán, de Anticapitalistas, Ana Miranda, de BNG y Pernando Barrera, de EHBildu. En la primera charla, titulada 'La situación del periodismo global ante el auge reaccionario', estarán presentes los periodistas David Lazkanoiturburu, del diario Gara, y Javier Sáenz Munilla, además de Lola Onieva, del Grupo de apoyo a Pablo González Madrid.

La segunda mesa, 'El caso de Pablo González', se abordarán los entresijos del encarcelamiento del periodista, de la mano de Oihana Goiriena, esposa del periodista preso, Urbán, Barrena, el fotoperiodista Juan Teixeira y Cristina Ridruejo, también del Grupo de apoyo #FreePablo. Se espera, asimismo, que a las jornadas acudan eurodiputados del grupo Socialists & Democrats (S&D), de Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) y no adscritos.

"El objetivo es justamente hacer llegar el caso a Europa", explica Urban. El parlamentario denuncia el profundo desconocimiento que existe sobre la situación de Pablo González en las instancias europeas. Un diagnóstico con el que coinciden los familiares y colegas del periodista consultados por Público.

"El caso es poco conocido en Bruselas debido al hostigamiento del gobierno ultraderechista de Polonia, en forma de falta de recursos procesales de libertad o de presunción de inocencia [hacia Pablo González]", desgrana Urbán.

Desde su detención, el 28 de febrero de 2022, apenas tres eurodiputados han realizado preguntas sobre el caso en el Parlamento Europeo. Además de Pernando Barrena, fueron Manu Pineda, de Izquierda Unida, e Idoia Villanueva Ruiz, de Podemos, quienes pidieron respuestas a la Comisión en relación con la detención del periodista y la vulneración de sus derechos fundamentales en la prisión.

Con el evento buscan "poner el foco en Pablo" y promover una mayor implicación del Parlamento Europeo en exigir a Polonia que respete los derechos procesales básicos, que tanto familiares como defensa creen que no se están cumpliendo.

"Se han conseguido avances, pero lo importante está por venir", afirma Oihana Goiriena. Principalmente, "que no se alargue la prisión preventiva más allá de lo estrictamente necesario" y "que se permitan más visitas y llamadas con sus hijos".

Sin la presentación de pruebas ni fecha de juicio, Pablo González permanece encarcelado desde febrero de 2022, cuando fue detenido en la frontera de Polonia con Ucrania mientras cubría la crisis migratoria desatada tras la invasión rusa.

Desde entonces, pasa 23 horas diarias en una celda, informa Goiriena, quien denuncia que sólo le han permitido dos visitas. La primera, nueve meses después de su detención, el 21 de noviembre de 2022. La segunda, el pasado 16 de junio.

"Físicamente lo vi algo mejor que la vez anterior, pero está bastante desanimado porque ve que sigue igual, aún sin cargos ni pruebas, y que esto puede alargarse porque nadie está presionando [a Polonia]", relata para Público su esposa.

 De momento, la justicia polaca ha prorrogado la prisión preventiva de González en cinco ocasiones, cada tres meses. 

En el actual contexto bélico, Urbán cree que España está siendo laxa con el Gobierno polaco, en manos del partido nacionalista y ultraconservador Ley y Justicia (PiS) desde el 2015. "Hemos pasado de condenar a Polonia por ser el primer país europeo en prohibir el aborto y declarar zonas libres de homosexuales, a que Sánchez se haga fotos con Andrzej Duda (Presidente polaco) y alabe su posición con Ucrania", denuncia el europarlamentario.

Pedro Sánchez, jefe del Ejecutivo español, en una visita a Polonia en julio del año pasado, aclaró que el caso de Pablo González "está en manos polacas" y solicitó respeto "al estado de derecho y la justicia polaca", en la misma medida que lo reclama para la justicia española.

Por su parte, José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, declaró en febrero de este año en el programa de televisión Al Rojo Vivo (La Sexta), que Pablo González se encontraba "asistido", que se respetaban sus derechos y se cumplían los plazos legales. Su homólogo polaco, Zbigniew Rau, afirmó en mayo que el juicio de Pablo González sería "relativamente pronto".

Más allá de estas declaraciones públicas, la familia del periodista denuncia que la interlocución con el Gobierno español ha sido inexistente.