Con una pala, Jaime de Jesús Arango remueve más que tierra en el cementerio Las Mercedes. Cuando levanta pequeñas cantidades de material agita uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano, mientras trata de encontrar parte de la verdad sobre los "falsos positivos".

Sus labores como sepulturero en este camposanto del municipio de Dabeiba, en el departamento de Antioquia (noroeste), varían durante las diligencias que realiza la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que en diciembre de 2019 inició allí varias excavaciones tras recibir declaraciones de miembros del Ejército que reconocieron haber participado en estas ejecuciones extrajudiciales y desvelaron el lugar de las fosas.

"Es un trabajo diferente; acá no hay un familiar y no se sabe dónde quedó el doliente (difunto)", dice a Efe Arango, durante la cuarta jornada de exhumaciones y búsqueda de "falsos positivos", jóvenes, sobre todo de zonas humildes, llevados por el Ejército bajo promesas de trabajo y ejecutados para ser presentados como guerrilleros a sus superiores, y de esta forma obtener permisos, premios y otros beneficios.

Un cementerio convertido en fosa común

Arango explica que él y once personas más, la mayoría vecinos de Dabeiba, se dedican a excavar en puntos señalados por los forenses de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP en ese cementerio convertido en una enorme fosa común. Así lo muestran los escalofriantes hallazgos: 80 cuerpos han sido recuperados hasta el momento.

Esa escuadra de trabajadores, vestidos de verde, con picos, palas y carretillas, recibe la señal y entra a remover o a tapar, en un trabajo en equipo integrado por tres expertas forenses -antropóloga, odontóloga y psicóloga-, un topógrafo, un fotógrafo, un fiscal y algunos magistrados.

"La gente pregunta, pero uno no puede decir nada; no sabemos nada de (la identidad de los) cuerpos porque eso no nos pertenece a nosotros. No sabemos cuántos cuerpos hay en cada fosa", comenta el sepulturero, mientras un dron merodea haciendo imágenes aéreas para registrar las fosas y crear un mapa 3D del cementerio.

Intervención "casi arqueológica"

Un Cristo resucitado, ángeles y una cruz dan la bienvenida a los visitantes de este pueblo. Una capilla en la mitad, pequeñas cruces esparcidas, pálidas lápidas y otras coloridas, flores... Todos elementos comunes de un camposanto hasta que aparecen cintas amarillas y personal vestido de blanco moviéndose por áreas delimitadas con pinzas, brochas y otras herramientas.

En esa escena lúgubre sobresalen al fondo casas que cuelgan de una ladera pronunciada. Desde allí vigilan algunos vecinos y suena música vallenata a todo volumen como si fuera un sabotaje a las rigurosas labores judiciales.

La misma banda sonora que acompañó la entrega de los restos, en febrero del 2020, de la primera víctima identificada: Edison Alexander Lezcano Hurtado, un campesino y padre de tres hijos que tenía 23 años en 2002 cuando fue asesinado por el Ejército.

Durante las primeras diligencias en Dabeiba, expertos de Medicina Legal tomaron 150 muestras de ADN e hicieron entrevistas para cotejar las informaciones con los cuerpos exhumados. Ese proceso de recolección del material genético fue clave para la identificación y entrega de cinco víctimas a sus familiares.

En una de las fosas encontradas sobresalen 18 pequeñas banderas verdes y anaranjadas. Unas señalan restos con un "contexto funerario normal", mientras que las otras marcan, según la evaluación de los forenses, lo que no corresponde a un enterramiento realizado por una familia. No hay mortaja, restos de ataúd.

Identifican patrones

En la cuarta diligencia forense, realizada entre el 6 y el 13 de marzo, los forenses dieron con los restos de nueve personas, que se suman a los 80 cuerpos recuperados en este camposanto en Antioquia durante 15 meses de inspección, como parte del Caso 3 de la JEP.

En esta ocasión localizaron junto a los restos exhumados un pantalón de camuflaje. En otra fosa, el hallazgo incluyó una gorra militar juntos a los restos de un posible "falso positivo", que yacía sobre un entierro legal, en el que se ve un cuerpo en mejores condiciones y con ropa.

Durante su trabajo, la JEP encontró cuerpos en bolsas negras, desnudos, con heridas de arma de fuego en la cabeza, totalmente fragmentados. Unos aparecen con prendas militares y otros, amarrados de manos, pies y cuello, en estado de total indefensión.

"Se repiten los patrones", detalla el magistrado de la JEP Alejandro Ramelli, quien ordenó las exhumaciones en Las Mercedes cuando un militar reveló su participación en inhumaciones ilegales en Dabeiba. Abrió una "Caja de Pandora".

La JEP, creada por el acuerdo de paz de 2016 con las FARC para investigar crímenes cometidos durante más de 50 años de conflicto armado, elevó en febrero a 6.402 el número de "falsos positivos", concentrándose la mayoría de ejecuciones entre 2002 y 2008. "Hay un fenómeno macrocriminal inaceptable", afirma el togado.

Comienzo de una verdad

"La Puerta de Urabá", como es llamada Dabeiba, es uno de los territorios donde la guerra no tuvo piedad con ninguno de sus protagonistas. "Si hay un sitio emblemático del conflicto armado es Dabeiba", asegura Ramelli.

Situada en los límites de la estratégica región agroindustrial de Urabá, allí operaron varios frentes del Bloque José María Córdova de las FARC que se disputaban el control de esos territorios con paramilitares y con el Ejército.

Pese a esas huellas de la guerra, el alcalde de Dabeiba, Leyton Urrego, espera que no sean estigmatizados ni visibilizados únicamente por las fosas y la violencia. Quiere que sean recordados como un "pueblo pacífico que no busca venganzas", pero "quiere saber la verdad".

Mientras la JEP busca respuestas en Las Mercedes, los niños juegan en sus bicicletas en el parque principal de un territorio donde conviven actualmente exguerrilleros de las FARC, exparamilitares, población afro e indígenas, pero en especial, víctimas.

"Nosotros perdonamos, pero es muy difícil olvidar", dice a Efe el alcalde, y relata que la guerrilla no solo lo tiroteó años atrás, sino que además asesinó a su hermano y a la madre de sus hijos.

A su vez, el padre Carlos Arturo Sánchez, nombrado recientemente párroco de la iglesia encargada de la administración del cementerio, califica a las intervenciones de la JEP como una "obra grande y admirable" que una vez termine permitirá iniciar un "proceso de perdón y reconciliación" entre una comunidad que "permanece unida", pese a la violencia