El subtítulo del informe de Human Rights Watch sobre Colombia es el mismo clamor del Comité Nacional de Paro (huelga): "Urge una reforma policial para prevenir futuros abusos".

El informe, dado a conocer este miércoles 9 de junio en Washington, confirma que la policía colombiana ha cometido "abusos gravísimos" contra manifestantes, en el marco de la huelga cívica que se mantiene desde el 28 de abril.

"Human Rights Watch ha documentado numerosas muertes cometidas directamente por policías, así como violentas golpizas, abusos sexuales y detenciones arbitrarias de manifestantes y transeúntes", indicó la organización.

"Las violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía en Colombia no son incidentes aislados de agentes indisciplinados, sino el resultado de fallas estructurales profundas", precisó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

Para el defensor de derechos humanos, lo que ocurre es que la policía colombiana "está fuera de control".

Peritos consultados por HRW dictaminaron que "la evidencia visual" sugiere
"que se está utilizando munición real" (de uso prohibido contra manifestaciones) y que esta "ha causado la muerte de personas, que presentan lesiones típicas o consistentes con heridas de bala". Además, los peritos indicaron que las armas antimotines como gases lacrimógenos y proyectiles "de impacto cinético" (que no contiene ningún tipo de carga explosiva) "se están utilizando de forma indebida, causando la muerte y lesiones graves, incluidos los traumatismos oculares que provocan la pérdida de visión".

HRW verificó el asesinato de 68 personas desde el 28 de abril, de las cuales 34 ocurrieron en el contexto de las protestas, incluidos dos policías y un funcionario de la policía judicial (CTI por sus siglas) que estaba vestido de civil y disparando contra la gente y que fue linchado por la multitud.

De los 31 casos civiles, al menos en 20 la evidencia sugiere que fueron cometidos por la policía. De estos 20 asesinados, en 16 casos la autoría es atribuible a la policía mediante armas de fuego. "Los tiros de las armas fueron directamente al tórax o a la cabeza de la persona, lo cual también sugiere que los policías habrían disparado a matar", precisó Vivanco. Los otros cuatro homicidios, también de responsabilidad policial, se debieron a golpizas brutales o al impacto de gases lacrimógenos en la cabeza.

La fiscalía solamente ha imputado a un policía que respondió a tiros una patada de un chico y lo asesinó mientras este corría. El caso es incontestable gracias a los videos tomados por la ciudadanía, pero hay muchos más.

Para este 9 de junio se espera la imputación de cargos contra un mayor de la policía por el caso de Santiago Andrés Murillo, asesinado en el central departamento del Tolima.

HRW también documenta dos casos de violencia sexual por parte de la policía, 14 casos de agresión sexual y otros 71 casos de violencia basada en género, que incluyen bofetadas e insultos basados en género.

Sobre las golpizas violentas, documentó una muestra de 17. Una de las víctimas, Elvis Vivas, de 24 años, murió en un hospital en Madrid, población dormitorio al occidente de Bogotá.

En cuanto a las detenciones arbitrarias, la policía se basa en una norma centrada en la discrecionalidad y en el capricho de los policías y que "les permite detener a cualquier persona", advirtió Vivanco. No se trata de personas que estén cometiendo delitos flagrantes: puede ser un manifestantes pacífico, incluidos periodistas. Más de 6 mil personas han sido objeto de ese tipo de detención, denunció.

El día 8 fueron detenidos en Barranquilla dos periodistas porque grababan un encargo profesional para el canal Ruptly sin llevar distintivos de prensa. En otros casos, en otras ciudades, los periodistas han sido atacados por llevar estos distintivos. Al respecto, Fabiola León, representante de Reporteros Sin Fronteras en Colombia, precisó a Público que "de los 260 casos reportados se logra establecer un patrón de agresión permanente contra los periodistas a pesar de estar plenamente identificados o gritar prensa".

En cuanto al record de la justicia, en materia de abuso policial "realmente es muy pobre", dijo Vivanco: hay una sola sentencia que fue dictada en enero de 2021, después de más de 15 años de investigación, en el caso de Nicolás Neira, entonces de 15 años de edad, que sufrió una golpiza por el ESMAD en la manifestación del 1 de Mayo en 2005, en pleno centro de Bogotá.

Otra recomendación del informe, dirigida también al gobierno, es acabar con la jurisdicción penal militar para los casos de abuso policial, lo que "contribuiría a disminuir el ciclo de impunidad". La justicia penal militar también necesita una reforma "urgente", subrayó Vivanco, a fin de incrementar las posibilidades de justicia y transparencia frente a estos casos policiales.

El 8 de septiembre de 2020 en Bogotá, unos policías mataron a golpes al abogado Javier Ordoñez, lo que desató protestas. A continuación, la policía mató a 13 personas más esa misma noche en otros puntos de la capital, usando armas de fuego.

El presidente Duque se hizo fotografiar con un chaleco policial al día siguiente del asesinato de Ordoñez. El caso ha avanzado judicialmente porque los perpetradores no tuvieron más remedio que reconocer que mataron a este padre de familia.

De resto, de cien investigaciones abiertas, apenas hay cinco en juicio y en dos hay acusación formal de parte de la Fiscalía. El rendimiento de la justicia cuando se trata de investigar abusos policiales es muy pobre, no solo cuando se trata de la justicia penal militar (…) también por la lentitud de la justicia ordinaria, señaló Vivanco.

No existe ninguna sanción disciplinaria de la procuraduría (ministerio público en Colombia) ni siquiera por los crímenes de 2020, y menos aún por los de ahora.

La respuesta violenta de los manifestantes se da en el 19% de las protestas; también ha habido bloqueos que, cuando son permanentes, afectan la atención médica y el suministro de alimentos a las grandes ciudades.

Pero "la gran mayoría de bloqueos son de carácter intermitente", advirtió Vivanco: si la fuerza publica pretende ponerle fin a estas barricadas, debe hacerlo no contra cualquiera, sino solo contra los bloqueos que causan gran perturbación y además priorizando el diálogo.

Duque propuso una reforma policial que cambia de verde a azul el color del uniforme policial, y crea una subsecretaría de seguridad ciudadana dentro del Ministerio de Defensa. HRW va bastante más allá: la reforma debe ser estructural. "Colombia es el único país de América Latina donde la policía está bajo el control del Ministerio de Defensa", a lo Vivanco atribuye que la fuerza policial actúe con la lógica del conflicto armado, de una doctrina de guerra.

HRW solicita la suspensión del uso del Venom, un arma antidisturbios que no se había usado en América Latina hasta ahora: puede lanzar 30 proyectiles simultáneos de bombas lacrimógenas y aturdidoras, entre otros. Esta arma, "por definición, es indiscriminada", dijo Vivanco. Además, en Colombia "muchas veces" la disparan "desde el suelo y no desde el tope de la tanqueta, que es como lo recomienda el fabricante", reiteró Vivanco sus denuncia durante estas semanas en Twitter.

Esta arma aparentemente ha provocado la muerte de tres jóvenes, que el informe documenta con sus nombres. "No hay claridad aun al respecto", dijo el defensor de derechos humanos de origen chileno, pero esta arma "podría estar involucrada". Por el tipo de heridas, no hay duda de que murieron a raíz del impacto de un gas lacrimógeno.

Público preguntó en la rueda de prensa por la doctrina que podría estar detrás de este comportamiento brutal y extendido, más aun si se tiene en cuenta que la policía de Colombia entrena a otras policías de América Latina.

"No creo que tengamos información precisa sobre la doctrina. Al contrario, sabemos que la policía colombiana y la chilena involucran cursos de derechos humanos. Pero estos cursos sirven de poco si no se involucran prácticas concretas", fue la respuesta de Vivanco, que considera que se trata de un asunto de falta de disciplina y de controles.

Eso sí, "cuando la policía colombiana elabora informes de inteligencia sobre protestas, genera la impresión de que están lidiando casi (con situaciones) de conflicto armado. Asumen una serie de presupuestos como parte de una teoría conspirativa", señaló.

A continuación, mencionó el grave hecho que muestran también muchos vídeos ciudadanos y de periodistas, de policías apoyados por civiles armados que disparan armas de fuego amparándose en la fuerza pública. "Este es un hecho de la mayor gravedad", advirtió Vivanco, y que merece un pronunciamiento de Duque.

Respecto a la posible doctrina militar que puede estar detrás de todo este comportamiento, Gimena Sánchez-Garzoli, directora para los Andes en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), expresó en declaraciones a Público que "vemos con mucha preocupación que los EE.UU., que han entrenado la policía en Colombia, y son el donante más grande de seguridad al país, esté tan silencioso frente a los abusos alarmantes que se están cometiendo en este país".

"En vez de ser silenciosos, deberían congelar la asistencia de seguridad hasta que haya una reforma real de la policía y justicia en los casos de abusos cometidos en 2019, 2020 y 2021 en el marco de protestas", añadió Sánchez-Garzoli, encargada de liderar la incidencia para la defensa de los derechos humanos en Colombia.

La representante de WOLA fue más allá: "Adicionalmente se debería congelar la venta de armamentos de control de protestas al ESMAD por parte de compañías privadas estadounidenses hasta que se desmantele el ESMAD y se sustituya por una fuerza que respete los derechos humanos".