La Corte Suprema de Panamá declara inconstitucional el contrato minero que desató protestas en el país

La Corte Suprema de Panamá declaró este martes como inconstitucional el contrato que renovaba la concesión de explotación de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica. Esta es una decisión con la que se espera poner fin a una crisis nacional y a abrir un frente de resolución de conflictos internacionales por parte de la concesionaria, la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM).

Por unanimidad, el pleno de nueve magistrados encabezado por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López Arias, declaró la inconstitucionalidad en respuesta a dos recursos presentados contra la Ley 406, aprobada el pasado 20 de octubre por el Parlamento unicameral y el Ejecutivo del presidente Laurentino Cortizo, y que contiene el contrato.

"Los magistrados y magistradas que integramos el pleno hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la Ley 406", declaró López Arias, acompañada por el resto del pleno en una declaración emitida en directo. "Esto significa que la ley queda eliminada del sistema normativo que rige en el país", agregó la magistrada al anunciar el fallo después de cuatro días de deliberaciones.

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"Aprovechamos la oportunidad para enviarle un mensaje de felicitación a los panameños, con ocasión de conmemorarse hoy 200 años de independencia, que dios bendiga a Panamá", planteó López Arias en referencia a la celebración este 28 de noviembre de los 202 años de la declaración de independencia de España por parte del país latinoamericano.

La Ley 406 regula la explotación de la mina Cobre Panamá, una inversión de alrededor de 9.106 millones de euros, según la empresa Minera Panamá, que exporta mineral sobre todo al mercado chino y fue construida en el corazón del Corredor Biológico Centroamericano, causando daños irreparables al ecosistema, de acuerdo con los grupos ambientalistas que llevan años luchando contra el enclave.

Como consecuencia del resultado del proceso judicial, el Gobierno tendrá que ordenar el cese de operaciones en la mina, que no es lo mismo que su cierre, un proceso que durará años, según los expertos.

El presidente acatará el fallo

Laurentino Cortizo, presidente de Panamá, ha reaccionado al fallo del máximo órgano judicial subrayando que acatará la orden. "Como presidente de la República, siempre respetuoso de la separación de los poderes del Estado y de nuestra Constitución, recibo y acato la decisión de la Corte Suprema de Justicia, expresada en su fallo de hoy, sobre la Ley 406 del contrato minero", afirmó en un breve comunicado.

"Reitero al país mi total convicción sobre el valor de la justicia como columna vertebral de la democracia", concluyó Cortizo, muy criticado por la velocidad con la que fue aprobada esta ley: apenas tres días. La canadiense FQM ya ha avisado de que presentará dos demandas contra Panamá ante el Centro internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, bajo el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá. El gobierno de Cortizo ha asegurado estar listo para defender al Estado.

Protestas históricas

La canadiense FQM argumenta que la mina genera 50.000 empleos, aporta un 5% del PBI y que el contrato incluye el pago de regalías anuales por más de 340 millones de euros, diez veces más que el acuerdo inicial.

La mina produce desde 2019 unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre anuales, que representan el 75% de las exportaciones panameñas. Además, tiene unos 2.500 proveedores en el país que le venden mercancías por unos 820 millones de euros anuales. Los ambientalistas denuncian que la mina daña severamente el medioambiente por estar en un corredor biológico que conecta a Centroamérica y México.

Se espera que esta decisión de la Corte panameña ponga fin a la crisis desatada por la aprobación exprés del contrato ley por parte del Parlamento y el Gobierno, que dejó cuatro muertos, un paro docente que dejó sin clases en el último mes a cerca de 800.000 estudiantes y un descalabro económico.

Después del anuncio de inconstitucionalidad de la ley, se desataron celebraciones de un grupo de manifestantes que pasaron toda la noche fuera del edificio de la Corte Suprema. "¡Esta patria no se vende, esta patria se defiende!", cantaba un grupo de profesores, que están en huelga desde el 23 de octubre. El Ministerio de Educación informó que a 17.495 docentes de todo el país se les congeló el salario correspondiente a la segunda quincena de noviembre por declararse en huelga indefinida.

Más de 1.300 personas fueron detenidas por la Policía Nacional desde el inicio de las manifestaciones en contra de la Ley 406. El movimiento estalló el 20 de octubre, cuando el Congreso aprobó el contrato firmado por el gobierno y FQM para operar durante 40 años en una mina de cobre a cielo abierto en el Caribe panameño. El contrato fue rubricado en agosto por el gobierno y la compañía canadiense, después de que en 2017 la Corte Suprema declarara inconstitucional el acuerdo original de 1997.