Euroórdenes, detenciones, castigos y deportaciones: la UE saca la mano de hierro con el asilo
Las ONG critican que la normativa desencadenará detenciones arbitrarias y expulsiones en cadena hacia países inseguros.
Bruselas--Actualizado a
Retornos forzados a países terceros que no guardan ninguna conexión con la persona migrante; detenciones más largas; auge de las deportaciones; medidas punitivas para aquellas personas que no cooperen con las autoridades; prohibiciones de entrada a la UE. Cuando se cumplen los 100 días de su segundo mandato, la Comisión Von der Leyen propone una nueva normativa de retornos que endurece todavía más los procedimientos de asilo.
Las ONG y partidos políticos como Los Verdes acusan al Ejecutivo comunitario de asumir el discurso de la Europa fortaleza que abanderó la extrema derecha hace años pero que ha fagocitado crecientemente a formaciones y gobiernos.
La gran novedad que introduce la nueva normativa es que abre la puerta a expulsar a países terceros a las personas a las que se les haya rechazado la solicitud de asilo. La Comisión Europea se dispone a establecer el marco legal, es decir, el umbral mínimo. Pero después son los Estados miembros los que deberán cerrar acuerdos con otros países para llevar a cabo estas deportaciones.
En la era global donde abunda la expulsión de migrantes, desde Estados Unidos hasta el Reino Unido o Italia, Bruselas intenta edulcorar su mano dura. Asegura que su estrategia es distinta porque solo afectará a aquellas personas que ya han recibido una orden para abandonar el suelo europeo. Alude también que excluirá a familias y menores.
Los funcionarios europeos insisten en que el doble objetivo es "respetar los derechos individuales y hacer eficiente el sistema de asilo". Subrayan que toda ley deberá respetar los derechos fundamentales y ser "viable tanto desde el punto de vista legal como operativo". Bruselas quiere alejarse de la etiqueta de la vía Albania, tejida por la ultra italiana Giorgia Meloni para externalizar el asilo.
Un método que ha recibido varios varapalos de la Justicia. La actual propuesta europea pone las primeras piedras para caminar hacia ese modelo. Fuentes comunitarias reconocen que no se descarta nada para en el futuro continuar cerrando el paso a la "inmigración ilegal".
Las ONG denuncian que la normativa derivará en detenciones arbitrarias automáticas y en deportaciones en cadena hacia países inseguros en los que no están garantizados el respeto de los derechos humanos ni del derecho internacional. "Esta nueva propuesta busca intensificar la obsesión de la UE con las deportaciones, aplicando un enfoque discriminatorio y punitivo a cualquier persona en situación irregular. No se contemplan medidas que puedan fomentar verdaderamente la inclusión social y la regularización. En cambio, es probable que haya más personas encerradas en centros de detención de migrantes en toda Europa, familias separadas y personas enviadas a países que ni siquiera conocen", denuncia Silvia Carta, miembro de la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados (PICUM, por sus siglas en inglés).
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En Bruselas llevan meses, e incluso años, buscando "soluciones innovadoras" para frenar la llegada y permanencia de personas irregulares. En 2018, los europeos intentaron sin éxito establecer plataformas de desembarco para enviar fuera de sus fronteras a los solicitantes de asilo, pero la medida fracasó y cayó en saco roto debido al rechazo tajante de los países africanos.
"Poner en orden la casa europea"
El objetivo claro es acelerar los retornos no tanto voluntarios, sino forzosos. Por ejemplo, si la persona no abandona el país en el plazo establecido o se marcha a otro Estado miembro, se le someterá a un retorno forzoso y afrontará castigos como la prohibición de entrada a la UE.
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"Al convertirse el retorno forzoso en un instrumento creíble, aumentan aún más los incentivos para los retornos voluntarios, lo que deja claro que lo mejor para ellos es regresar voluntariamente", recoge el texto presentado en Estrasburgo.
En los pasillos de poder de la capital comunitaria se escudan en que solo el 20% de las personas que agotan sus cauces legales y cuentan con una orden para abandonar el bloque comunitario la cumplen. "Cuando las personas que no tienen derecho de permanecer en la UE se quedan, eso daña la credibilidad de nuestro sistema de asilo (...) El retorno debe ser la prioridad (...) Tenemos que ser mucho más firmes frente a la inmigración ilegal. Hay que poner orden en la casa europea", ha defendido en rueda de prensa la vicepresidenta Henna Virkkunen.
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Castigos y euroórdenes
Más allá de los centros externos, la regulación que ha visto este martes la luz introduce medidas punitivas como la prohibición de hasta diez años para aquellos migrantes que entrañen riesgos para la seguridad y sanciones financieras así como reducción de la asistencia financiera para aquellos que no cooperen con las autoridades.
PICUM critica que "refuerce la falsa suposición de que todas las personas que no son elegibles para el asilo deben ser deportadas inmediatamente, lo que dificulta que las personas accedan a permisos por otros motivos, incluidos los permisos humanitarios, familiares y de trabajo".
Establece, además, una euroorden de retorno para que la información del proceso de asilo sea compartida en tiempo real entre los 27 Estados miembros. Así, si una persona con orden de regreso se traslada a otro país del bloque, este estará obligado a ejecutar la expulsión.
Los tiempos máximos de detención pasan de 18 a 24 meses, incluyendo a menores, pudiendo extenderse bajo mandato de un juez si este considera que existe un riesgo para la seguridad. En caso de avistar "riesgo de fuga", la Comisión Europea amenaza con reducir o denegar las prestaciones sociales o incautar documentos de identidad.
Otra de las grandes incógnitas es qué pasará después. Todavía hay muchos flecos sueltos sobre el tiempo límite que una persona podría permanecer detenida en un país tercero y qué pasará una vez lo agote. Los Verdes han advertido de que existe el riesgo de que se queden presas en un limbo legal.
"En lugar de trabajar por un sistema de retorno seguro, justo y eficiente, la Comisión está dispuesta a dejar de lado los derechos humanos en favor de complacer a los populistas. Siguiendo el ejemplo del fallido acuerdo entre el Reino Unido y Ruanda, los Estados miembros podrán deportar a personas a países con los que tengan un acuerdo, independientemente de si las personas implicadas tienen algún vínculo con ese país o de si en última instancia podrán regresar a su país de origen", afea Tineke Strik, eurodiputada del grupo ecologista.
La normativa también genera resistencias entre las filas socialdemócratas y liberales, lo que anticipa unas negociaciones complejas para sacarla adelante.
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