La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen, imputada hasta ahora por abuso de confianza por la presunta contratación ilícita de asistentes parlamentarios en la Eurocámara, fue acusada hoy por los jueces instructores de malversación de fondos públicos.

Según la emisora France Info, Le Pen declaró esta mañana en el Palacio de Justicia de París por este sumario abierto en diciembre de 2016, tras una denuncia presentada por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

Los investigadores sospechan que los asistentes parlamentarios de Le Pen y de otros eurodiputados de su partido, pagados por la cámara comunitaria, trabajaban en realidad para la formación política que dirige.

El nuevo delito que se le reprocha es más grave, ya que está penado con hasta a diez años de prisión y un millón de euros de multa, frente a los tres años de cárcel y 375.000 euros como máximo para el abuso de confianza.

La líder ultraderechista, imputada desde junio de 2017 en este caso, se negó hoy a responder a las cuestiones de los jueces, con el argumento de que el caso está pendiente de un recurso que presentó ante el Supremo, que se pronunciará el próximo 27 de noviembre.

En declaraciones a France Info, Le Pen defendió su inocencia y aseguró que "la autoridad judicial no puede ser el árbitro" de la política de un país.

Los magistrados que instruyen esta causa, en la que están imputadas una quincena de personas, ordenaron el pasado junio embargar 2 millones de euros al partido de Le Pen, como garantía en caso de condena, una cifra que fue rebajada a la mitad por el Tribunal de Apelación de París.

El llamado caso de los asistentes parlamentarios no es el único que tiene abierto en la justicia francesa la líder de la extrema derecha. Los jueces estudian la financiación de campañas electorales de 2012 y 2015.

Además, la presidenta de la Agrupación Nacional (RN en sus siglas en francés) está siendo investigada por haber publicado en Twitter fotos de ejecuciones del grupo terrorista Estado Islámico (EI).