El continente europeo resiste como mejor puede los envites de la crisis económica derivada del coronavirus y acentuada por la guerra de Ucrania. Desde que Putin decidió iniciar el conflicto bélico, la escalada de precios de los productos de primera necesidad no ha cesado, los procesos productivos se han entorpecido por la interrupción del transporte y los precios de los combustibles no han dejado de subir.

Europa se enfrenta a unos niveles de inflación desorbitados que no se prevé que decrezcan, al menos a corto plazo. Los politólogos estiman que la guerra entre Ucrania y Rusia durará varios años, si todo continúa según lo previsto, y los economistas prevén un incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC) paulatino. 

En este contexto, uno de los peores temores de los gobiernos europeos amenaza a las principales potencias de la Unión Europea. Rusia ha anunciado esta mañana el corte del suministro del gas a Alemania, alegando problemas técnicos. El cierre del gasoducto Nord Stream se prevé que dure unos 11 días, pero el Gobierno alemán, de acuerdo con lo que ha explicado el ministro de Economía, Robert Habeck, sospecha que la situación pueda alargarse indefinidamente.

Por el conducto ya circulaba menos del 40% del potencial que puede transportarse hasta el centro del continente, como consecuencia de las sanciones rusas a los países que han apoyado a Kiev. "La estrategia es evidente: crear desconcierto y hacer subir los precios", ha explicado el vicecanciller alemán, que ha advertido de que si el corte del suministro es definitivo, Alemania se encontraría en una situación de emergencia.

La crisis energética más grave desde la Segunda Guerra Mundial

Rusia es el tercer exportador de petróleo del mundo y un suministrador principal de gas natural. La Unión Europea importa el 90% del gas que consume siendo el 50% procedente de Rusia.

En los últimos meses, Alemania ha conseguido reducir el consumo del gas ruso de un 55% a un 35%. Pero todavía falta mucho para que el país germano pueda desligarse del suministro del Kremlin. Al mismo tiempo, tanto el hegemón europeo como el resto de países se enfrentan al desafío de ser coherentes con sus políticas energéticas mientras se protege de los ataques de Putin. Es decir, reducir la dependencia del gas ruso y la energía nuclear y seguir impulsando la transición energética.

En España, esta misma semana el Partido Popular le ha trasladado a Pedro Sánchez su desacuerdo con el plan de desmantelamiento de las centrales nucleares. El partido presidido por Alberto Núñez Feijoo pide que España apueste por la autonomía energética. El Ministerio para la Transición Ecológica dirigido por Teresa Rodríguez asegura, por su parte, que lo hará, pero apostando por energías verdes. 

El Gobierno de Sánchez trabaja ya en el plan de emergencia ante el corte del gas por parte de Rusia que ha de presentar a Bruselas, que luego armonizará los de todos los países y establecerá qué medidas de solidaridad se pueden poner en marcha para asistir a los Estados más afectados. En este sentido, España está intentando recaudar todo el gas que puede. Así, en el mes de junio, la importación de gas ruso ha superado al argelino (24,4% frente al 21,6%) para poder ayudar en esa suerte de compensación.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas francés, Bruno Le Maire, considera que el corte total de gas ruso a Europa es "la opción más probable".  "Creo que la interrupción total del suministro de gas desde Rusia es una posibilidad real y debemos prepararnos para esta opción", ha hecho saber Le Maire.

El dirigente ha secundado las medidas preventivas impulsadas desde el Gobierno alemán para fomentar el ahorro, la eficiencia energética y concienciar a la población sobre el consumo de agua caliente y de electricidad.

En Italia, Mario Draghi ha promulgado un plan que bajará la calefacción dos grados, reducirá la iluminación nocturna y cerrará antes las oficinas publicas, entre otras medidas. Una decisión que llega justo en un momento en el que Rusia también ha reducido un tercio el gas que le llega a Italia.

Los técnicos temen que la desestabilización de las economías alemana e italiana se extienda al resto de regiones de la Unión. Los mandatarios apuestan por redirigir las políticas energéticas hacia otros proveedores.