El empresario Rubén Cherres, uno de los implicados en la presunta trama de corrupción en empresas públicas de Ecuador que originó el juicio político planteado contra el presidente, Guillermo Lasso, fue hallado este viernes muerto y con aparentes signos de violencia en un inmueble junto a otras tres personas.

La identidad de Cherres, un personaje cercano al oficialismo, fue confirmada por la Policía Nacional de Ecuador tras analizar las huellas dactilares de los cuerpos hallados en una vivienda del municipio de Punta Blanca, en la costera provincia de Santa Elena.

Tanto el cuerpo de Cherres, de 63 años, como el de las otras tres personas, entre ellas dos hombres y una mujer, se encontraban maniatados y con impactos de bala, según informó la Fiscalía. El ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó que los cuatro presentaban signos de tortura. Sobre el empresario pesaba una orden de detención emitida el 21 de enero.

Cherres figuraba entre los implicados en un presunto entramado de corrupción en empresas públicas que investiga la Fiscalía y donde también aparece Danilo Carrera, cuñado de Lasso, además de figurar en un informe de una investigación policial donde se le realizó un seguimiento por presuntos vínculos con el narcotráfico. Además, pesaba contra él una orden de detención emitida el 21 de enero.

La voz atribuida a este empresario se escuchaba en varios de los audios que difundió el medio digital La Posta para desvelar la presunta trama de corrupción que operaba en empresas públicas del sector eléctrico y petrolero del país dedicada supuestamente a colocar allegados en la administración pública y conseguir contrataciones.

El caso se denominó en un inicio "El Gran Padrino", por la presencia como supuesto líder del entramado del cuñado del presidente, y luego pasó a denominarse como caso Encuentro, cuando la Fiscalía abrió una investigación al respecto.

Más tarde, el nombre de Cherres volvió a salir a la palestra en un informe de la Policía Antidrogas difundido también por La Posta donde figuraba entre un grupo de personas a las que los agentes le hacían un seguimiento con el objetivo de desarticular una posible red de narcotráfico.

Fruto de las interceptaciones telefónicas realizadas en el marco de esa investigación se desveló la vinculación que Cherres había tenido con la campaña presidencial de Guillermo Lasso en 2021.

Ambos casos fueron tomados por la oposición, que tiene mayoría en el Parlamento del país, para iniciar el procedimiento de juicio político al jefe de Estado, al considerar que supuestamente tenía conocimiento de la presunta trama corrupta.

Algunos sectores de la oposición también creen que existen indicios de que Lasso supuestamente protegió a Cherres de la investigación que le realizaba la Policía al ordenar, según ellos, que se archivase la indagación.

Así, la oposición, que encabeza el correísmo, activó el proceso de juicio político contra Lasso por los presuntos delitos de concusión y malversación de fondos públicos.

Sin embargo, al ser revisada por la Corte Constitucional, este tribunal no aprobó el miércoles la acusación por concusión y solo dejó la de peculado, referente a unos presuntos contratos irregulares que se firmaron en 2018 y 2020 en la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), antes de que Lasso llegase al poder.

El juicio político ha sido rechazado de pleno por Lasso, que reivindica su inocencia y acusa a la oposición de intentar un "golpe de Estado parlamentario", con un proceso que, según el presidente, está lleno de pruebas falsas y "huele muy mal".