"Si no hay financiación de muerte, no hay proyectos de muerte". Genaro Graciano es contundente. Miembro del colectivo Ríos Vivos, este defensor de los derechos humanos lleva años de lucha contra Hidroituango, el megaproyecto hidroeléctrico que construye Empresas Públicas de Medellín (EPM) en el río Cauca y que cuenta con inversiones e implicaciones de varias empresas españolas. Cuando finalicen las obras (ya se ha superado el plazo inicial previsto, finales de 2018), será una de las represas de mayor tamaño de América Latina y la primera de Colombia, donde aportará el 17% de la energía eléctrica. En un acto recientemente celebrado en Bilbao, Graciano explicó cómo están intentando contactar con todos los organismos financiadores para contarles de primera mano los impactos humanos, sociales y ambientales, así como los despojos y violencias que está generando la construcción.

Está previsto que la represa cuente con un muro de 225 metros de altura, que embalse 2.700 millones de metros cúbicos de agua, que se extienda durante 79 kilómetros de largo por 560 metros de ancho y que inunde 4.550 hectáreas de bosque seco tropical, un ecosistema en peligro. Afecta así a 27 municipios de cuatro departamentos y a unas 500.000 personas aguas abajo.

"Íbamos a ver desarrollo y solo vemos violencia"; "los ríos son para la vida, no para la muerte"; "cuando cortan un río cortan todo un territorio"; "nos han quitado todo, hasta el miedo". Son las algunas sentencias que dejaron a su paso por la capital vizcaína tanto Graciano como Milena Florez, también defensora de Ríos Vivos. Los dos han pasado una temporada en España como parte de sendos proyectos de protección a personas cuyas vidas corren peligro por su lucha en defensa de los derechos humanos.

En un papel cuadriculado del que no se separa durante su presentación, Florez tiene anotados los nombres de las compañías transnacionales que están apoyando de algún modo Hidroituango, muchas de ellas a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): Siemens, Munich RE, Hannover RE, Kaeser Compresores, BBVA, Banco Santander, BNP Paribas, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, ICBC, CDPQ, KfW- IPEX y Mapfre son los nombres que aparecen en la hoja junto con palabras como 'amenazas', 'revictimización' y 'desplazamientos'.

Los dos activistas colombianos destacan el trabajo de incidencia que están haciendo, solicitando reuniones con algunas de estas entidades. De momento, Isabel Zuleta, también integrante de Ríos Vivos, ha estado de gira en Canadá, donde ha tenido varios encuentros con algunos inversores. Además Graciano y Florez se han reunido con BNP Paribas y KFW Ipex, y el colectivo ha comparecido también en el Parlamento Europeo, en el Parlamento alemán (organismo que remitió una carta al presidente de Colombia, Iván Duque, para pedir que el Gobierno garantice la vida y la integridad de los integrantes de Ríos Vivos) y en el Parlamento Vasco (este organismo también escribió a Duque en tono similar). La visita a Bilbao sirvió para señalar al BBVA como "el único banco europeo" que no ha recibido a Graciano y Florez.

Financiación escondida

Ante las preguntas de Público, la primera respuesta que ofreció la entidad financiera con sede en Bilbao desvinculaba a la compañía con el proyecto hidroeléctrico: "BBVA ha participado en operaciones con EPM en Colombia, prestando recursos que nos han demandado para su operación. Sin embargo, los desembolsos que se han realizado no han sido de forma específica para financiar Hidroituango; las colocaciones se han dado para proyectos generales de dicha empresa".

Pero el portal electrónico de la firma, en el apartado 'Financiación Responsable de Proyectos', sí refleja expresamente que en 2012 se financió la hidroeléctrica, a la que califican de "energía renovable". Ante una segunda petición de información dadas las contradicciones, fuentes del BBVA reconfirmaron que no han hecho "desembolsos para financiar Hidroituango".

Solo a la tercera rectificaron las respuestas previas: "BBVA participó en un préstamo corporativo a la empresa EPM en el año 2012 que ha tenido diferentes desembolsos a lo largo del tiempo. A pesar de tratarse de una operación corporativa, el uso de estos fondos estaba destinado al proyecto de la presa de Hidroituango. La concesión de ese préstamo se hizo conforme a los estándares recogidos en los Principios de Ecuador que el banco aplica desde 2004". Lo que aún no ha aclarado la entidad financiera pese a la insistencia es la cantidad invertida.

"Con el BBVA estamos sorprendidas e indignadas por su dilatado silencio y por su falta de interés en comparación con BNP Paribas y Kfw-IPEX, que han recibido al movimiento Ríos Vivos y se han comprometido. A solicitud del KfW- IPEX, el BID va a llevar a cabo una investigación por el incumplimiento de las políticas de salvaguarda social y ambiental en el caso de Hidroituango", explican a Público medio desde Mugarik Gabe, una de las organizaciones que está acompañando a los defensores. Finalmente, y tras una falta de respuesta inicial ya que la reunión se solicitó en septiembre, el BBVA recibirá a la delegación de Ríos Vivos el próximo 14 de febrero.

Por su parte, en el caso del Banco Santander se concretó una cita en Bogotá a la que los activistas no pudieron acudir porque implicaba un viaje de 15 horas en autobús, explica Florez en una entrevista telefónica. Público se ha puesto en contacto con la entidad bancaria para recabar su versión, sin haber obtenido respuesta hasta el momento. 

El papel del Banco Interamericano de Desarrollo

Las obras de la infraestructura eléctrica, que tendrá una capacidad instalada de 2.400 megavatios, han sido financiadas en gran parte por el Banco Interamericano de Desarrollo. El Grupo BID ha apoyado el proyecto a través de varios tipos de inversión, según informa Ríos Vivos: dos millones de dólares (más de 1,8 millones de euros) en cooperación técnica al Estado colombiano en 2012 y 550 millones de dólares (casi 500 millones de euros) en inversiones directas a EPM en 2016. Además, el BID maneja un paquete de inversiones en el proyecto que alcanza los 1.000 millones de dólares (907 millones de euros), con aportaciones de múltiples bancos: los ya citados KfW-IPEX (Alemania), BNP Paribas (Francia), BBVA y Banco Santander (España), ICBC (China), Sumitomo Mitsui (Japón) y CDPQ (Canadá).

El BID ha anunciado, en una "decisión histórica" según Ríos Vivos, una investigación para establecer si el Banco cumplió o no con los estándares sociales y ambientales a los que está obligado, y si hay una relación entre ello y los graves daños sufridos por las comunidades afectadas. Como confirman desde la entidad financiera supranacional a este medio, la llamada Verificación de la Observancia referente a la Planta Hidroeléctrica Ituango la realizará el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) y comenzará cuando se hayan contratado a las personas expertas. "Es la única opción que tenemos para saber la verdad", explica Milena Florez.

El BID ha accedido a realizar esta verificación tras la solicitud de 480 personas afectadas que alegan, entre otras cosas, la ausencia de una adecuada y completa evaluación de impactos ambientales y sociales, así como la situación de violencia y represalias en contra quienes han mostrado oposición al proyecto, dando cuenta de amenazas de muerte y homicidios.

Anunciada a finales del pasado mes de octubre, la decisión del BID se suma a una clara crítica por parte de la Contraloría General de la República de Colombia, que en septiembre también cuestionó el proyecto. "La gestión de la gerencia y control no solo ha incumplido los objetivos que se propuso en materia de resultados físicos y financieros, sino también los principios de eficiencia y eficacia", recoge el organismo público.

Riesgo, daños, deterioro y un precio mucho mayor son algunas de las claves que apunta la Contraloría, que incide en que es una obra muy costosa si se la compara con otras similares. "Proyectos como el de Hidroituango deben cumplir con altos estándares de diseño y construcción, dado el impacto social, ambiental y económico que producen, pero la conclusión de la Contraloría es que esto no ha sido así", recoge el comunicado de prensa emitido por este organismo.

Un pueblo humillado

"Mi pueblo era independiente (...) hoy el pueblo es humillado (...) dañaron todas sus vidas (...) afectados de Hidroituango hoy ya son damnificados". Varios textos de Genero Graciano, quien sufrió un atentado con bomba en 2013, llenan las páginas de la 'Cartilla de la memoria', un documento del Movimiento Ríos Vivos en el que se explica la lucha del pueblo contra la represa de Hidroituango. "El mismo Estado nos señala, dice que el megaproyecto es Colombia; entonces, ¿nosotros de dónde somos?", denuncia Graciano.

Hidroituango se levanta en una zona ya ampliamente golpeada por el conflicto armado que vive el país desde hace décadas. Según Ríos Vivos Antioquía, se está revictimizando a la población y está habiendo un aumento de la militarización en la zona. "Se han desplazado a más comunidades en esta zona que con el conflicto armado. Nunca habíamos visto a tanto ejército y tanta policía por aquí", denuncian los activistas. Destrucción de caminos, afecciones a casas, aguas que se profundizaban y ya no eran accesibles para la población, grandes explosiones, mucho polvo que provoca enfermedades pulmonares, desalojos forzosos sin compensación, bloqueos al movimiento de personas y pérdida de medios de vida son algunos de los impactos que relata ya por teléfono Milena Florez, quien está ahora en Barcelona, donde permanecerá hasta finales de febrero.

Ríos Vivos ha denunciado en repetidas ocasiones las amenazas, intimidaciones y violaciones de derechos que han sufrido sus integrantes, sin olvidar que seis de ellos han sido asesinados. Milena Florez recuerda cómo era su trabajo de barequera (buscadora de oro) en el río y los desalojos forzados que vivió: "Estaba amenazada y me han traído para que me relaje un poquito. Sí que sirve esta experiencia, es reconfortante". Lejos de descansar, Florez y Graciano (que estuvo por el Estado español hasta finales de noviembre) no han cesado en su trabajo de denuncia pública e incidencia.

El gran desastre de 2018

El 28 de abril de 2018 está marcado en rojo en la historia de Hidroituango, del río Cauca y de la población de la zona. Un corrimiento de tierra obstruyó los túneles de desvío del río y hubo importantes torrentes de agua que se llevaron por delante casas, puentes y la forma de vida de muchas personas. Las imágenes, que aún se mantienen vivas a través de varios vídeos subidos a YouTube, son demoledoras.

Con esta tragedia, que desplazó a más 13.000 personas y arrasó con Puerto Valdivia, quedaron patentes los fallos del proyecto y la vulnerabilidad geológica de la zona, tal y como ha corroborado la Contraloría. Además, el río ha sufrido periodos de desecación, generando problemas de acceso a la agua a la población y la muerte de miles de peces.

De hecho, el Tribunal Latinoamericano del Agua responsabilizó al Estado colombiano, a la Gobernación de Antioquia y a EPM de los daños causados, recomendando el desmantelamiento de la obra por considerar que la población se encuentra expuesta al riesgo de manera permanente. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales anunció recientemente una millonaria sanción a la empresa por haber iniciado la construcción del sistema auxiliar de desviación sin tener la modificación de la licencia ambiental necesaria.

Más empresas españolas implicadas

Las últimas informaciones indican que la filial colombiana de la aseguradora española Mapfre se hace cargo de la cobertura de los costos por la tragedia de abril de 2018. Este medio ha intentado contactar con la compañía y desde el equipo de comunicación en España derivan la cuestión al vicepresidente ejecutivo de Finanzas Corporativas, Gestión de Riesgo e Inversiones de EPM, Jorge Andrés Tabares, quien no se ha pronunciado. Milena Florez también denuncia que no han recibido respuesta de esta aseguradora para establecer una reunión.

Otra de las empresas españolas vinculadas a Hidroituango ha sido Ferrovial Agromán, a través de su filial chilena, que fue la que se encargó de inicio de la obra de dos túneles para la desviación del río Cauca. Su implicación acabó en 2013, cuando dejó el proyecto por incumplimiento, según recogen los medios colombianos. Desde la compañía aseguran que ellos concluyeron las obras y que "los túneles estuvieron operativos entre 2013 y 2018 a satisfacción del cliente" y se desliga de los túneles que colapsaron en 2018. Los medios locales también han informado de que la Fiscalía ha tenido en el punto de mira a Ferrovial, quien habría facturado 1.100 millones de euros por este trabajo, según las mismas fuentes. De hecho, una de las empresas que recogió el testigo, Camargo Correa, ha estado ligada a posibles escándalos de corrupción.

"Esta obra no es viable ni económica ni financieramente. Después de la tragedia de 2018 se van a tardar 35 años en generar ingresos. Dicen que es energía limpia y renovable a costa de la vulneración de nuestros derechos humanos y del derecho ambiental", concluye por teléfono Milena Florez.