Hace unos días las calles de Buenos Aires aparecieron plagadas de carteles contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Los carteles que aparecieron en la vía pública mostraban la imagen de la política junto a la palabra "asesina" y las frases "elegiste hacer negocios con Putin en lugar de salvar vidas" y "culpable 35.000 muertes", en referencia a la adquisición de parte del Estado nacional de las vacunas Sputnik V contra el coronavirus. Los carteles también tenían impreso un código QR que llevaba a una página web que ya fue dada de baja. De inmediato, se abrió una investigación que va dando sus frutos.

La camioneta Fiat Fiorino LGY 025, que aparece en imagen en dos de las casi 50 multas que registra, es uno de los vehículos usados para la pegada de los carteles injuriosos contra Cristina Fernández de Kirchner.

La Fiorino entró a Buenos Aires por la Autopista del Oeste, ya con los carteles cargados, y las cámaras la ubicaron después en el centro porteño. En esa zona pegaron entre 300 y 500 carteles, bien confeccionados y, muy posiblemente, impresos también en la zona Oeste.

La pegada se hizo en carteleras propiedad de las tres empresas que tienen la concesión y todo indica que los mismos que concretaron la operación luego llamaron a los medios para que tomaran imágenes y le dieran repercusión en los canales de televisión.

Los investigadores sostienen que en pocas horas van a poder establecer el lugar de impresión, porque no hay muchas imprentas que puedan hacerlo.

Por ahora, todo indica que "mano de obra barata", al estilo de barras bravas de fútbol, fueron los contratados para hacer el trabajo sucio. Habrá que ver si la justicia logra dar con quién puso en marcha la operación que claramente tuvo el objetivo de incentivar rupturas y violencias dentro del Frente de Todos. Según creen en la alianza oficialista se trata de alguien ajeno a la coalición.

La investigación judicial

El caso de los carteles ya se investiga en tres causas judiciales. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se presentó en Comodoro Py porque considera que hubo una agresión a los tres poderes del estado, es decir que se trata de un hecho de implicaciones federales. El expediente recayó en el juez Daniel Rafecas quien seguramente le dará vista al fiscal antes de pronunciarse. Por ahora, la calificación es averiguación de delito.

El ministerio público porteño, que encabeza Juan Mahiques, actuó de oficio y la causa -impulsada por el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Dalessandro- recayó en el fiscal Mauro Tereszko. En este expediente es en el que se detectaron, a través de las cámaras de seguridad, los movimientos de las dos camionetas.

El tercer expediente surge de la denuncia realizada por José Pepe Albistur, titular de Grupo Al Sur, que tiene la concesión de carteleras en la Ciudad de Buenos Aires. El empresario, muy amigo del presidente Alberto Fernández, alegará que una parte de los carteles se pegaron por encima de los impresos publicitarios de sus carteleras, pero a lo que se apunta es a delitos que de alguna manera incentivan la violencia contra la democracia.