El ‘lobby’ petrolífero ya influye en Trump: el barril vuelve a bajar de los 50 dólares

Esta semana el precio del barril de petróleo ha caído por debajo de los 50 dólares. Una cota desconocida desde diciembre pasado, cuando el mercado reaccionaba a la primera rebaja de cuotas de la OPEP desde 2008.

El uso del arma más influyente del cártel petrolífero, que supuso rebajar la oferta en 700.000 barriles diarios, hasta alcanzar un abastecimiento de entre 32,5 y 33 millones de barriles al día, surtió efecto inmediato. El crudo dejaba atrás la etapa de baja cotización y se instalaba cómodamente por encima de los 50 dólares.

Tanto en el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, como en el Brent, de donde se abastece el mercado europeo. Parecía que la reducción de hasta un 2,2% de las cuotas extractoras de los socios de la OPEP había surtido efecto. Hasta ahora.

Porque el lobby energético del petróleo estadounidense ya se ha instalado en la Casa Blanca.La maniobra de aterrizaje de la industria petrolífera americana en el Despacho Oval no es una sorpresa. Más bien al contrario. Estaba y se le esperaba.

La industria petrolífera ha transmitido varias voluntades, como la desregulación del sector o los permisos para explorar las aguas del Golfo de México, Alaska o del litoral atlántico prohibidas por Obama

Después del largo doble mandato demócrata de Barack Obama, en el que se instalaron en los aledaños del poder los grupos de presión de las energías renovables. En detrimento de la antigua industria del oro negro. Ya lo advertían institutos de investigación próximos a las filas demócratas como Think Progress desde hacía varias semanas.

En concreto, desde la confirmación de la nominación de Scott Pruitt como administrador de la EPA, la Agencia de Protección Mediambiental americana. El final de la energía limpia, titulaban su primer análisis. En el que hacían alusión a que el comité del Congreso encargado de ratificar su nominación no tuvo en cuenta los miles de e-mails secretos entre Pruitt y numerosas compañías de gas y de petróleo, en los que se dejaban palpables evidencias de que la Administración Trump va a acabar con el Plan de Energía Limpia de Obama.

En sus augurios, este think tank concedían plena credibilidad para justificar su presagio a la ausencia de cualquier mención al cambio climático de Pruitt en su primer discurso tras asumir el cargo.

El precio del crudo a ambos lados del Atlántico se dejó pérdidas diarias de algo más del 2% en los contratos de futuros. En gran medida, por el repunte de inventarios en EEUU, que alcanzaron los 8,2 millones de barriles, stocks nunca vistos desde 1982.

Este hito histórico, acumulado por varios años de incremento productivo de las firmas nacionales, ha sacado a la palestra voces como la de Harold Hamm, el multimillonario magnate del petróleo de esquisto, extraído a partir de esquistos bituminosos, mediante procesos de pirólisis, hidrogenación o disolución térmica.

Hamm no tuvo reparo alguno en avisar a la OPEP, como nadie se había atrevido en décadas, de que “podrían matar” a la industria del crudo si tratan de encarecer artificialmente el mercado. O calentar los precios. Esta modalidad de fracking por fractura hidráulica ha ido ganando predicamento en el lobby energético de combustibles fósiles.

Pero los tentáculos de la OPEP siguen siendo alargados. De forma simultánea a estos recortes y a las injuriosas palabras de Hamm, varios ministros del cártel se reunían en la CERA-Week de Houston, un foro de conferencias sobre el mercado petrolífero, junto a sus rivales norteamericanos y rusos para tratar de controlar los precios. Con o sin nuevas rebajas de cuotas.

En plena vorágine extractora de EEUU, cuya producción se ha elevado hasta 9,09 millones de barriles diarios, según admite la Administración de Información Energética americana. Y en medio de elocuentes mensajes de fondo desde, incluso, la Agencia Internacional de la Energía (AIE), como los de su director ejecutivo, Faith Birol, en la propia cita empresarial de Houston, en los que advertía de una “segunda oleada” de prospecciones de la industria del fracking americana como respuesta a posibles y futuros recortes de la OPEP. Incluso si los socios del cártel son disciplinados con sus compromisos con las cuotas.

Circunstancia que casi nunca ocurre. La AIE estima que habrá más petróleo en el mercado en 2018, no sólo por el impulso extractor de EEUU, sino porque productores ajenos a la OPEP cubrirán cualquier movimiento a la baja desde el cártel. Eso, sin contar con nuevos pozos.

Trump ha prometido “drenar la ciénaga” de las cloacas federales de grupos de presión e, incluso, ha firmado una orden ejecutiva con ciertas restricciones

Como el yacimiento convencional que acaba de descubrir Repsol en Alaska. El mayor de los últimos 30 años. El del petróleo, pues, es un lobby que ha llegado a Washington para quedarse. Al menos, cuatro años. Pero no el único. A pesar de la poco creíble promesa de Trump de “drenar la ciénaga” de grupos de presión próximos a la Casa Blanca, con la que inició su andadura presidencial, y que trasladó en una de sus órdenes ejecutivas de sus cien primeros días de gestión.

A modo de prerrogativas con mayores restricciones que las de su antecesor en algunos asuntos. Como la de que sus cargos ejecutivos no podrán realizar actividades de lobby con personal al que hayan dirigido en la Administración. O, durante cinco años, con las agencias vinculadas a sus cargos. Si bien en otros aspectos, como las puertas rotatorias, las normas tanto éticas como sancionadoras y disuasorias, son más livianas y permisivas que la regulación impuesta por Obama.

Sea como fuere, “el drenaje de la ciénaga” que transmitió Trump no parece convencer a organizaciones como Public Citizen, fundación sin ánimo de lucro, de ideología liberal y defensora de la transparencia en las relaciones entre el sector público y privado. Si se tiene en cuenta el amplio elenco de señales que ha dejado el equipo presidencial. Antes y después de sus tomas de posesión.

Un rastro -dicen- “nada oculto”, en el que se han transmitido, sin disimulo, voluntades como la desregulación a la industria petrolífera. “Hemos quedado en romper con el pasado reciente en el que se nos han impuesto más de 145 reglas y acciones ejecutivas”, afirmaba Jack Gerard, presidente del Instituto del Petróleo Americano (API), la más influyente patronal estadounidense del sector “y hacer una articulación normativa más elegante en materia energética”.

Sus interlocutores, el propio Pruitt y el rutilante nuevo secretario de Estado, Rex Tillerson, antiguo consejero delegado de Exxon Mobile. Consecuencia: los republicanos han declarado la regulación federal de la industria energética como una de las prioridades más urgentes de la Casa Blanca y del Congreso americano.

Gerard también se ha encargado de marcar en rojo otros objetivos. Entre ellos, levantar la restricción de Obama para explorar en el 94% de las aguas territoriales estadounidenses en el Golfo de México tras el enorme vertido de BP en 2010. O enterrar los intentos demócratas de bloquear las extracciones en Alaska y en la costa atlántica, desde Virginia a Maine.

Bajo la justificación de que el sector creará 800.000 empleos y elevará los ingresos de la Administración federal en 200.000 millones de dólares.En la lista de Public Citizen se hacen eco de noticias de prensa o declaraciones, veladas o no, procedentes de organismos federales o asesores de altos cargos del gabinete de Trump.

Dentro del ámbito energético, han desfilado por Washington Bud Albright, un lobista registrado, ex subsecretario de Energía, entre cuyos clientes está Calpine, firma de electricidad, o Center Point Energy, de distribución.

Al igual que Michael Catanzaro, que ha influido en la regulación sobre emisiones de metano y permisos a empresas para la exportación de crudo y que representanta al sector manufacturero y petroquímico de carburantes, Halliburton, Devon o Koch Industries. O Mike Ference, de General Motors o General Dynamics. Todos bajo la vigilante supervisión del vicepresidente Mike Pence. Pese a asumir el reto de su jefe de purgar a los lobistas. También hay representantes del mundo financiero.

Entre otros, de Paul Atkins, CEO de Patomak Global Partners, consultora de servicios de inversión para compañías, y ex comisario de la SEC, donde destacó por su lucha contra la regulación.

En un momento en el que el mandato de Trump es el de desmantelar la Dodd-Frank Act que Obama instauró en 2010 para combatir la crisis y los excesos de la banca. Además de intermediarios para desregular el sector sanitario; por supuesto, de opositores al ObamaCare.

El desfile de representantes de firmas de influencia afecta a grandes empresas, movimientos neoliberales defensores de rebajas fiscales, de la industria armamentística o contrarios a matrimonios gays

Defensores del matrimonio tradicional, como el ex secretario de Estado de Ohio, Ken Blackwell, miembro del Consejo de Investigación Familiar que se opone a la legalización del aborto y reclama subvenciones por familia numerosa. Voces de la industria armamentística, con varios generales retirados que trabajan para firmas como Cubic Corporation, contratistas del Pentágono. Y hasta lobistas de firmas de lobby. Sin descuidar a movimientos neoliberales que reclaman rebajas fiscales a particulares y empresas. A la gran empresa, para interceder en los proyectos de la US Chamber of Commerce. O de think tanks conservadores como la Heritage Foundation, que mandó a Ed Meese, ex fiscal general con Ronald Reagan o proteccionistas del comercio. Incluso de sectores amenazados por las políticas de Trump como las de energías renovables o directamente señalados, como las de Telecomunicaciones (Silicon Valley), a las que les acusa de cooperar en el supuesto, aunque y nunca documentado, espionaje de Obama en su campaña electoral.

En materia de Política Exterior, los lobbies también han emitido ciertos movimientos telúricos en las cloacas federales. El de mayor intensidad, el ruso, cuya conexión se ha llevado por delante al Asesor Nacional de Seguridad, el ex general Michael Flynn. Y que parece que también estuvo involucrado en asuntos turbios con el Gobierno de Turquía.

Los lazos de espionaje y los canales de influencia de Moscú y Ankara se aprecian en la reciente campaña electoral holandesa, donde la contabilización de los escrutinios será manual para evitar posibles boicots y se prohibió la entrada de ministros turcos para intervenir en actos públicos sobre el referéndum constitucional de este país entre la población otomana de los Países Bajos, y arrecian en las semanas previas a la primera vuelta electoral a las presidenciales en Francia.

El viraje diplomático de Trump, según la consultora de Seguridad Strarfor, propiciará un endurecimiento de posturas hacia Irán y los focos de rebelión islamista, mientras teje con Rusia, Turquía y sus aliados del Golfo Pérsico (todos rivales de Teherán), ataques más selectivos contra los grupos contrarios a Bashar al-Asad.

Y fortalecer el diálogo perdido con Israel durante el doble mandato de Obama, a través del American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), que dispone de una afiliación de más de 100.000 judíos en EEUU, 150 de ellos en permanente dedicación a interceder en la toma de decisiones de la Casa Blanca, el Congreso o los organismos federales pertinentes en favor del Eretz Israel (el Gran Israel).

El negocio del lobby en EEUU consiguió movilizar una cifra récord de 3.500 millones de dólares en 2009, aunque en 2016 se redujo hasta los 2.360 millones, en línea con la caída de lobistas

Si bien los analistas de Strarfor alertan de la “concepción cambiante” y errática de la política exterior del líder republicano. El Center for Responsive Politics (CRP), institución sin ánimo de lucro que dice no tener filiación partidista alguna, acaba de revelar los datos del negocio del lobby en EEUU en 2016. Una actividad, la de influir en la toma de decisiones de establishment americano, que ha ido en retroceso en los últimos años.

Su ejercicio récord fue en 2009, con 3.500 millones de dólares, frente a los 2.360 millones que el CRP contabilizó el pasado año. De igual modo que se han reducido su número de efectivos, que han pasado de los 14.882 de 2007 hasta los 10.882 actuales.