Cómo la orden de una gobernadora de Argentina termina tapando al violador y asesino de Anahí Benítez

El segundo juicio oral por el feminicidio y abuso sexual de Anahí Benítez, quien tenía 16 años en 2017 cuando fue drogada, violada y estrangulada en la Reserva Santa Catalina de Lomas de Zamora de Buenos Aires, está sacando a la luz hechos graves. Se conoce ahora que la entonces gobernadora de la ciudad porteña, María Eugenia Vidal, y el agente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Argentina, Julio Conte Grand, presionaron para detener a Marcos Bazán, un hombre inocente al que tuvieron preso durante casi cinco años y al que le colocaron la etiqueta violador y asesino de Benítez. La justicia de Lomas de Zamora, a pesar de conocer al verdadero culpable de los hechos –Marcelo Villalba– no quiso dar marcha atrás a la historia entramada por Vidal y Conte Grand. 

Los jueces Santiago Ariel Márquez, Daniel Julio Mazzini y Gustavo César Ramilo, del Tribunal Oral Criminal 7 de Lomas llevan adelante este segundo juicio, con Marisa Monti como fiscal. La defensa de Bazán tiene el protagonismo de la organización sin ánimo de lucro Innocence Project (IP) y su titular Manuel Garrido está al frente. IP asiste a personas presas por un delito que no cometieron, en especial a raíz de causas armadas.

La orden de Vidal para callar a los medios

La semana pasada declaró uno de los policías que realizó el allanamiento original en la casa de Bazán, previo a su detención. El efectivo contó que "desde la Gobierno de Vidal llegó la orden de detener a alguien, porque había mucho ruido en los medios". Benítez desapareció el 31 de julio de 2017. El impacto fue inmenso y los medios siguieron la búsqueda minuto a minuto.

En la urgencia por detener a alguien, comenzaron por un profesor de secundaria

En la urgencia por detener a alguien, empezaron por un profesor de secundaria, pero no había evidencia de ningún tipo para sostener la acusación. La presión era muy fuerte y Vidal quería demostrar que ella no era como sus antecesores, sobre todo, por la tenebrosa historia del asesinato de Candela Rodríguez.

La supuesta orden de "detener a alguien" fue transmitida por el fiscal de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, y por Julio Conte Grand. Ambos ya aparecieron señalados en las maniobras macristas que apuntaron a meter presos a Hugo y Pablo Moyano.

El truco del perro Bruno y la detención de Bazán

En la audiencia del lunes 13 de marzo estuvo como testigo el adiestrador de perros, Diego Tula, quien manifestó que el perro Bruno fue decisivo en la detención de Bazán. El adiestrador mostró imágenes del rastreo y dijo, a su vez, que Bruno ladraba tanto cuando el rastro era positivo como cuando resultaba negativo y que sólo él se daba cuenta de lo que el perro quería manifestar.

Al día siguiente declaró Mario Rosillo, un reconocido adiestrador al que Tula mencionó como su maestro. Rosillo tiró por tierra el rastreo de Tula. Le exhibieron el vídeo y él mismo fue deteniendo la grabación, mostrando cómo se instigó al perro.

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI), involucrada

Finalmente, también Innocence Project le pidió a los jueces la reproducción de tres audios de familiares de Benítez. Lo que se escuchó fue de alto impacto. Un agente de la AFI se conectó con ellos para trabajar en la investigación y luego ese mismo agente apareció dentro de la fiscalía dando órdenes y hasta tomando declaraciones.

Según consta en el diarioconurbano.com.ar, el agente era Fernando Chino Cornes, un habitual de los tribunales de Lomas de Zamora. Otras fuentes sostienen que el funcionario era parte del Ministerio de Seguridad que comandaba la política Patricia Bullrich.

Por qué se anuló el primer juicio

El año pasado, la Cámara de Casación de Buenos Aires, en base a un detalladísimo fallo del juez Daniel Carral, arrasó con lo resuelto en el primer juicio por la violación y asesinato de Anahí Benítez. Carral desmontó lo hecho para condenar a prisión perpetua a Bazán. Por ejemplo, analizó que los magistrados sostuvieron que el cuerpo de la joven fue ingresado en la reserva Santa Catalina de Lomas por una zona en la que había una cámara, que de ninguna manera registró ese movimiento.

Muy diferente fue la evaluación de la condena de Villalba, quien tuvo en su poder el celular de Benítez, tenía antecedentes de violencia y la prueba de ADN dejó claro quien fue el violador y el homicida. Aun así, la justicia de Lomas de Zamora –se ve que con la influencia de Vidal y de la AFI– no quisieron dar el brazo a torcer, no admitieron sus maniobras y tuvieron a Bazán casi cinco años preso. Hoy en día, al joven lo defienden hasta las organizaciones feministas y de derechos humanos.