El primer ministro portugués, el socialista António Costa, amenazó este viernes con dimitir si finalmente es refrendada la medida que reconoce que la actualización de los salarios de los profesores debe incluir casi diez años de congelación.

"La aprobación final de esta iniciativa constituiría una ruptura irreparable con el compromiso de equilibro" y "comprometería la credibilidad internacional de Portugal", dijo Costa, en una declaración institucional.

El primer ministro encabezó hoy una reunión de "emergencia" después de que este jueves el Parlamento, con apoyo de toda la oposición y sus propios socios de Gobierno, aprobara contar los casi diez años que los profesores tuvieron congelados sus salarios para actualizarlos.

Claves del conflicto

La crisis política abierta en Portugal por la amenaza de dimisión del Gobierno encabezado por el socialista António Costa es resultado de meses de conflicto entre el Ejecutivo y el colectivo de profesores.

El Gobierno sostiene que es inviable la aprobación, refrendada en una votación de comisión parlamentaria el jueves, de una ley que reconoce la antigüedad total de los profesores para actualizar sus salarios, incluidos diez años de congelación durante la crisis.

Los salarios de los profesores portugueses estuvieron congelados durante un total de 9 años, 4 meses y 2 días. Los sindicatos del sector exigen que se reconozca todo ese tiempo para actualizar ahora sus sueldos.

Esta reivindicación les ha llevado a protagonizar, desde hace más de un año, movilizaciones y huelgas para presionar al Ejecutivo, que culminaron en una gran manifestación el pasado 23 de marzo que reunió a decenas de miles de profesores en Lisboa.

Según un informe de la OCDE, el salario medio de los profesores lusos asciende a unos 2.000 euros brutos al mes al inicio de su carrera.

La posición del Gobierno socialista

El Gobierno portugués defiende que no es posible reconocer todo el tiempo de servicio por motivos presupuestarios. Las cifras sobre el impacto de la medida no están claras, aunque la última estimación del Ejecutivo apunta a unos 800 millones de euros anuales, con un efecto que empezará a sentirse de forma acentuada en 2020.

Las movilizaciones de los profesores arrancaron hace año y medio. Tras varias rondas negociadoras, que concluyeron sin éxito, el Ejecutivo decretó, el pasado octubre, una actualización salarial que reconocía sólo 2 años, 9 meses y 18 días.

Sin embargo, en noviembre de 2018 el Parlamento aprobó una modificación de la ley de los Presupuestos para obligar al Gobierno a retomar las negociaciones con los profesores. Además, un mes después, el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, vetó el decreto gubernamental para facilitar el cumplimiento de la decisión parlamentaria.

Tras nuevas negociaciones fallidas, en marzo, el Ejecutivo volvió a aprobar un decreto de forma unilateral con las mismas condiciones: reconocimiento de 2 años, 9 meses y 18 días de la antigüedad congelada.

Los socios de izquierda y la oposición de derechas, juntos en la votación

Lejos de resolver el problema, el último decreto del Gobierno motivó que varios partidos llevaran de nuevo el tema ante el Parlamento. El jueves, en la comisión de Educación, la oposición conservadora y los socios de izquierda del Ejecutivo dejaron solos a los socialistas y votaron a favor de contabilizar los más de 9 años que el salario de los docentes estuvo congelado.

La medida avanzó en su tramitación parlamentaria y queda pendiente sólo de la votación final en el pleno. Está previsto que la medida se vote de forma definitiva en el pleno del Parlamento el próximo 15 de mayo.

Tanto los socios de izquierda del Gobierno como la oposición conservadora han anunciado que mantendrán su voto a favor de la medida.

Si el Gobierno socialista no cambia de posición, Costa puede anunciar su dimisión a menos de cinco meses de las elecciones legislativas lusas y en plena campaña de los comicios europeos, que se celebrarán el 26 de mayo.